“La reintegración de las Farc no será una imposición del gobierno”: director ACR

Acaba de terminar en Pasto la Cumbre de Expertos Internacionales: reintegración, reconciliación y construcción de paz, que reunió a excombatientes, negociadores y funcionarios de países que han vivido conflictos como El Salvador, Guatemala, Filipinas, Irlanda del Norte, Kenia y Azerbayán. Las recomendaciones para Colombia fueron varias.

Que hay que administrar las expectativas, que no es indispensable ponerse de acuerdo sobre el pasado, pero sí sobre el presente y el futuro, dijo Facundo Guardado, excomandante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador. Que firmar el acuerdo es lo más fácil y que vendrán muchas dificultades, pero lo importante será encontrar salidas en la institucionalidad, advirtió Henry  Robinson, excombatiente del Ejército Republicano Irlandés (Ira), de Irlanda del Norte. Que no siempre el sentido común sirve para manejar los conflictos, ya que el cerebro humano funciona de manera diferente en la guerra que en la paz, explicó John Alderdice, de Reino Unido. Que pueden venir problemas por la oposición de grupos de ciudadanos a los acuerdos que retrasen el proceso, como sucedió en Filipinas y lo contó Miriam Coronel, la mujer que encabezó el equipo de gobierno en la negociación con la guerrilla islamista.

Tomando atenta nota, pero esforzándose por mostrar los avances de la Agencia Colombiana para la Reintegración, estaba Joshua Mitrotti, quien cumple año y medio a la cabeza de esta entidad por la que han pasado 49.000 hombres y mujeres que han dejado las armas de grupos ilegales. Sus esfuerzos están concentrados, en este momento, en llevarles a los jefes de las Farc una contra propuesta para pactar un modelo de reintegración que cumpla las expectativas de sus combatientes. En diálogo con Colombia2020 explica lo que ha recogido de los expertos internacionales y lo que tiene para ofrecerles a las Farc.

¿Cómo va la construcción del acuerdo con las Farc sobre el modelo de reintegración para sus combatientes?

Recibimos una propuesta de las Farc hace como dos semanas, sobre la que no me puedo pronunciar. Le puedo decir que como Gobierno estamos construyendo una propuesta articulada con muchas entidades que aun no se ha presentado en la mesa de negociación. Será allá donde recibiremos las observaciones y ojalá podamos acordar una propuesta que sea muy funcional para el objetivo de terminar la guerra. Los expertos internacionales nos lo han dicho: es fácil firmar el papel, pero lo complejo es materializarlo y la reincorporación es el primer paso para asegurar que las habilidades y competencias de estos hombres y mujeres que estuvieron como combatientes les sirvan para hacer un tránsito a la sociedad, a la familia, a la política, a la productividad.

¿Cuáles son los principales reparos que tienen las Farc al proceso y a la ruta que tiene la ACR?

Desafortunadamente no hemos podido hacer una buena pedagogía respecto a que el camino del desarme y desmovilización y reintegración individual de los desertores, es un camino fraccionado y repartido en varias entidades. En la agencia nos encargamos solo de la reintegración. No trabajamos en desarme y desmovilización que fue un modelo eficiente desde una visión antisubversiva. Trabajamos desde la dignidad, desde la humanidad de quien deja las armas. Esa es una primera dificultad que se puede resolver, entendiendo que nuestra función ha sido la de construir un proyecto de vida en la legalidad.

La segunda, es que este modelo ha atendido a paramilitares y desertores, pero no se puede descalificar porque ha atendido a quienes han sido mis enemigos o a quienes no me gustan. Hay que hacer una evaluación sensata, pausada y tranquila; hay que mirar de lo que hemos hecho, qué sirve y qué toca innovar o aprender de otros lados. En la agencia tenemos toda la disposición para hacerlo.

Hizo mucho daño la política de las Fuerzas Militares de pagar recompensas y promover la delación...

Eso no tiene nada que ver con la agencia. Hace muchos años entendimos que las personas en proceso de reintegración están protegidas por el Derecho Internacioal Humanitario (DIH) y no deben ser puestas en riesgo por el Estado frente a ninguna acción militar o policial.

