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“Tienen 24 horas para irse”. Así, sin más, los paramilitares sacaron corriendo a los pobladores de la vereda El Albarico, del municipio de El Zulia, cercano a Cúcuta, en Norte de Santander. Era el año 2000 y fue la forma más fuerte de intimidación con armas en una zona estratégica para la movilidad de los actores armados. Fue la gota que rebasó la copa de un grupo de familias que tuvieron que soportar, por años, completamente solas, un control territorial y social abiertamente ilegal.
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Primero llegó el Epl, cuenta don Ángel Custodio Castro Díaz, próximo a cumplir 47 años, quien era el presidente de la Junta de Acción Comunal. Luego llegaron los elenos, las Farc y los paras. Cada cual en su momento, en un período que va entre 1999 y 2003 aproximadamente, se ubicaba en una finca, tomaba lo que quería y sembraba miedo, alegando la utilidad de la zona. Mirando a la montaña desde la nueva escuela de la vereda, don Ángel explica que de allí se puede llegar a Sardinata en un día. “Se tomaron esto como un fortín, no querían desocupar. Encontraban carne, leche, queso y podían sobrevivir cuantos hombres llegaran porque había qué comer”, dice.
Aunque es una vereda que no supera las 24 casas, los terrenos son extensos. El caso de El Albarico es uno de los emblemáticos en materia de restitución de tierras en Norte de Santander, en donde los jueces ordenaron devolver 850 hectáreas a nueve familias desplazadas en 2016. Hoy, la comunidad busca recuperar el tiempo perdido, aunque hay varias necesidades que resolver, entre ellas las vías de acceso. Pues si bien la vereda está a sólo 7,8 kilómetros de la vía saliendo de El Zulia, la trocha que hay que atravesar no tiene nombre: es un tortuoso camino que toma hora y media, en una buena camioneta, entre saltos dignos de una competencia extrema, mucha vegetación, tierra, barro y quebradas.
Ese camino lo hace todos los días Sandra Patricia Núñez, de 42 años, para llegar a darles clase a siete niños en la escuela, que es una de las sedes del Calasanz. Se levanta todos los días temprano en su casa ubicada en Los Patios, del área metropolitana de Cúcuta, toma un bus hasta la terminal y otro hasta El Zulia y espera a las 6 de la mañana que pase “La lechera”, un camión viejo que lleva años llevando la leche a Albarico. No lo puede perder. “La Lechera” la lleva hasta la primera quebrada, en una curva cerrada, donde está lo que queda de la vieja escuela.
Es una casa a la cual la maleza se está comiendo. Por los vidrios rotos se ven todavía unos pupitres viejos, desordenados, libros, carteleras y hojas. Los tableros intactos, unos muebles con material escolar. Afuera, la montaña da signos de querer llevarse la estructura en donde quedan todavía unos viejos juegos para niños. Es una escuela perdida en el tiempo, abandonada por culpa de la guerra. Incluso fue escenario de un enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla, según cuenta don Ángel. Eso y el desplazamiento la deterioraron. Parece una foto vieja.
“Uno estaba ahí trabajando en la casa cuando ve que llegan (grupos ilegales) uno y otro. ¿Quién les decía algo? Eso se vivió mucho tiempo. Aquí hubo enfrentamientos. Ya en el 2000 vinieron los paras y pensaban que éramos guerrilleros, que acá había campamentos. Fue una mañana. Yo estaba en la finca y había un grupo guerrillero acá; se enfrentaron. Entraron a cada casa, nos trataron mal: ‘Para mañana lo que se mueva, objetivo militar’. Tocaba irse. Mataron a alguien en la entrada, sembraron el terror, para que la gente se diera cuenta de que era en serio”, relata Castro.
Durante ocho meses las familias no volvieron a sus casas y empezaron a rebuscársela en El Zulia. Hasta que, un día, los propios paramilitares llamaron a los campesinos y les dijeron que podían devolverse a cambio de una “vacuna”, que se pactó individualmente y era cobrada cada mes, durante al menos un año. El miedo era constante. Y aunque en teoría podían volver, no había forma de mantenerse, pues las casas se habían deteriorado, la maleza consumía las fincas, el ganado y las gallinas se las comieron y seguía el control: para ir a Albarico tocaba avisar previamente y no se podía prender el fogón.
