19 Apr 2021 - 2:00 a. m.

Las muertes de tres campesinos del Sumapaz por las que nadie responde

Ocho militares fueron condenados a más de 30 años por asesinar a los tres campesinos bajo la modalidad de “falsos positivos”, pero un tribunal los absolvió en segunda instancia. Los magistrados que los absolvieron hoy son investigados en la Corte Suprema por haber recibido supuestas dádivas a cambio de torcer fallos judiciales. Esta es la historia.

Durante los seis meses que siguieron a la muerte de sus dos hijos, Pedro Julio Cubillos se embriagó cada fin de semana y se paró frente a la base militar del corregimiento de San Juan, en el páramo de Sumapaz, a reclamarles a quienes señalaba como culpables. Que lo mataran a él también, como habían hecho con sus muchachos, les recriminaba. El 18 de marzo de 2005, sus hijos Javier y Wilder, junto con Heriberto Delgado Morales, viejo amigo de ellos, habían salido hacia el centro del páramo y solo los volvieron a ver en la morgue de Fusagasugá, cuando los presentaron como guerrilleros muertos en combate con el Ejército.

Ese 18 de marzo, el viernes antes de Semana Santa, los tres jóvenes campesinos de 21 a 23 años salieron de San Juan hacia el sector conocido como La Hoya de los Tunos, ya en el lado del Meta, a cuidar un ganado que el padre de los dos hermanos tenía en esa zona y a pescar la trucha para comer con su familia el Viernes Santo. Una vieja tradición para los tres, que nacieron y se criaron en San Juan del Sumapaz y se dedicaban a echar azadón, guadaña, desyerbar papa y a las peleas de gallos.

Para entonces, hacía ya casi quince años que en la región se habían acostumbrado a ver a los guerrilleros en uniforme pasando por los caseríos. Luego de que el Gobierno Nacional bombardeó Casa Verde, el campamento madre de las Farc y sede de su secretariado, el 9 de diciembre de 1990, la insurgencia se replegó y entre las zonas por las que se regaron estuvo primordialmente el Sumapaz, que conectaba con ese antiguo campamento a través de senderos aún hoy poco conocidos del cañón del Duda.

También se habían acostumbrado a ver a los militares, que apenas ocho días después del operativo a Casa Verde, el 17 de diciembre, hicieron un ambicioso despliegue en el Sumapaz detrás de la guerrilla, pero también detrás del movimiento campesino de la región, al que acusaban de estar vinculado a la insurgencia. En la zona hablan de detención de campesinos, interrogatorios, judicializaciones y torturas, que trazaron desde el principio una relación hostil entre el Ejército y la comunidad.

Cuando pasaron varios días sin que los tres muchachos volvieran, sus familias y los vecinos empezaron a escuchar en la radio que habían muerto tres guerrilleros en combates entre el Ejército y las Farc en el páramo. Empezaron a averiguar por los muertos, pero los militares de la zona decían que los abatidos tenían más de treinta años, que no coincidían con los hermanos Cubillos ni Heriberto Delgado, y que los habían enviado a Fusa. Sin embargo, Pedro Julio Cubillos salió para ese municipio y otros vecinos se fueron a buscarlos al nevado adonde se habían ido a pescar.

Tenían razones para desconfiar del Ejército. Heriberto Delgado Morales era de una familia que tenía una historia de desencuentros con los militares. “Mi familia ha sido, cómo le dijera yo… más de comunismo que de cualquier otro sector”, sostiene Dora Elsa Morales, madre de Heriberto. Vladimiro Morales, tío de él, ha sido directivo del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz, la organización con la que prácticamente toda la comunidad tiene relación y regula la vida comunitaria en la zona. Cuando entró el Ejército, lo apresaron al señalarlo de guerrillero y estuvo casi dos años en la cárcel sin que pudieran demostrarle vínculo alguno con la insurgencia. Su padre, a su vez, fue Israel Morales, amnistiado de la época de la Violencia, a quien cuando estuvo en armas conocieron con el nombre de Malicia, y que con la militarización tuvo que salir del Sumapaz por la persecución.

