La legislatura de la paz

El año del Congreso de la paz y el posconflicto. Desde ya así es conocida la legislatura que se inicia hoy en el Senado y la Cámara de Representantes, donde se discutirán los proyectos de ley y las reformas constitucionales que permitirán introducir una serie de modificaciones que serán el candado jurídico e institucional al Acuerdo Final de Paz. Aunque es indispensable cumplir primero con el requisito de la refrendación ciudadana de lo pactado por el Gobierno y las Farc –que se espera se cumplan a finales de septiembre con la votación del plebiscito–, ya está en marcha la elaboración de las iniciativas que permitan cumplir con los compromisos adquiridos por las partes para finiquitar la dejación de las armas de los guerrilleros y su regreso a la vida civil, con garantías para la participación en política.

Al respecto, el Gobierno está trabajando en varios frentes para hacer realidad esas reformas constitucionales, proyectos de ley, decretos o resoluciones para implementar cada detalle de los alcances de la paz. Desarrollo agrario, participación en política, solución al problema de las drogas y satisfacción de los derechos de las víctimas son los ejes de todas estas iniciativas que deberán ser puestas en marcha en los 12 meses de vigencia del Procedimiento Legislativo Especial que se aprobó en el mismo Congreso en el llamado Acto Legislativo para la Paz.

De momento, ya se habla informalmente que podrían ser más de 50 los proyectos y las reformas que serían tramitados en esta legislatura de la paz. Los rumores que circulan por los pasillos del Capitolio Nacional indican que el primer reto que tendrá que asumir el Congreso será el proyecto de ley aprobatorio del acuerdo final, en el que se incorporará al ordenamiento jurídico todo lo acordado en La Habana. Ajustándose al mecanismo de fast track del Acto Legislativo para la Paz, este proceso tendrá tres debates y su trámite tardaría máximo 15 días. Lo siguiente llevaría al Gobierno a impulsar otra reforma que incluirá un nuevo artículo transitorio a la Constitución, con el texto completo del acuerdo final y, expresamente, lo acordado sobre la Jurisdicción Especial de Paz.

Después se iniciará en firme el trámite de los detalles legislativos para implementar lo pactado. Primero, frente al acuerdo de participación política, se impulsarían una reforma constitucional y cuatro leyes estatutarias. El acto legislativo modificaría los criterios de elegibilidad para garantizar la incorporación de los miembros de las Farc a la vida política, incluyendo la creación de la circunscripción especial de paz. Al mismo tiempo, el Congreso deberá tramitar el Estatuto de Oposición, una reforma electoral, un régimen de partidos y unas leyes estatutarias de participación y  reglamentación de esa circunscripción especial.

Frente a la reforma rural integral acordada en el primer punto de la agenda de diálogos, aunque el tema se pondrá en marcha principalmente mediante decretos con fuerza de ley, resoluciones y manuales expedidos por el presidente Santos, necesariamente requerirá de un acto legislativo para darle vida a la Jurisdicción Agraria. Asimismo, se tramitará un proyecto de ley para darle fuerza al Fondo de Tierras, y otro para armonizar las competencias del Agustín Codazzi y la Superintendencia de Notariado y Registro.

A su vez, el punto de solución al problema de las drogas llevaría a poner en tránsito un proyecto de reforma al Código Penal para incorporar el acuerdo sobre el tratamiento penal diferencial que permitirá ofrecer beneficios judiciales a quienes voluntariamente abandonen los cultivos de uso ilícito. Finalmente, ante el enorme reto de poner en marcha el acuerdo de justicia garantizando los derechos de las víctimas, se espera el trámite de un proyecto de ley de amnistía, que incluya las conductas que serán conexas al delito político y una ley estatutaria para reglamentar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz, en la que se definirá el manejo del modelo de justicia transicional. Como se ve, la tarea será intensa y el Congreso tiene ahora el reto de estar a la altura del clamor del país por una paz estable y duradera, pero sobre todo justa. 

