25 Sep 2021 - 2:45 p. m.

La pelea interna en las antiguas Farc por la reincorporación de los exguerrilleros

Un importante sector de los firmantes del Acuerdo, liderado por los senadores Victoria Sandino y Benkos Biohó, dice que hay “mezquindad” de las directivas del hoy partido Comunes hacia las bases de la exguerrilla y creó una mesa autónoma para reclamar sus derechos. El partido responde que se trata de intereses políticos que dividen el proceso y favorecen al Gobierno.

Durante tres días, casi un centenar de antiguos guerrilleros de las Farc de todo el país se encontraron en Neiva (Huila) por una sensación común: su reincorporación a la vida civil atraviesa un momento crítico y las directivas del partido Comunes parecieran no inmutarse. Además de la dificultad más evidente, los más de 280 excombatientes asesinados, en las regiones los firmantes de la paz enfrentan problemas para que sus proyectos productivos despeguen, conseguir un pedazo de tierra o lograr construir una vivienda.

En la reunión de la semana pasada hubo figuras de peso dentro de la exguerrilla, quienes han sido particularmente críticas con la dirección del partido. Las caras más visibles de este nuevo proceso que está surgiendo son los senadores Victoria Sandino y Benkos Biohó, a quienes ya el partido les dijo que no repetirán curul para el próximo periodo y han enfrentado procesos internos en la comisión de ética de Comunes. Pero, además de ellos, hay decenas de líderes en las regiones que sumaron sus voces a los reclamos: Ramiro Durán, en Huila; Fabián Ramírez y Sonia, en Caquetá; o Chucho Zamora, en Bogotá; También están Pablo Atrato, presidente de Ecomún, y un sinnúmero de representantes legales y directivos de cooperativas creadas en las regiones por los excombatientes.

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En ese encuentro, los asistentes le dieron vida a la Mesa Autónoma de Reincorporación, para buscar una interlocución directa con el Gobierno Nacional. El centro del reclamo es que el partido Comunes, al que ya no pertenece buena parte de los firmantes de la paz, ocupa todas las instancias de diálogo con el Gobierno para concertar la implementación. “Esta mesa reconoce todas las instancias creadas por el Acuerdo de Paz, lo que estamos diciendo es que no nos sentimos representados por quienes están allí. Es una realidad hoy que el partido Comunes no representa el universo de personas en reincorporación. El Acuerdo no es de un partido, que está deslegitimado, sino de todos los que lo firmaron”, señaló Ramiro Durán.

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Hasta el pasado mes de febrero, él fue uno de los representantes de la antigua guerrilla en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de lo pactado (CSIVI), donde se sientan con el Gobierno. Luego de expresar una postura crítica con la dirigencia en un pleno del partido, fue relevado del cargo y posteriormente renunció del todo a la colectividad.

Los miembros de la mesa reclaman, principalmente, tres puntos: por un lado, todo lo relacionado con la reincorporación económica y social de los excombatientes, en particular de quienes habitan por fuera de los antiguos espacios territoriales. Esos temas se coordinan en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), en el que los representantes de Comunes son Pastor Alape y René Hertz. Según Victoria Sandino, “lo que ocurre en los territorios es que la gente está completamente abandonada, no está atendida ni por el CNR, ni por ninguna instancia”.

En particular, se refirieron a la ruta de reincorporación que se aprobó en esa instancia y que, dijeron, no fue consensuada con las bases de la insurgencia en las regiones. “La prioridad es para quienes están al interior del partido y quedamos relegados los que no pertenecemos a él. Vemos una actitud mezquina y egoísta frente al universo de la reincorporación”, agregó Ramiro Durán.

Sobre eso mismo, Pablo Atrato reclamó que Ecomún, que debería acompañar y asesorar los proyectos productivos de los firmantes del Acuerdo, así como canalizar los recursos para la reincorporación, está completamente marginado de ese proceso. “Ecomún no está cumpliendo el papel que debe cumplir según el Decreto 899. No contamos con los recursos que deben asignársele ni los asesores para que se convierta en la organización que acompañe la reincorporación. Y desde el CNR no se hace lo más mínimo para hacer cumplir su papel. Nosotros no participamos en las sesiones de esa instancia”.

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En segundo lugar, hay una enorme preocupación por la seguridad de los firmantes, que se define en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección. Allí, sostuvo Durán, ven un doble tratamiento: para quienes están en el partido y para quienes no. “A mí me acaban de rechazar la misión con mis escoltas a Bogotá para labores de la reincorporación y a otros compañeros firmantes sí se la aprobaron. Reuní todos los requisitos para el desplazamiento, pero aún sí me la rechazaron. Igualmente, los estudios de análisis de riesgo y aprobación de medidas de protección operan con ritmos diferentes si se trata de personas del partido o de quienes están por fuera”. La situación la reafirmó Pablo Atrato, quien aseguró también que los desplazamientos de su esquema de seguridad no son aprobados.

