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Si algo ha quedado claro a lo largo de los casi cuatro años de diálogos entre Gobierno y Farc en La Habana es que una de las consecuencias naturales del proceso de paz —una vez se firme el acuerdo final— será el tránsito de la guerrilla a la política sin armas. Una premisa que resulta fundamental en cualquier acuerdo de paz, pero que en Colombia no deja de polarizar a la ciudadanía. Por eso, desde ya se barajan propuestas para conciliar los saldos de las Farc con la justicia y los criterios de elegibilidad política de quienes provengan de ellas.
De acuerdo con la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría, por ejemplo, aunque el 78 % de los colombianos están de acuerdo con que las Farc abandonen la armas y participen en política —sólo 9,7 % prefiere que sigan armados y continúen la guerra—, el 74,3 % ha señalado no estar dispuesto a votar por un jefe guerrillero para una curul en el Senado.
Y aunque aún no existe una hoja de ruta clara respecto a cómo y a través de qué mecanismo se dará la participación de las Farc en el mundo político, algunos sectores han comenzado a presentar propuestas para despejar el camino. La Fundación Paz y Reconciliación, por ejemplo, entregó a la mesa de diálogos de La Habana una iniciativa desarrollada con colaboración del exministro Fernando Cepeda y del senador de la U Armando Benedetti, la cual plantea dos polémicas alternativas: abonar el tiempo que los jefes guerrilleros permanecieron en La Habana en el marco de las negociaciones de paz como tiempo cumplido de sentencia, y crear la figura de “Congreso por cárcel”.
La propuesta, según explicó el investigador de Paz y Reconciliación Ariel Ávila, complementa la presentada hace unas semanas sobre la posibilidad de que a las Farc se les entreguen nueve curules directas en Senado, una vez termine el proceso de dejación de armas, y 17 circunscripciones especiales —en Cámara—, a las que podrían aspirar los integrantes del movimiento político de las Farc que surja tras los diálogos.
Un punto que está directamente ligado a otro factor: el andamiaje de lo que será la Jurisdicción Especial para la Paz es complejo, y su montaje y estructuración tomará un tiempo considerable. “Al menos durante los primeros dos años no va a haber sentencias. Mientras se monta el tribunal, llegan los magistrados, se hace la investigación y la comisión de la verdad comienza a funcionar, hay un tiempo muerto. Para nosotros, los miembros de las Farc podrían participar en el escenario político desde el día 180 + 1, es decir, un día después de que se entregue la última arma. Así, cuando ya se den las sentencias, si ellos han colaborado o dicho la verdad, se crean figuras para que sigan haciendo política y paguen su restricción a la libertad”, explica Ávila.
Una de esas figuras, incluidas en la propuesta de la Fundación Paz y Reconciliación, sería la del “Congreso por cárcel”. La idea ya había sido lanzada por el exfiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, quien consideró que la privación de la libertad no es la única opción de condena y que para ello existen penas alternativas de restricción. “La idea es que los líderes guerrilleros asistan en la mañana al Congreso y en la noche paguen la restricción a la libertad en centros especiales de reclusión, por ejemplo, la Escuela de Carabineros y Policía Rural”.
Una iniciativa que no fue bien recibida por algunos delegados de las Farc en La Habana, como Marco León Calarcá, quien señaló a RCN Radio que es descabellado pretender que de día ejerzan como congresistas y de noche duerman en una prisión, sobre todo cuando han dejado claro que no están dispuestos a pagar un solo día de cárcel.
La otra propuesta está dirigida a los casos de jefes guerrilleros que tengan sanciones por cuenta de delitos no amnistiables y no indultables. En esa situación, el planteamiento es que se les abone el tiempo que permanecieron en La Habana en el marco de las negociaciones de paz como tiempo cumplido de sentencia. “Esta misma lógica de abono de tiempo está establecida en el punto 2 del artículo 78 del Tratado de Roma, el cual estipula ante la imposición de una pena por parte de la CTI que ‘la Corte podrá abonar cualquier otro período de detención cumplido en relación con la conducta constitutiva del delito’”, puntualiza el documento de Paz y Reconciliación.
Lo cierto es que, ante la inminencia de la firma de un acuerdo final en La Habana, en el Congreso algunos ya tienen claro que el camino se tiene que ir allanando, como lo dejó ver, por ejemplo, el nuevo presidente de la corporación, Mauricio Lizcano. “Este Congreso debe estar preparado para recibir a los miembros de las Farc que dejen las armas. Estamos listos. Los detalles del cómo, cuándo y dónde deben definirlos los negociadores en La Habana, pero claro que estamos preparados”, concluyó.