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27 Jul 2021 - 8:40 p. m.

La encrucijada de la reincorporación: Una prisión llamada ‘Libertad’

Así es hoy la antigua zona que se habilitó tras el Acuerdo de Paz para recibir a los prisioneros políticos de las Farc en Mesetas (Meta). La mayoría han salido para sus regiones de origen mientras alrededor de 30 familias luchan por convertirse en dueños de su tierra en lo que ahora es la Nueva Área de Reincorporación Libertad Simón Trinidad.

Daniela Manrique Puentes - Unidad de Investigación Periodística Politécnico Grancolombiano

Rubén Yesid Jiménez Pérez es reincorporado de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Tiene 35 años, esposa y una bebé recién nacida.

A diario viste pantalón, camisa, botas tradicionales para el pantano, gorra o sombrero, y siempre lleva amarrado a su cintura un machete de un solo filo, o como él lo llama: una peinilla, porque “antes de empuñar un arma, nosotros éramos campesinos y lo seguimos siendo”. Así se presentó a la entrevista que tuvo lugar por medio de la plataforma virtual Jitsi Meet. Fue la última opción, luego de que Rubén intentara descargar otras aplicaciones luchando con la mala señal de internet en la zona.

Lleva cuatro años viviendo en lo que hoy reconoce como Nueva Área de Reincorporación (NAR) Libertad Simón Trinidad; nombre que alude a uno de los hombres más reconocidos de las antiguas FARC, y quien en 2004 fue extraditado y juzgado por la justicia estadounidense.

La NAR Libertad Simón Trinidad está ubicada en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta. En principio, fue un Área de Reincorporación a la que llegaron aproximadamente 526 presos pertenecientes a la organización guerrillera.

Esta historia hace parte del especial El acceso a tierra, la encrucijada de la reincorporación, que puede consultar aquí.

“Este fue el único de los cuatro sitios que se adecuó, dentro de los Acuerdos de Paz, para la llegada de las diferentes personas que se encontraban en ese momento como prisioneros políticos en las diferentes cárceles del país”, explica Rubén, uno de los primeros en arribar a ese espacio, denominado Pabellón Especial para la Paz, porque los hombres y mujeres asignados a esa Área lo hacían en calidad de prisioneros.

A partir de 2017 empezaron a dar libertad a los integrantes del Área de Reincorporación. “Quienes iban recuperando la libertad fueron buscando el acercamiento familiar a sus lugares de origen. Otros buscando las zonas donde anteriormente fueron sus áreas de operación y así sucesivamente. Hasta el punto en que quedamos un promedio de 16-17 personas”.

Lea: El campamento donde esperan a “Simón Trinidad”

El grupo de reincorporados que decidió continuar en ese espacio está organizado en la Cooperativa Multiactiva Libertad Simón Trinidad, y entre los proyectos que tienen está poder cambiar la figura jurídica de Pabellón Especial para la Paz para convertirlo en una NAR. Según Rubén, actualmente esa Nueva Área de Reincorporación está constituida por 29 familias que suman 74 personas.

Recuerda con nostalgia que cuando llegó al territorio, la primera vez, solo se había construido lo que los ingenieros llamaron “primera fase”: las áreas comunes. “De resto era potrero y unas pocetas ahí. Lo que está hoy construido lo ayudamos a hacer las primeras personas que llegamos. Nosotros empezamos a dar la pelea por este territorio cuando el Gobierno ni siquiera respondía por el abastecimiento para quienes decidimos quedarnos. Logramos sobrevivir metiéndole la mano a lo poquito que nos llegaba, de lo que quedó establecido como renta básica, que era el 90% del salario mínimo de ese entonces: $760.000.”

La hoy denominada NAR Libertad Simón Trinidad, cuenta con una extensión de 5.000 metros cuadrados, en un terreno arrendado cuyo costo es asumido por el Estado. Sin embargo, “para nosotros es como dicen popularmente: ‘construir una casa en el aire’. Nuestros proyectos están en terrenos arrendados. Las casitas que se construyeron con drywall son casas como si fueran de cartón, porque si se cierra duro la puerta se cae por pedazos. Es un tema bastante complejo”, asegura Rubén.

La carencia de tierras es uno de los principales problemas que afrontan los excombatientes. “No tenemos tierras para los proyectos y mucho menos para la vivienda. La gestión se ha hecho, los compromisos del Gobierno siempre han sido los mismos, pero el cumplimiento no ha sido ninguno”.

“El proyecto representativo de acá es porcícola. Fue apoyado económicamente por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). También tenemos otras iniciativas como el cultivo de aguacate, y decidimos correr el riesgo, porque, teniendo en cuenta que el terreno no es nuestro, sembramos un promedio de 430 palos. También tenemos el proyecto para la fabricación del concentrado para los mismos cerdos, que es un fortalecimiento que nos salió de una iniciativa a nuestro proyecto con una donación de la ONU”, relata el firmante de paz.

Los trámites para solicitar la aprobación y el capital para implementar los proyectos productivos han sido complicados. “Pasar nosotros de portar un arma, a venir a tomar ya unos formularios, unas normas que nos exigen poder postular un proyecto y que sea viable”, expresa Rubén con sorpresa, y ejemplifica: “nos devolvieron de dos a cuatro veces varios de los proyectos, en ocasiones por cosas tan simples como una firma o un punto”.

A falta de garantías para la tenencia de tierras y viviendas propias, los excombatientes se quejan del abandono estatal en las vías terciarias, y la atención en salud. Para el firmante de paz “todo va en contra de la voluntad de un verdadero proceso de paz. Más bien el Gobierno siempre se empeña en coartar cosas, y que la gente se aburra y de una u otra forma se vaya de los espacios, y cuando vayan a prometer cosas digan: ‘no vea, es que se fueron del territorio, no quieren la paz, no quieren cumplir’”.

Tampoco le parece una solución el decreto 1543, del 24 de noviembre del 2020, por medio del cual los reincorporados con proyectos productivos aprobados pueden acceder a tierras que estén bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), es decir, terrenos que se les haya decretado extinción de dominio. “Seguramente los primeros días nos irán a acompañar, pero después ahí sí defiéndase quien pueda, y uno sabe que esas personas (a quienes les aplicaron la extinción) están en la capacidad de reclamar sus territorios todavía o de empezar por ahí a asesinar”.

Cuando se pone el tema de la seguridad en el centro de la conversación, Rubén aclara que no hay problemas de ese tipo para los firmantes de paz que habitan en esa NAR, pero indica que es importante hablar de una seguridad integral en educación, salud y la de los proyectos productivos. “Si de aquí a mañana nosotros no podemos cumplir con esas cláusulas, porque el gobierno tampoco nos ha querido apoyar de ninguna forma, pues sencillamente eso es un tema de inseguridad porque a mí se me va a perder el capital semilla y el tiempo que le he invertido a ese proyecto. Tampoco contamos con un médico las 24 horas, ni siquiera con una ambulancia”.

El firmante de paz no se arrepiente del paso que dio, y está dispuesto a cumplir su palabra a pesar de las dificultades que él y sus compañeros de NAR han encontrado para poder acceder a recursos económicos. “A uno que ha vivido en carne propia toda esta situación, lo hace pensar que la mejor forma de acabar con todo esto es solucionar las necesidades del campo”, concluye.

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