Pero sí ocurrió…

Pero no desde la agencia. La ACR no lo promovió, no tiene programas de ese tipo, no tiene gastos reservados. Esas son diferencias que se pueden resolver. Lo importante es que estamos en función de materializar el acuerdo, lo que queremos es ayudar a que estas personas encuentren un lugar digno y dignificante en la sociedad.

¿Qué piensa de que las Farc no quieran insertarse en este modelo de la ACR y pidan recibir dineros de la comunidad internacional, manejarlos ellos mismos para unos proyectos colectivos?

La agencia no riñe con el modelo colectivo. Lo que promueve es que los ciudadanos tengan habilidades y competencias que le permitan desempeñarse en la sociedad. Tenemos experiencias exitosas donde comunidades enteras son productivas gracias a un enfoque comunitario de asociatividad. Nosotros lo que planteamos es que todo se tiene que hacer con tiempo, debe haber una preparación, entender las necesidades del grupo para poder montar procesos adecuados y que esta oportunidad histórica sirva para romper ciclos de violencia.

¿Por qué hay tanta prevención hacia el modelo colectivista de reintegración que plantean las Farc, finalmente no riñe con la Constitución, no es ilegal?

Yo creo que es por los resultados del pasado. Las experiencias cercanas y antiguas no han sido las más positivas en cuanto a productividad, pero no se pueden descartar modelos porque en el pasado no funcionaron. Lo que tenemos es que aprender del pasado para ver si esta vez sí somos capaces de sembrar semillas para que este país sea distinto. Pero hay que ser claros, esto requiere un proceso, unas líneas de base, saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. No será una imposición del gobierno, sino algo bien hecho entre las dos partes.

¿Qué pasará con los hombres y mujeres de las Farc cuando se acaben los 180 días previstos para el desarme?

Sería irresponsable pronunciarme. Eso está por definirse. En el punto de fin del conflicto está incluido el tema de dejación de armas y la reincorporación, que no se ha negociado. En unos días vamos a poder dar luces para saber qué pasa desde el día D hasta el 180 y más allá.

¿Eso significa que ustedes estarán presentes en las zonas de concentración atendiendo a los combatientes?

Si hace parte del acuerdo y el gobierno nos necesita, pondremos toda nuestra capacidad humana y técnica para hacer que ese acuerdo se materialice y se cumpla.

¿Hay un estimativo de cuánto costará la reincorporación de los miembros de las Farc?

Todo depende del acuerdo de la mesa, de los proyectos y de las actividades que pactemos. No hay un cálculo, pero el Ministro de Hacienda ha planteado que hay disponibilidad de recursos, una vez tengamos el acuerdo.

¿Y con cuántos recursos de la comunidad internacional se está contando para esta tarea?

La gestión del ministro Pardo en Estados Unidos tiene que ver con esos recursos. Pero hay que tener en cuenta que la cooperación internacional será muy importante en los primeros tres años, pero a largo plazo el desafío de construcción de paz debe ser un propósito nacional. La experiencia de Guatemala y del Salvador nos muestra que en esos primeros años, luego del acuerdo, vamos a ser el epicentro para el mundo, pero nuevos desafíos globales van a llevar la atención de la cooperación internacional a otros lugares y es ahí donde como nación, como sociedad, tenemos que tener una apuesta de colombianos para colombianos, en la construcción de la paz.

Una de las lecciones de expertos de El Salvador fue que los programas de reincorporación se centraron en los excombatientes pero los pobres de siempre no recibieron nada y eso generó un problema social…

Esa es una de las lecciones aprendidas. Estos programas tienen que ser equitativos y justos con las comunidades pobres, víctimas, que no tomaron las armas. Este debe ser un ejercicio para que los réditos y los dividendos de paz le lleguen a esas poblaciones más excluidas.

¿Ya tienen experiencias en ese sentido?

Todo lo hacemos con oferta pública y todos los cupos quedan para el territorio, a largo plazo la reintegración ha significado el fortalecimiento de la oferta pública en salud, en educación, en formación para el trabajo. Nuestra política se articula con la Unidad de Víctimas, hemos entendido que tenemos que compartir metodologías, políticas y mecanismos de coordinación.

