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En un territorio que muchas veces ha enfrentado a campesinos, indígenas y comunidades negras, hoy juntos reclaman a las autoridades atención. Suárez está ubicado en el norte del Cauca. Tiene oro, una hidroeléctrica, coca, víctimas, colonos que llegaron buscando tierra, resguardos indígenas o territorios de comunidades negras. Es uno de los municipios priorizados para revertir el paso de la guerra. Colinda con Buenos Aires, donde está ubicado el Espacio de Capacitación y Reincorporación donde las Farc dejaron sus armas. También con Morales, donde los yacimientos de oro han atraído empresas, criminales y pobres de todo el país. Un contexto social que empieza a bullir al tiempo que la implementación del Acuerdo hace agua.
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“En nombre de la Asociación de Consejos Comunitarios Afrodescendientes de Suárez, el Cabildo Indígena de Cerro Tijeras y la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Cordillera del Municipio de Suárez (Asocordillera), nos manifestamos en asamblea permanente por los incumplimientos de la Alcaldía municipal de Suárez. Nuestro pliego de peticiones busca remediar temas claves para el buen vivir de las comunidades: vías, salud, educación, vivienda, víctimas e implementación de los Acuerdos de Paz. La Alcaldía no ha demostrado la voluntad ”, declaran en su comunicado.
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Con un agravante, las regiones más afectadas por la presencia de cultivos ilícitos empiezan a encenderse de una en una por cuenta de la aplicación de la estrategia antidrogas del Gobierno, en la que se mezcla erradicación forzada con sustitución voluntaria. El Cauca figura entre los cinco departamentos con mayor número de cultivos de coca, según el monitoreo anual de la ONU: 12.595 hectáreas, con un aumento del 45 % con relación al 2015. Incluso, Suárez está a muy poca distancia de El Tambo, el municipio con mayor concentración de coca del departamento, con más de 5.300 hectáreas registradas. “El tema de cultivos ilícitos es complejo. Tenemos plantaciones, y desde el cabildo estamos metidos en el proceso de sustitución, pero aún no tenemos las garantías. Estamos pendientes de que lleguen los funcionarios para formalizar los acuerdos colectivos”, explica César Cerón, representante legal del consejo comunitario La Meseta.
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El episodio ocurrido en Tumaco (Nariño), en el que ocho personas resultaron muertas en un choque entre manifestantes y Fuerza Pública, ha sembrado zozobra en las comunidades donde la coca hace parte de su sustento. Un antecedente que le imprime más tensión a lo que está ocurriendo en el norte del Cauca. Pero no sólo la oferta para enfrentar los cultivos ilícitos preocupa a los habitantes de Suárez, también lo hace la incertidumbre sobre los avances sociales que consignó el Acuerdo de Paz. La construcción de vías, la llegada de una oferta institucional con salud, educación, agua, seguridad, las circunscripciones especiales de paz, en fin: la paz territorial.
“Llevamos mucho tiempo organizando un espacio interétnico e intercultural para mejorar las condiciones de nuestras comunidades. También exigimos la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito y la participación plena en el diseño de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Nos indigna que el Estado no ha sido capaz de garantizar la seguridad de los movimientos sociales en el país y que tampoco ha demostrado la voluntad de implementar plenamente los Acuerdos de Paz. Reconocemos el paro nacional, pero nuestra movilización no hace parte de él”, afirman.
“Esta es una muestra de unidad en medio de las diferencias. Estamos trabajando indígenas, afros y campesinos. Entendemos que todos tenemos necesidades y vinimos juntos a exigir nuestros derechos. Le queremos mostrar al país que la diferencia en el color de piel no nos separa. En el pasado tuvimos algunos conflictos por el territorio, pero tuvimos la capacidad de dialogar y de encontrar puntos de encuentro. Nuestro planteamiento es construir un territorio interétnico. Lo llamamos la Casa Grande, porque aquí debemos caber todos”, agrega Cerón.
Por su parte, Éider Flor, de la comunidad indígena nasa del resguardo de Cerro Tijeras, insiste en que se declararon en asamblea permanente ante el incumplimiento de las promesas a las comunidades. “Vivimos en el total abandono, en aislamiento, por eso nos trasladamos al casco urbano, para pedir cumplimiento al alcalde de Suárez. Pedimos que se atienda el problema de los cultivos tal y como quedó en los acuerdos: concertado con las comunidades”, expresa Flor.
Para Juan Pablo Salazar, presidente de Asocordillera, después de tres días de levantamiento popular en Suárez se ha trabajado intensamente con las Juntas de Acción Comunal para establecer una ruta de solución y se han discutido ocho de las 12 problemáticas expuestas. “Las organizaciones sociales estamos preocupadas por el manejo que se les ha dado a los recursos desde la administración municipal. Cosas como la alimentación escolar, que, por ejemplo, llega a algunas veredas y a otras no. El poder está siendo manejado por un grupito cerrado, igual que los recursos de la minería. Por eso hemos consolidado un frente común contra esta actividad, contra la minería criminal o la de gran escala”, expresó el líder campesino.
Salazar sostiene que una muestra del manejo que se le ha dado a la inversión del municipio son las vías terciarias, que no han recibido ni una palada de material, mientras en el casco urbano ya arreglaron varias calzadas. También denuncia que la única carretera veredal a la que se le invierte es la que conduce a La Salvajina y eso, según él, es por el turismo que atrae. Frente a la vivienda rural también tiene preocupaciones: “Hay un déficit muy grande y no se da respuesta. El alcalde de hoy, que lo fue también hace 20 años, en su primera administración les prometió mejoramiento de vivienda a muchas familias, pero no les cumplió, y hoy aparece como si lo hubieran recibido”, agrega.
En cuanto al problema de los cultivos ilícitos, Salazar concluye: “Las comunidades han anunciado su voluntad de sustitución, y ahora estamos esperando a que los funcionarios del Gobierno vengan a socializar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, pues hasta ahora sólo se ha hecho con líderes, y eso ha polarizado a las comunidades. Los líderes nos estamos echando encima a la gente. Tenemos caracterizadas 600 familias dispuestas a la situación, de las 700 que están vinculadas a los cultivos de coca”. Un asunto que, para el líder, implica darle solución a la seguridad de los líderes, pues, tal y como pasó en Tumaco, tras el estallido social por el incumplimiento de los acuerdos de sustitución, terminan asesinados, como le ocurrió a Jair Cortés. En últimas, las comunidades de Suárez quieren llamar la atención de las autoridades sobre sus problemáticas, antes de que sea una tragedia la que lo haga.