De eso da testimonio hoy Misael Baquero, líder campesino de la zona, quien también fue perseguido en su momento por el Ejército. Cuando entraron en diciembre del 90, fue uno de los que apresaron y tras recuperar la libertad por unos meses volvió a ser encarcelado, esta vez por cinco años, hasta que salió en noviembre de 1998. Nunca se le comprobó vinculación alguna con la guerrilla y, por el contrario, hoy es reconocido como víctima del conflicto, tanto así que el pasado 11 de abril dio la patada que abrió el clásico Millonarios vs. Santa Fe, en Bogotá, en honor al Día de las Víctimas, en un acto organizado por la Alcaldía. “La persecución nunca fue por hechos, fue por lo que uno era políticamente, por pensar diferente”, sostiene.

Cuando Pedro Julio Cubillos llegó a la morgue de Fusa, encontró que los tres abatidos de los que hablaba el Ejército sí eran los muchachos de la vereda. Los encontró con múltiples impactos de bala, con severas contusiones y lesiones en brazos y piernas, como si los hubieran torturado. Al cuerpo de Heriberto Delgado le faltaban los genitales. Eso coincidía con lo que encontraron los que se fueron hasta la parcela donde iban a estar los muchachos. Según ellos, en la finca pudieron ver que habían alcanzado a prender la fogata para poner al fuego los conejos que habrían cazado los jóvenes y había cabuyas y otros rastros de que a ellos los habían sacado de la casa.

La versión que entregaron varios militares, como quedaría consignado después en la sentencia que condenó a ocho de ellos por esas muertes, es que sucedieron en el marco de la orden de operaciones Kenia, dentro del plan del Batallón de contraguerrilla N.° 13 Cacique Timanco, orientado a combatir al frente 53 de las Farc y neutralizar al Zarco, su cabecilla y hombre de confianza de Henry Castellanos, conocido en la guerra como Romaña, el comandante de las Farc fuerte en el páramo, que volvió a las armas en marzo de 2019.

Ese 18 de marzo, según los militares, el pelotón Marte 4, al mando del subteniente Camilo Javier Romero Abril, divisó desde la parte alta de la laguna Los Sitiales a un puñado de guerrilleros al borde del lago. Al acercarse a ellos, según dijeron, fueron recibidos a bala desde varias partes del páramo y se produjo un combate que pudo haber durado unos diez minutos. Por las difíciles condiciones climáticas y la oscuridad de la noche, se replegaron y hasta la mañana siguiente regresaron a verificar la zona del combate y fue allí donde encontraron los cadáveres de los hermanos Cubillos y de Heriberto Delgado. Dijeron que dos reinsertados de las Farc que servían de guías a la tropa los reconocieron como milicianos del frente 53. Sobre el hecho de que junto a los cuerpos no fueran halladas armas, explicaron que era probable que durante la noche los demás guerrilleros que participaron del combate se las hubieran llevado.

El Juzgado Penal del Circuito de Acacías (Meta) desvirtuó por completo la argumentación del Ejército en sentencia del 17 de enero de 2008. Encontró que no se había probado que los jóvenes campesinos tuvieran vínculos con la insurgencia y que, por el contrario, numerosos testimonios de pobladores de la zona los reconocieron como miembros de la comunidad, provenientes de familias con liderazgo en la región y relacionados con el Partido Comunista y la Unión Patriótica. Dijo el juzgado que no todo el que habitara o pasara por el páramo era guerrillero y que el combate del que hablaban los militares “solo existió en la ideación fantasiosa de los uniformados con la finalidad tal vez de justificar su arbitrario proceder”.

Respaldó las versiones de la Fiscalía, la Procuraduría y la comunidad, en las que se manifestaba que, de acuerdo con lo encontrado en la finca donde fueron asesinados los jóvenes, como daños al interior de la vivienda, utensilios de cocina destruidos, prendas de vestir tiradas a las afueras y rastros de sangre más cerca de la casa que de la laguna, se podía dar credibilidad a la versión de que los muchachos fueron sacados de la vivienda. Por ello, condenó al subteniente Romero Abril a 37 años de cárcel y al cabo segundo Elkin Darío Parra Sierra y los soldados profesionales Juan Basto Flórez, Jairo Alonso Basto, Marco Gabriel Santana, John Alexánder Londoño, Julio César Ayala y Guillermo Cifuentes Ortiz a 35 años de prisión. A su vez, el Juzgado Primero del circuito de Villavicencio condenó a la nación por esas muertes y ordenó la reparación material a los familiares de las víctimas.

