18 Sep 2021 - 2:00 a. m.

Las casas para los excombatientes, más allá del debate entre Farc y Gobierno

Aunque pareciera una discusión política entre ambas partes, en todo el mundo hay estándares sobre las viviendas para los pobladores rurales después de una guerra. Construir las casas donde vivirán por años es más que entregar un lote de tierra, dice ONU Hábitat.

En 1997, el proceso de desarme, desmovilización y reincorporación a la vida civil de excombatientes en Ruanda, tras el genocidio del pueblo tutsi entre abril y julio de 1994, fue la primera experiencia de paz tras la caída de la Unión Soviética, en la que el componente de vivienda para antiguos actores armados entró como algo prioritario en la reconstrucción del tejido social.

En ese entonces, tanto paramilitares como soldados hutus, acusados de delitos de lesa humanidad, llegaron al Centro de Desmovilización de Mutobo, al norte del país africano, lugar en el que iniciaron una nueva vida en la legalidad, con el Banco Mundial (BM) como garante de procesos económicos y sociales.

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Allí se comenzaron a construir las primeras viviendas para esta población, teniendo en cuenta el uso de materiales acordes a las condiciones climáticas y la calidad del suelo. Fueron rudimentarias en temas estéticos, como se lee en un informe del BM, pero se acoplaron a las necesidades iniciales de los excombatientes, en relación con saneamiento y mejor interacción social. Años después, en 2008, estos proyectos se focalizaron hacia la construcción de 832 viviendas para excombatientes con discapacidades físicas. La idea aquí era brindarles espacios de alta durabilidad, en los que pudieran ser independientes y en constante interacción con su comunidad.

Estos procesos en Ruanda fueron parte de los insumos que tuvo en cuenta el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat) a la hora de construir un manual, para el nuevo milenio, que recomendara las formas de ejecutar construcciones de viviendas rurales en este tipo de contextos con población vulnerable, ya fuera con antiguos actores armados, refugiados o desplazados forzosamente. A la luz de esta organización, los temas de dignidad humana y reintegración a la vida social comenzaron a ir estrictamente de la mano con los materiales utilizados para ejecutar esas obras.

En Colombia, desde la semana pasada, surgió un rifirrafe que involucra estos temas entre representantes en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) de las antiguas Farc, encabezado por el firmante de paz Pastor Alape, y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Todo debido a que los excombatientes exigieron que se debían cambiar los materiales y métodos de construcción de los proyectos de vivienda en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Llanogrande (Dabeiba, Antioquia), entre otras cosas porque el modelo steel framing (relacionado con estructuras de acero), utilizado en este caso, no permitía una ampliación de las viviendas a largo plazo y su comportamiento frente al agua tendía a ser débil.

“El diseño para una vivienda tipo rural no puede reducirse a una espacialidad de 54 metros cuadrados como la que ellos proponen. La estructura de acero y cartón con la que están pensando hacer las casas en Dabeiba no genera la posibilidad de que la vivienda se siga ampliando. En la ARN se están enredando con lo estrictamente técnico, no han estudiado nuestras condiciones sociales allí y pareciera como si nos quisieran hacer por hacer un modelo de casa urgente como las que necesita Providencia. El Gobierno no pudo hacerlas allí y es como si quisieran compensar construyéndolas acá. No obstaculizamos ninguna construcción, pero es cierto que queremos algo digno y un proyecto en el que tengamos participación y diálogos comunitarios reales”, le dijo Pastor Alape a Colombia+20.

Por su parte, Andrés Stapper, director de la ARN, aseguró que el steel framing es una apuesta de largo plazo, de rápida y efectiva construcción, que cuenta con todo el aval internacional en materia de viviendas rurales. Según el funcionario, junto con el Ministerio de Vivienda han realizado estudios de prefactibilidad del proyecto por una suma que ronda los $12.000 millones y que una obstaculización en las obras significaría un retraso de hasta tres años en las construcciones de viviendas para ex-Farc en Dabeiba y en los antiguos ETCR de Los Monos, La Fila, Mutatá y Filipinas, ubicados en otras zonas del país.

“Está comprobado que las obras con steel framing tienen una durabilidad de hasta 200 años. Si ellos insisten en hacer un nuevo diseño con mampostería estructural no solo va a haber demoras en planificación o ejecución, sino que seguro se vendrán nuevos desencuentros, porque con esto demuestran que no están de acuerdo ni con materiales ni métodos”, agregó Stapper la semana pasada.

De entrada, una de las cosas que plantea ONU Hábitat es precisamente que debe haber consensos entre las partes que intervienen en la construcción de la vivienda y los habitantes, pues esto no debe ser algo impuesto, entendiendo que “el derecho a una vivienda adecuada no es lo mismo que el derecho a la tierra”, como se lee en uno de los apartados del manual. En otras palabras, la construcción de las casas donde vivirán por años junto a sus familias no es igual a simplemente adjudicarles un lote de tierra.