Tenemos desde hace muchos años una estrategia de comunidades, para focalizar a la población receptora y fortalecer mecanismos de participación ciudadana y de resolución pacífica de conflictos. Tenemos la estrategia  de prevención de reclutamiento que va más allá de las personas en reintegración y sus familias y llega a los barrios marginales. Allí, a partir de arte, la cultura, el deporte y la recreación, se les da nuevos referentes a los niños, niñas y adolescentes que están viendo la ilegalidad como modelo de vida.

Tenemos un modelo de trabajo comunitario de 80 horas gratis en las fases más avanzadas del proceso de reintegración para que los desmovilizados puedan hacerse más visibles, romper la estigmatización y hacer las paces con las comunidades más afectadas por el conflicto. No somos una carga para el territorio, estamos inmersos en la discusión de la política social que redunda en beneficios de comunidades más cercanas a violencia e ilegalidad.

Esos avances suenan bien, pero en materia de empleabilidad y de oportunidades reales para los desmovilizados, la experiencia no es exitosa.

Le voy a dar tres ejemplos porque nuestra premisa es compararnos con otras poblaciones: si el colombiano promedio ha estudiado 8.5 años, el desmovilizado promedio lo ha hecho 6,5 años; si el colombiano promedio posee vivienda en un 25%, el desmovilizado promedio la tiene en un 15%; si el colombiano promedio trabaja un 51% en la informalidad, el desmovilizado promedio lo hace en un 69%. Eso quiere decir que somos un ejercicio de responsabilidad con otras poblaciones, que nuestra política debe ser un laboratorio de innovación que pueda mejorar condiciones para toda la población.

Hay varios departamentos, como Córdoba, donde la empleabilidad fue un fracaso. Allá la comunidad pide que el Estado les cumpla a los desmovilizados de las Farc, porque no lo hicieron con los paramilitares.

Sin hablar de algún territorio en particular, puedo decir que ciudades como Bogotá, Medellín o Cartagena tienen una gran capacidad de absorción en el sector privado, y van a jugar un rol muy importante, pero en territorios como Guaviare, Guainía, Caquetá o Córdoba, el principal empleador es el Estado. Ahí venimos identificando algunas posibilidades en el marco de la implementación de acuerdos, para garantizar empleo no solo a los que dejan las armas sino a toda la población.

Acaba de terminar en Pasto la Cumbre de Expertos Internacionales: reintegración, reconciliación y construcción de paz, que reunió a excombatientes, negociadores y funcionarios de países que han vivido conflictos como El Salvador, Guatemala, Filipinas, Irlanda del Norte, Kenia y Azerbayán. Las recomendaciones para Colombia fueron varias.

Que hay que administrar las expectativas, que no es indispensable ponerse de acuerdo sobre el pasado, pero sí sobre el presente y el futuro, dijo Facundo Guardado, excomandante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador. Que firmar el acuerdo es lo más fácil y que vendrán muchas dificultades, pero lo importante será encontrar salidas en la institucionalidad, advirtió Henry  Robinson, excombatiente del Ejército Republicano Irlandés (Ira), de Irlanda del Norte. Que no siempre el sentido común sirve para manejar los conflictos, ya que el cerebro humano funciona de manera diferente en la guerra que en la paz, explicó John Alderdice, de Reino Unido. Que pueden venir problemas por la oposición de grupos de ciudadanos a los acuerdos que retrasen el proceso, como sucedió en Filipinas y lo contó Miriam Coronel, la mujer que encabezó el equipo de gobierno en la negociación con la guerrilla islamista.

Tomando atenta nota, pero esforzándose por mostrar los avances de la Agencia Colombiana para la Reintegración, estaba Joshua Mitrotti, quien cumple año y medio a la cabeza de esta entidad por la que han pasado 49.000 hombres y mujeres que han dejado las armas de grupos ilegales. Sus esfuerzos están concentrados, en este momento, en llevarles a los jefes de las Farc una contra propuesta para pactar un modelo de reintegración que cumpla las expectativas de sus combatientes. En diálogo con Colombia2020 explica lo que ha recogido de los expertos internacionales y lo que tiene para ofrecerles a las Farc.

¿Cómo va la construcción del acuerdo con las Farc sobre el modelo de reintegración para sus combatientes?

