El modelo de construcción de paz en Viotá que busca ser replicado en todo el país

En 2021, la JEP hizo seguimiento a 64 TOAR en todo el país. / Cortesía Corporación Dunna

El conflicto armado en Viotá (Cundinamarca) dejó huellas de terror que, a lo largo de los años, fueron carcomiendo los sueños de miles de familias. Los frentes 22 y 42 de las extintas Farc se asentaron allí en la década de los 90, haciendo de este municipio uno de sus bastiones más importantes en la región Andina para rodear a Bogotá. Entrado el nuevo milenio y por cerca de cuatro años, las Autodefensas Campesinas del Casanare también incursionaron en esta zona e intentaron tomar el control por medio de extorsiones, asesinatos y desapariciones forzadas.

El resultado de la violencia desatada por estos dos actores armados fue un saldo de 12.903 víctimas registradas por la Unidad de Víctimas. En expedientes de la Fiscalía General de la Nación y de los mismos tribunales de Justicia y Paz quedaron documentados los casos de más de 113 personas dadas por desaparecidas, de las cuales poco o nada se supo con el paso de los años.

Aun sin conocer muchas verdades sobre sus seres queridos y tras mucho tiempo sin ser escuchados por el Estado para buscar justicia, los viotunos aprendieron a perdonar y ver la construcción de paz como el elemento central de su vida en comunidad. Cuando las antiguas Farc firmaron la paz, en 2016, la gran mayoría de los excombatientes que operaron allí se quedaron para cumplir con su proceso de reincorporación a la vida civil, de acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

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“El caso de Viotá es raro, porque lo normal en otros territorios en los que miles de personas dejaron las armas fue que los exguerrilleros se fueran a otros departamentos en los que nadie les conociera el pasado, para comenzar una vida desde cero. Sin embargo, allí decidieron encarar sus crímenes, convivir con sus vecinos de siempre a quienes tanto daño les hicieron y optaron por mostrarles que en su propia casa podían adelantar, de manera exitosa, un modelo de reconciliación colectiva”, dijo Natalia Quiñones, cofundadora de la Corporación Dunna, organización que acompaña alternativas innovadoras para la paz en varias zonas del país.

Dunna ha estado muy cerca de los procesos de diálogo y reconstrucción de tejido social en Viotá. Allí, con apoyo de la Embajada de Países Bajos, la Fundación Bolívar Davivienda, la Alcaldía y la Agencia de Cundinamarca para la Paz y la Convivencia, lograron sentar en un mismo espacio a comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de la exguerrilla con sus víctimas, miembros de la fuerza pública y otros habitantes, con el fin de adelantar ejercicios restaurativos y actividades sanadoras para la mente y el cuerpo, en aras de superar los traumas y malestares emocionales que dejó la guerra.

“Nos conocemos con ellos desde siempre. Ahora son mis vecinos y les vendo verdurita y alimento para cerdos. No olvidamos lo que nos hicieron, pero les rescatamos su arrepentimiento”, dijo una pobladora de Viotá que ha participado del proceso.

“Tenemos un equipo interdisciplinario de psicólogos, maestros de yoga, psiquiatras, politólogos, abogados, sociólogos y antropólogos que han venido trabajando con el desarrollo del programa de Viotá para generar un modelo de reconciliación que se pueda replicar a nivel nacional. Nuestros resultados allí mostraron que el 100% de los que recibieron nuestra atención tuvieron cambios significativos en confianza, reciprocidad, estigmatización y eficacia colectiva. Los ejercicios de diálogo, círculo restaurativo y estrategias mente-cuerpo lograron mediar la desconfianza y traer la mirada de los habitantes de la comunidad hacia el presente y el futuro que enfrenta colectivamente la comunidad. En otros proyectos con protocolos similares, Dunna ha obtenido resultados satisfactorios en materia de estrés post-traumático y salud mental, mostrando que este tipo de modelos puede lograr que entre un 91 y un 94% de los participantes logren superar satisfactoriamente los riesgos de salud mental derivados del trauma y logren por sí mismos gestionar su bienestar emocional”, agregó Quiñones.

En Viotá aprendieron a perdonar con la fórmula de la acción sin daño: nada de lo que se haga en terreno ni algún gesto o palabra que se diga en los espacios de diálogo y escucha debe revictimizar a nadie. Sin embargo, una sensación compartida por las víctimas y los victimarios de la guerra en Viotá es que las palabras no lo son todo para restaurar tantas atrocidades vividas.

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Allí los ánimos para resarcir crímenes de lesa humanidad y dar dignidad a los sobrevivientes han sido una constante, que con algunas obras de infraestructura y memoria se han encaminado a favor de la reconciliación colectiva. Las voces de paz prevalecen y una de ellas es la de José del Carmen Viracachá, firmante de paz que vive en esta zona, quien hace diez años fue condenado por crímenes de guerra y ahora entiende que una pena privativa de libertad no es la mejor forma de rendirles tributo a quienes tanto afectó en el pasado.