En materia técnica para la realización de este tipo de viviendas, lo que plantea ONU Hábitat es que las casas deben contar con una adecuada alternativa para los proyectos de desarrollo y crecimiento de sus habitantes. Es decir, que su estructura debe estar hecha con materiales que permitan a futuro una fácil extensión en metraje, ya sea para ampliar zonas comunes o diseñar nuevos espacios interiores.

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A su vez, este manual propone que estas construcciones deben hacerse en terrenos aptos que minimicen riesgos sísmicos y que se ubiquen cerca de centros de servicios médicos y donde se pueda tener fácil acceso a recursos para la seguridad alimentaria, entre otras directrices. Igualmente, que el uso de materiales es clave en los procesos de diálogo, pues forma parte de los estándares de accesibilidad y ubicación, a su vez que en ellos se debe sentir la adecuación cultural de los que van a habitar estas viviendas.

Análisis de las obras

Carolina Blanco, investigadora y Ph.D en arquitectura y diseño estructural de la Universidad de Hokkaido (Japón), les ha seguido la pista a los proyectos de vivienda para excombatientes en el posconflicto colombiano.

De acuerdo con ella, es normal que los firmantes de paz aleguen hasta en los más mínimos detalles en torno a la construcción de sus viviendas, pues “llevan años en una irregularidad habitacional que no les ha permitido tener un ambiente residencial apropiado y esto no se debe tomar como un favor”.

Blanco, refutando algunos puntos de Andrés Stapper, aseguró que si bien el steel framing no genera mayores problemas en temas estructurales, a menos que no se haga con suficientes placas que robustezcan la fachada, y puede funcionar para mejorar temas de acústica dentro de las viviendas, “es fatal para climas fríos, pues los muros en ese método de construcción no llegan hasta el techo. Entiendo que muchos se harán en climas cálidos, pero cuando eso no suceda tocará replantear el método”.

Aún así, la arquitecta agregó que “el steelframework como tal no es un mal material y es verdad que tiene ventajas de transporte y reducción de volumen por escombros, porque se arman los paneles de acuerdo a la necesidad de áreas y se cortan a gusto. Usualmente involucran un diseño modular que minimiza el desperdicio, pero hay familias que han esperado décadas para regularizar su espacio residencial y no están con el afán de resolver sus unidades habitacionales en cuestión de meses si no se sienten completamente seguras sobre las ventajas de esta solución, que puede parecerles ajenas y no convencionales.”

Otro tema que alerta a la investigadora es que desde hace lustros, tomando como referencia un Manual de Proyectos de la Universidad de Liverpool, coeditado por el gobierno sueco en 1983, se habla de que la base internacional para construir una vivienda rural de esta categoría es el involucramiento de las personas, pues estos procesos, dice, son denominados como “autoconstrucción dirigida” y sirven para reconstruir tejidos sociales, pues involucran a los habitantes en distintos niveles dentro de los procesos de obra.

“Considero que la ARN no los ha escuchado del todo. Tiene que haber transparencia total mostrando materiales, grosores reales, comportamiento de las estructuras con el agua, y todo eso la comunidad lo debe saber. Si no hay eso, naturalmente los ex-Farc van a pensar que solo les están dando una casa prefabricada como cualquier otra y eso, además de no estar dentro de los estándares internacionales para este tipo de viviendas, afecta los lazos de confianza en la construcción de paz, que son a mediano y largo plazo. Ojalá haya un reconocimiento más real del Estado para hacer de estas vivienda lugares dignos y participativos”, concluyó Blanco.

Gobierno y ex-Farc formalizan Mesa Técnica de Reincorporación

Tras una reunión entre el Gobierno Nacional y el Consejo Nacional de Reincorporación, del componente Farc, ambas partes pactaron que se formalizara una Mesa Técnica conformada por los ministerios de Vivienda y Agricultura, además de la participación de la Agencia Nacional de Tierras.

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Esto se hace con el fin de fortalecer los procesos de los firmantes de paz en lo relacionado a garantías de seguridad y acceso a una vivienda digna. Sobre este último tema se buscarán fortalecer las rutas institucionales existentes para que los ex-Farc accedan a información pública y actualizada, que esté dentro de los parámetros legales del Estado.

Según Pastor Alape, consultado por este diario luego de dicho encuentro, “a pesar de las diferencias técnicas que se tengan con el Gobierno, este es un paso en firme para seguir con las garantías que buscamos desde la firma del Acuerdo de Paz. Sabemos que este no es un compromiso propiamente suscrito desde La Habana, pero es un deber constitucional que nos incluye”.

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