Incluso, el control seguía en El Zulia. Doña Amalia Roa León, de 52 años, relata cómo, ya estando desplazada, unos hombres la cuestionaron porque llegaba al sitio donde vivía entre las 11:30 y las 12 de la noche. Le tocó explicarles a unos desconocidos que hacía labores de modistería en un taller para conseguir el día a día. Doña Amalia, con lágrimas en los ojos, le cuenta a El Espectador: “Nos fuimos dos veces. Llegaban unos, se iban. Esta era su casa. Y luego llegaron los paras y eso fue definitivo. Dos años de vaya y venga. En el Zulia llegaron a vivir en frente de la casa. Donde ellos querían”.
Hoy la situación es diferente. Luego que la Unidad de Restitución de Tierras cogiera el caso y lograra ante los jueces la devolución de los terrenos, la comunidad busca recuperar el tiempo perdido. Y la escuela se ha convertido en el símbolo de ese renacer. Con apenas dos salones, “la profe” Sandra, quien tiene 22 años de experiencia y la autoría de un libro de transición, ha logrado adecuarla para que parezca una escuela. Los siete niños, incluidos dos venezolanos y uno que perdió a su padre en el conflicto, se encuentran con la profe, que recorre la insufrible trocha a pie todos los días y se regresa a casa en la tarde.
“Esa alegría de ellos, la vocación, se siente en la sangre. Llegar y que ellos estén. Llegar y que sea uno la persona para orientarlos y trabajar con ellos, para ayudarles con sus falencias, es algo que nunca había experimentado. No es lo mismo trabajar con un grupo de niños con el que uno entra a un salón, da su clase y no tiene el tiempo para sentarse a conocerlos. La venida para acá es fatigante. Esto más que trabajo es trabajo social. Sé que la comunidad viene de reintegrarse, está apenas llegando, volviendo a sus tierras”, explica la profe.
Aunque tienen fallo a su favor, en El Albarico faltan cosas esenciales, como la electrificación y el acueducto. La sentencia ordena a la Gobernación y al Instituto Nacional de Vías que solucionen los accesos, sin que hasta ahora haya avances al respecto. Para los campesinos que ya están trabajando con proyectos productivos, es necesario. “Yo puedo sembrar lo que sea, pero ¿cómo lo saco de acá?”, pregunta don Ángel Castro.
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Lo mismo pasa con los materiales de construcción que se necesitan para las casas, como en el caso de doña Amalia, pues en el tiempo que estuvo desplazada con su familia, su casa, que era de bahareque, se cayó. El director regional de Restitución de Tierras, Edward Álvarez, explicó a este diario que, aunque la tarea le toca a la Gobernación, se está haciendo una gestión para lograr que con empresas cementeras que están en la zona se pueda adecuar la vía, “como un tema de responsabilidad social empresarial”.
Álvarez explica que en el departamento se han recibido 4.501 solicitudes de restitución, de las cuales 2.551 se han estudiado, 1.637 ya finalizaron el trámite administrativo y 920 están en estudio. Hasta el momento, en el departamento se han restituido 2.250 hectáreas a través de 70 fallos. Igualmente, hay 326 casos en manos de los jueces. Para el funcionario, el personal que llegue con el nuevo gobierno debe priorizar y agilizar el proceso en la región, que tiene otro elemento clave: por condiciones de seguridad, sólo está habilitado por el Ministerio de Defensa para hacer restitución la mitad del departamento, siendo el Catatumbo la zona más quedada y en donde, sin ese aval, no se pueden iniciar las labores.
Entre tanto, don Ángel no pierde la esperanza. Aunque a veces le da la “depre”, como él mismo dice, al recordar la zozobra vivida por años, tiene claro que el acto protocolario que hizo la Unidad de Restitución es el momento en que regresó a su pueblo. “Venirme a trabajar a la finca es como cuando usted tiene mucho tiempo sin tomarse un cafecito y le dicen: ‘Mire, tenga ese café’. ¡Uy, Dios mío! Uno se levanta en la mañana y se toma el café, eso no tiene precio. Uno no puede quedarse en el pasado, uno tiene que echar para adelante”.