“Queremos hacer y exportar paz por medio del ejemplo. Los actos de perdón son valiosos, pero se deben acompañar con acciones concretas que les sirvan a las personas y con las cuales vean nuestro arrepentimiento y deseo de no repetir nada malo. El encierro casi nunca arregla nada, por eso creo que lo duro del pasado se debe asumir cara a cara”, narró en una entrevista.

Nuevo paradigma de justicia

La cárcel como fin último para aquellos que cometieron crímenes en el marco de un conflicto armado es un sistema mandado a recoger. Al menos esa es la lectura de la justicia transicional, que en el caso colombiano estipula su modelo propio de sanciones en la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), promulgada hace ya tres años, el 6 de junio de 2019. En el documento aparece una sigla de la que se hablará con frecuencia en los próximos meses: los TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador).

El Acuerdo de Paz estipuló dos tipos de TOAR que se desarrollarán en diferentes etapas del posconflicto. Por un lado, están los TOAR que son consecuencia de la imposición de sanciones propias de la JEP; estos aún no existen, porque el tribunal no ha emitido ninguna sentencia. Las primeras vendrán próximamente de los macrocasos 01 (toma de rehenes y otras privaciones graves de libertad) y 03 (ejecuciones extrajudiciales, “falsos positivos”), que son los más avanzados. Allí se pondrán sobre la mesa por primera vez este tipo de actividades restaurativas, en tanto los comparecientes cumplan con el régimen de condicionalidad de la Ley Estatutaria; es decir, digan verdades completas, den garantías de no repetición y dignifiquen a sus víctimas.

Por otro lado, y volviendo al caso de Viotá, están los TOAR anticipados, que consisten en llevar a cabo actividades restauradoras (obras de infraestructura, construcción de monumentos, tareas de desminado o labores de alfabetización, entre otras) previo a una sanción impuesta, con el fin de honrar los derechos de las víctimas y obtener beneficios de descuentos de una pena restrictiva de libertad cuando sea impuesta. Estas actividades restaurativas siempre deben tener aval de la Secretaría Ejecutiva de la JEP. Durante 2021, la jurisdicción les hizo seguimiento a 64 de estos proyectos en varios departamentos.

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Durante las jornadas de diálogo que dirigió Dunna con los actores del conflicto en Viotá se discutieron varias opciones para trabajar colectivamente en aras de impulsar la memoria histórica del pueblo. ¿Qué necesitamos ver en nuestras calles para sentirnos representados y respetados después del conflicto? ¿Cómo adelantar una obra o actividad que no sea olvidada por las próximas generaciones? Esas fueron algunas de las preguntas que sonaban entre los viotunos, quienes también debían tener en cuenta para no quedar frustrados que cualquier proyecto que pensaran debía estar en armonía con el plan de desarrollo del pueblo y sujeto a las capacidades económicas del municipio, que en últimas era el que asumía los costos mayoritarios.

“La tarea más difícil fue buscar primero la financiación antes que poner los TOAR en boca de todos. La prioridad, por supuesto, está en elegir algo que la comunidad quiera y vea en eso un contenido simbólico y restaurativo; por suerte, llegaron los consensos y la gente supo priorizar de acuerdo con lo que su administración municipal podía pagar. La dignidad de Viotá es el punto más alto y el recordar a los que ya no tienen con ellos fue lo más hermoso”, explicó Natalia Quiñones.

Fue así como todas las miradas se dirigieron a la vereda de San Gabriel. Allí está ubicado el cementerio de Viotá, al que paradójicamente no podían llevar a sus muertos, por las precarias vías de acceso. Las calles aledañas estaban destrozadas, por lo que la entrada al camposanto solo se podía hacer de vez en cuando. Un dolor de cabeza, especialmente durante los años de conflicto y en la pandemia por covid-19.

Para atender esa situación, entre firmantes de paz, víctimas, fuerza pública y ciudadanos construyeron una placa huella de 68 metros de longitud, con la cual lograron darle una nueva cara a una zona icónica para este pueblo y una señal de honra a los muertos que la guerra se llevó y que por tantos años no pudieron visitar como quisieron, por las rudimentarias condiciones del suelo.

El 17 de marzo de 2022, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia anunció la finalización y entrega de la obra, y con ello el cierre de un ciclo en el que Viotá no quiere volver a repetir rezagos, mucho menos si tienen que ver con una guerra que nunca buscaron y jamás entendieron, pero que caló de lleno en sus hogares.

“Esto no solo benefició a las personas de San Gabriel. Sirvió para nuestra memoria, que nos quisieron quitar los grupos armados. Acá el cementerio siempre ha tenido una importancia especial y gracias a esto sabemos que los que antes nos hicieron sufrir ahora ayudan a que nos sintamos bien con nosotros y con lo que podemos hacer unidos hacia el futuro”, dijo una habitante de Viotá que prefirió no ser citada.

Dunna, con el proceso de Viotá finalizado, se encuentra trabajando en Fusagasugá y Venecia para replicar este modelo por Cundinamarca, para que este sea otro paso que intente expandir los TOAR por más regiones de Colombia y demostrar que cualquier paz es posible si en las comunidades hay un sentido de pertenencia robusto y una voluntad genuina de perdonar y no volver a repetir daños.