Pero cinco años después, el Tribunal Superior de Villavicencio echó la condena para atrás. Básicamente, aplicó el principio jurídico in dubio pro reo, según el cual en caso de que haya duda, debe fallarse a favor de los imputados. “No descarta la sala que los occisos puedan ser campesinos de la región y no puede afirmar con grado de certeza que sean guerrilleros”, se lee en el fallo. Igual razonamiento aplicó con el combate: no se pudo probar que existió, pero tampoco puede descartarse que se haya presentado. Además, dice el fallo, “no puede dejarse de lado que la zona no es ningún remanso de paz”.

En la decisión se hizo especial énfasis en la presencia que tenían las Farc en la zona y en la influencia que podían tener sobre la comunidad. Por eso, sobre la versión de los pobladores (sustentada por la Fiscalía, la Procuraduría y el juez de primera instancia) dijo que tenía explicación en que “la mayoría de los lugareños, en razón de su ideología y adoctrinamiento, son poco afectos a las instituciones del Estado, principalmente el Ejército, y por tanto no es aventurado sospechar que quieran, a su manera, buscar ‘justicia’”. Decidió entonces resaltar la duda y absolver a los ocho procesados.

No obstante, tres de los cuatro magistrados que emitieron ese fallo absolutorio enfrentan un juicio en la Corte Suprema de Justicia, pues según la Fiscalía hicieron parte de una red de corrupción en el Tribunal de Villavicencio. Según el ente investigador, los magistrados Joel Darío Trejos, Alcibíades Vargas Bautista y Fausto Rubén Díaz habrían recibido dádivas a cambio de torcer fallos en ese tribunal. El último de los tres presentó un salvamento de voto en la absolución a los militares y dijo que estaba de acuerdo con la sentencia de primera instancia. Hasta el momento, este proceso no hace parte del dosier que tiene la Fiscalía sobre casos en los que se pudo haber viciado la decisión por parte de los magistrados del Tribunal.

El caso de estas familias lo llevó la Corporación Reiniciar, la misma que ha manejado los casos de la Unión Patriótica y el Palacio de Justicia, que interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ese alto tribunal decidió no estudiar el caso. Hasta ahí llegó el proceso a nivel penal.

En el páramo es un hecho que los tres jóvenes fueron ajusticiados por el Ejército en un caso de falsos positivos, pero además en medio de la persecución al movimiento campesino del Sumapaz, del que hacían parte las víctimas. “A mí lo que me tiene aquí peleando son mis hijos, porque me quedaron más; si hubiera tenido solo ese hijo, yo quién sabe qué hubiera hecho. Porque le arrebatan a uno un pedacito de vida”, dice Dora Elsa Morales, que tuvo otros seis hijos además de Heriberto. También tiene a sus nietos, porque cuando mataron a Heriberto, él ya era padre de tres varones.

No es el mismo caso de Pedro Julio Cubillos, a quien le mataron los únicos dos hijos que tuvo. Con el tiempo la comunidad lo convenció de que dejara de encarar al Ejército y dejó de beber. Con la indemnización que le dio el Estado luego del fallo que condenó a la Nación se compró una casa en Pasca, a la orilla del camino, donde vive solo y levantó cultivos de mora y uchuva. Pero no sabe hasta cuándo podrá seguir trabajando la tierra, porque trabajó tantos años fumigando cultivos con pesticidas, que tiene afectados los pulmones y ya no tiene la fuerza de antes. “Si a los muchachos no me los hubiera matado el Ejército yo estaría de otra manera. Ellos estarían conmigo, tendríamos fincas por allá y estaríamos trabajando. Ellos con sus familias y yo con el apoyo de ellos”, dice.

En las últimas semanas, entre la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Alta Consejería para las Víctimas de Bogotá y el partido Comunes se ha estado organizando un acto de reconocimiento en el páramo de Sumapaz para que los representantes de la antigua guerrilla de las Farc les pidan perdón a la comunidad por los daños que le causaron. Entre ellos, el asesinato y la desaparición de tres ediles de la localidad en 2009. Pero, a su vez, en el páramo piden que en el acto esté también el Ejército, que tiene deudas pendientes con los pobladores, a quienes siempre vinculó con la insurgencia.

—En esta zona molestaba así el Ejército porque decía que toda la gente del páramo de Sumapaz éramos guerrilleros. Una partida de guerrilleros. Y todavía como que dicen que la gente del Sumapaz tiene fama de ser guerrilleros.

—¿Por qué?

—Porque la guerrilla por ahí pasaba.

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