Un tercer asunto es el de la seguridad jurídica. Quienes se reúnen en la mesa exigen participación en el convenio que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para brindar defensa jurídica a los comparecientes ante esa justicia, denominado Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa Gratuita (SAAD). El reclamo es que los abogados contratados allí entran y salen según la voluntad de las directivas del partido. “Necesitamos garantías con personal de nuestra confianza”, afirmó la senadora Sandino. No en vano otro de los asistentes al encuentro de Neiva fue Harold Ordoñez, quien a principios de septiembre fue capturado y luego dejado en libertad, con una débil argumentación y sustento probatorio de la Fiscalía, en lo que se ha calificado como un montaje judicial. Entre otras, quienes denunciaron el montaje, dijeron que habría sido generado tras la estigmatización promovida contra él por el partido Comunes en el Valle del Cauca.

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Los fundadores de esta mesa autónoma de reincorporación dejaron planteadas sus peticiones en una misiva que dirigieron al presidente Iván Duque; al director de la Agencia para la Reincorporación, Andrés Stapper; al consejero para la Estabilización, Emilio Archila, y al subdirector especializado en la Unidad Nacional de Protección, Albeiro Rodríguez. Allí, además de los puntos ya mencionados, se incluyeron un censo actualizado de firmantes de la paz que siguen en las cárceles (luego de casi cinco años de firmado el Acuerdo) o garantizar los enfoques diferenciales en la reincorporación: género, étnico, de adultos mayores y personas en situación de discapacidad por afectaciones ocasionadas en la guerra.

Según explicaron, no se trata de que esta mesa sea una instancia paralela a las que ya existen por virtud del Acuerdo de Paz, sino que desde allí se exija en conjunto la participación en dichas instancias: el CNR, la CSIVI, la Mesa Técnica de Seguridad, entre otras. Con ese fin, el próximo jueves 30 sostendrán una reunión con el director de la ARN, quien estuvo en Neiva reconociendo la nueva mesa, y se espera que también con el consejero para la Estabilización.

Esta es la carta completa enviada al Gobierno, con nueve peticiones:

La respuesta del partido Comunes

Uno de los principales actores sobre quien recaen los cuestionamientos es Pastor Alape, delegado por la exguerrilla al CNR. Según Alape, lo que hay detrás de este nuevo proceso son intereses políticos de un sector que se ha marginado del partido Comunes y que, si bien es legítimo hacerlo, debe ser transparente con la mirada sobre la reincorporación: “Están en todo su derecho de construir cualquier proceso que les permita desarrollar las acciones que se propongan, ya otra cosa es ver su argumentación”.

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Según el exjefe guerrillero, la gran mayoría de los antiguos espacios territoriales y las nuevas áreas de reincorporación está cubierta por las acciones que se ejecutan en el CNR. A la fecha, esa instancia ha logrado aprobar 98 proyectos productivos colectivos. “En la aprobación de esos proyectos, que ha sido peleando con el Gobierno, no importa si son o no son del partido; nosotros atendemos a los firmantes, no solo a los de Comunes. Esos 98 proyectos cobijan a 3.498 excombatientes, con una inversión de más de $40.000 millones”, expresó. Esos proyectos, más otros casi 3.000 individuales, derivan en que al menos el 60% de los firmantes de la paz estén hoy en una iniciativa productiva.

Sobre la ruta de reincorporación que se pactó en el CNR, aseguró que ellos también se la han reclamado al Gobierno, que debió haber sacado una resolución reglamentándola, que no ocurrió, según denuncia. Con ello, el paso a seguir era la concertación con los excombatientes de esa hoja de ruta.

Y, con relación a Ecomún, sostuvo que los recursos que se lograron para ese espacio con el País Vasco fueron por gestión del componente Farc en el CNR. Igualmente, se les consiguieron los recursos para montar un proyecto piscícola a nivel nacional, que aún no se ha logrado poner en marcha. “Ecomún debería acompañar los proyectos y hacerlos sostenibles, pero los compañeros no se han dedicado a eso, están es en política contra la dirección del partido”.

Alape es enfático en asegurar que son muchas las necesidades de los excombatientes en los territorios, pero que debe “unificarse la lucha” para exigir el cumplimiento de lo pactado con el Gobierno. “Ellos responsabilizan a la dirección de Comunes como si fuéramos Gobierno, en vez de unirse con nosotros para reclamarle”, dijo. En el fondo, concluyó, los intereses políticos de quienes están a la cabeza del nuevo proceso le sirven a la ARN en su intento por fragmentar la reincorporación: “Todas las expresiones que surjan son bienvenidas, lo importante es que la gente se mantenga en el proceso y en la lucha por la paz”.

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