Recibimos una propuesta de las Farc hace como dos semanas, sobre la que no me puedo pronunciar. Le puedo decir que como Gobierno estamos construyendo una propuesta articulada con muchas entidades que aun no se ha presentado en la mesa de negociación. Será allá donde recibiremos las observaciones y ojalá podamos acordar una propuesta que sea muy funcional para el objetivo de terminar la guerra. Los expertos internacionales nos lo han dicho: es fácil firmar el papel, pero lo complejo es materializarlo y la reincorporación es el primer paso para asegurar que las habilidades y competencias de estos hombres y mujeres que estuvieron como combatientes les sirvan para hacer un tránsito a la sociedad, a la familia, a la política, a la productividad.

¿Cuáles son los principales reparos que tienen las Farc al proceso y a la ruta que tiene la ACR?

Desafortunadamente no hemos podido hacer una buena pedagogía respecto a que el camino del desarme y desmovilización y reintegración individual de los desertores, es un camino fraccionado y repartido en varias entidades. En la agencia nos encargamos solo de la reintegración. No trabajamos en desarme y desmovilización que fue un modelo eficiente desde una visión antisubversiva. Trabajamos desde la dignidad, desde la humanidad de quien deja las armas. Esa es una primera dificultad que se puede resolver, entendiendo que nuestra función ha sido la de construir un proyecto de vida en la legalidad.

La segunda, es que este modelo ha atendido a paramilitares y desertores, pero no se puede descalificar porque ha atendido a quienes han sido mis enemigos o a quienes no me gustan. Hay que hacer una evaluación sensata, pausada y tranquila; hay que mirar de lo que hemos hecho, qué sirve y qué toca innovar o aprender de otros lados. En la agencia tenemos toda la disposición para hacerlo.

Hizo mucho daño la política de las Fuerzas Militares de pagar recompensas y promover la delación...

Eso no tiene nada que ver con la agencia. Hace muchos años entendimos que las personas en proceso de reintegración están protegidas por el Derecho Internacioal Humanitario (DIH) y no deben ser puestas en riesgo por el Estado frente a ninguna acción militar o policial.

Pero sí ocurrió…

Pero no desde la agencia. La ACR no lo promovió, no tiene programas de ese tipo, no tiene gastos reservados. Esas son diferencias que se pueden resolver. Lo importante es que estamos en función de materializar el acuerdo, lo que queremos es ayudar a que estas personas encuentren un lugar digno y dignificante en la sociedad.

¿Qué piensa de que las Farc no quieran insertarse en este modelo de la ACR y pidan recibir dineros de la comunidad internacional, manejarlos ellos mismos para unos proyectos colectivos?

La agencia no riñe con el modelo colectivo. Lo que promueve es que los ciudadanos tengan habilidades y competencias que le permitan desempeñarse en la sociedad. Tenemos experiencias exitosas donde comunidades enteras son productivas gracias a un enfoque comunitario de asociatividad. Nosotros lo que planteamos es que todo se tiene que hacer con tiempo, debe haber una preparación, entender las necesidades del grupo para poder montar procesos adecuados y que esta oportunidad histórica sirva para romper ciclos de violencia.

¿Por qué hay tanta prevención hacia el modelo colectivista de reintegración que plantean las Farc, finalmente no riñe con la Constitución, no es ilegal?

Yo creo que es por los resultados del pasado. Las experiencias cercanas y antiguas no han sido las más positivas en cuanto a productividad, pero no se pueden descartar modelos porque en el pasado no funcionaron. Lo que tenemos es que aprender del pasado para ver si esta vez sí somos capaces de sembrar semillas para que este país sea distinto. Pero hay que ser claros, esto requiere un proceso, unas líneas de base, saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. No será una imposición del gobierno, sino algo bien hecho entre las dos partes.

¿Qué pasará con los hombres y mujeres de las Farc cuando se acaben los 180 días previstos para el desarme?

Sería irresponsable pronunciarme. Eso está por definirse. En el punto de fin del conflicto está incluido el tema de dejación de armas y la reincorporación, que no se ha negociado. En unos días vamos a poder dar luces para saber qué pasa desde el día D hasta el 180 y más allá.

¿Eso significa que ustedes estarán presentes en las zonas de concentración atendiendo a los combatientes?

Si hace parte del acuerdo y el gobierno nos necesita, pondremos toda nuestra capacidad humana y técnica para hacer que ese acuerdo se materialice y se cumpla.