El año del Congreso de la paz y el posconflicto. Desde ya así es conocida la legislatura que se inicia hoy en el Senado y la Cámara de Representantes, donde se discutirán los proyectos de ley y las reformas constitucionales que permitirán introducir una serie de modificaciones que serán el candado jurídico e institucional al Acuerdo Final de Paz. Aunque es indispensable cumplir primero con el requisito de la refrendación ciudadana de lo pactado por el Gobierno y las Farc –que se espera se cumplan a finales de septiembre con la votación del plebiscito–, ya está en marcha la elaboración de las iniciativas que permitan cumplir con los compromisos adquiridos por las partes para finiquitar la dejación de las armas de los guerrilleros y su regreso a la vida civil, con garantías para la participación en política.

Al respecto, el Gobierno está trabajando en varios frentes para hacer realidad esas reformas constitucionales, proyectos de ley, decretos o resoluciones para implementar cada detalle de los alcances de la paz. Desarrollo agrario, participación en política, solución al problema de las drogas y satisfacción de los derechos de las víctimas son los ejes de todas estas iniciativas que deberán ser puestas en marcha en los 12 meses de vigencia del Procedimiento Legislativo Especial que se aprobó en el mismo Congreso en el llamado Acto Legislativo para la Paz.

De momento, ya se habla informalmente que podrían ser más de 50 los proyectos y las reformas que serían tramitados en esta legislatura de la paz. Los rumores que circulan por los pasillos del Capitolio Nacional indican que el primer reto que tendrá que asumir el Congreso será el proyecto de ley aprobatorio del acuerdo final, en el que se incorporará al ordenamiento jurídico todo lo acordado en La Habana. Ajustándose al mecanismo de fast track del Acto Legislativo para la Paz, este proceso tendrá tres debates y su trámite tardaría máximo 15 días. Lo siguiente llevaría al Gobierno a impulsar otra reforma que incluirá un nuevo artículo transitorio a la Constitución, con el texto completo del acuerdo final y, expresamente, lo acordado sobre la Jurisdicción Especial de Paz.

Después se iniciará en firme el trámite de los detalles legislativos para implementar lo pactado. Primero, frente al acuerdo de participación política, se impulsarían una reforma constitucional y cuatro leyes estatutarias. El acto legislativo modificaría los criterios de elegibilidad para garantizar la incorporación de los miembros de las Farc a la vida política, incluyendo la creación de la circunscripción especial de paz. Al mismo tiempo, el Congreso deberá tramitar el Estatuto de Oposición, una reforma electoral, un régimen de partidos y unas leyes estatutarias de participación y  reglamentación de esa circunscripción especial.

Frente a la reforma rural integral acordada en el primer punto de la agenda de diálogos, aunque el tema se pondrá en marcha principalmente mediante decretos con fuerza de ley, resoluciones y manuales expedidos por el presidente Santos, necesariamente requerirá de un acto legislativo para darle vida a la Jurisdicción Agraria. Asimismo, se tramitará un proyecto de ley para darle fuerza al Fondo de Tierras, y otro para armonizar las competencias del Agustín Codazzi y la Superintendencia de Notariado y Registro.

A su vez, el punto de solución al problema de las drogas llevaría a poner en tránsito un proyecto de reforma al Código Penal para incorporar el acuerdo sobre el tratamiento penal diferencial que permitirá ofrecer beneficios judiciales a quienes voluntariamente abandonen los cultivos de uso ilícito. Finalmente, ante el enorme reto de poner en marcha el acuerdo de justicia garantizando los derechos de las víctimas, se espera el trámite de un proyecto de ley de amnistía, que incluya las conductas que serán conexas al delito político y una ley estatutaria para reglamentar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz, en la que se definirá el manejo del modelo de justicia transicional. Como se ve, la tarea será intensa y el Congreso tiene ahora el reto de estar a la altura del clamor del país por una paz estable y duradera, pero sobre todo justa.