¿Hay un estimativo de cuánto costará la reincorporación de los miembros de las Farc?

Todo depende del acuerdo de la mesa, de los proyectos y de las actividades que pactemos. No hay un cálculo, pero el Ministro de Hacienda ha planteado que hay disponibilidad de recursos, una vez tengamos el acuerdo.

¿Y con cuántos recursos de la comunidad internacional se está contando para esta tarea?

La gestión del ministro Pardo en Estados Unidos tiene que ver con esos recursos. Pero hay que tener en cuenta que la cooperación internacional será muy importante en los primeros tres años, pero a largo plazo el desafío de construcción de paz debe ser un propósito nacional. La experiencia de Guatemala y del Salvador nos muestra que en esos primeros años, luego del acuerdo, vamos a ser el epicentro para el mundo, pero nuevos desafíos globales van a llevar la atención de la cooperación internacional a otros lugares y es ahí donde como nación, como sociedad, tenemos que tener una apuesta de colombianos para colombianos, en la construcción de la paz.

Una de las lecciones de expertos de El Salvador fue que los programas de reincorporación se centraron en los excombatientes pero los pobres de siempre no recibieron nada y eso generó un problema social…

Esa es una de las lecciones aprendidas. Estos programas tienen que ser equitativos y justos con las comunidades pobres, víctimas, que no tomaron las armas. Este debe ser un ejercicio para que los réditos y los dividendos de paz le lleguen a esas poblaciones más excluidas.

¿Ya tienen experiencias en ese sentido?

Todo lo hacemos con oferta pública y todos los cupos quedan para el territorio, a largo plazo la reintegración ha significado el fortalecimiento de la oferta pública en salud, en educación, en formación para el trabajo. Nuestra política se articula con la Unidad de Víctimas, hemos entendido que tenemos que compartir metodologías, políticas y mecanismos de coordinación.

Tenemos desde hace muchos años una estrategia de comunidades, para focalizar a la población receptora y fortalecer mecanismos de participación ciudadana y de resolución pacífica de conflictos. Tenemos la estrategia  de prevención de reclutamiento que va más allá de las personas en reintegración y sus familias y llega a los barrios marginales. Allí, a partir de arte, la cultura, el deporte y la recreación, se les da nuevos referentes a los niños, niñas y adolescentes que están viendo la ilegalidad como modelo de vida.

Tenemos un modelo de trabajo comunitario de 80 horas gratis en las fases más avanzadas del proceso de reintegración para que los desmovilizados puedan hacerse más visibles, romper la estigmatización y hacer las paces con las comunidades más afectadas por el conflicto. No somos una carga para el territorio, estamos inmersos en la discusión de la política social que redunda en beneficios de comunidades más cercanas a violencia e ilegalidad.

Esos avances suenan bien, pero en materia de empleabilidad y de oportunidades reales para los desmovilizados, la experiencia no es exitosa.

Le voy a dar tres ejemplos porque nuestra premisa es compararnos con otras poblaciones: si el colombiano promedio ha estudiado 8.5 años, el desmovilizado promedio lo ha hecho 6,5 años; si el colombiano promedio posee vivienda en un 25%, el desmovilizado promedio la tiene en un 15%; si el colombiano promedio trabaja un 51% en la informalidad, el desmovilizado promedio lo hace en un 69%. Eso quiere decir que somos un ejercicio de responsabilidad con otras poblaciones, que nuestra política debe ser un laboratorio de innovación que pueda mejorar condiciones para toda la población.

Hay varios departamentos, como Córdoba, donde la empleabilidad fue un fracaso. Allá la comunidad pide que el Estado les cumpla a los desmovilizados de las Farc, porque no lo hicieron con los paramilitares.

Sin hablar de algún territorio en particular, puedo decir que ciudades como Bogotá, Medellín o Cartagena tienen una gran capacidad de absorción en el sector privado, y van a jugar un rol muy importante, pero en territorios como Guaviare, Guainía, Caquetá o Córdoba, el principal empleador es el Estado. Ahí venimos identificando algunas posibilidades en el marco de la implementación de acuerdos, para garantizar empleo no solo a los que dejan las armas sino a toda la población.