Las objeciones de los exmilitares al acuerdo de paz

Con las firmas de 28 excomandantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía, se materializó el inconformismo que ronda las guarniciones militares respecto a la implementación del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc a finales de 2016. En una carta de tres pliegos dirigida al presidente Juan Manuel Santos, bajo la referencia “Preocupaciones sobre seguridad nacional y tratamiento especial diferenciado para miembros de la Fuerza Pública”, los exoficiales de las Fuerzas Armadas exteriorizaron sus reclamos sobre distintos aspectos hoy en debate.

Lea también: Los miedo de los militares en la JEP

En primer término, manifiestan su inquietud por lo que consideran la creación, a toda costa, de “zonas permanentes y no de carácter transitorio en los sitios acordados, para conformar peligrosos asentamientos con grupos no desmovilizados y comunidades afectas, que potencialmente y hacia el futuro inmediato, se constituirían en graves amenazas y factor de perturbación, tal como aconteció en el pasado con las llamadas ‘repúblicas independientes’ que tanto daño causaron a la integridad de la nación”.

Según los firmantes de la misiva, también les preocupa la conformación, en el interior de la Unidad Nacional de Protección, “de una organización constituida por escoltas pertenecientes a las Farc y por otros miembros con funciones administrativas, en desarrollo de los esquemas de seguridad acordados para la implementación de este programa”. La sugerencia de los exuniformados es que se establezcan, con carácter prioritario, “estrictos mecanismos de supervisión por parte de la Fuerza Pública, a fin de evitar riesgos futuros que generen intranquilidad ciudadana”.

La manifestación de los exmilitares aborda otro tema de controversia nacional: el proyecto de acto legislativo que incorporará la Jurisdicción Especial de Paz y que avanza hacia su último debate en el Senado. Aunque reconocen que durante su trámite en el Congreso de la República han sido admitidas algunas proposiciones frente al tema del tratamiento especial diferenciado para agentes del Estado, sostienen que queda pendiente “la supresión de términos innecesarios e inconvenientes en lo referentes a la sustentación legal de las reglas operaciones”.

En su criterio, lo que se busca es que no haya interpretaciones jurídicas equivocadas en perjuicio de los militares inculpados y que se establezca con precisión “que la normatividad operacional que hoy está consignada en reglamentos, manuales y directivas se debe presumir acorde con la legalidad”. El propósito principal de los exoficiales es que se fortalezcan los estándares internacionales establecidos, sin el más mínimo indicio de impunidad, bajo el concepto de la “prevalencia del derecho interno sobre la legislación internacional”.

De igual manera, los exmilitares sostienen que están preocupados por la presencia de algunos extranjeros en el Comité Seleccionador de los magistrados que integrarán el Tribunal Especial de Paz. Según la carta, se trata de personas de reconocido perfil y posición ideológica que se han destacado por ideas opuestas al “tradicional pensamiento demócrata institucional” y por eso “no ofrecen garantías de imparcialidad a las instituciones militares”. Es claro que se refieren al peruano Diego García-Sayán y el argentino Juan E. Méndez.

En el primer borrador que se conoció de la carta se incluían los nombres y las razones de la desconfianza hacia estos juristas. De García-Sayán se decía que “como ministro de Justicia de su país firmó distintas resoluciones para acortar penas y rebajas de sentencias en favor de muchos terroristas pertenecientes a Sendero Luminoso. Y como miembro de la Comisión Andina de Juristas, impulsó también varias amnistías e indultos en beneficio de esta organización. En su condición de juez y presidente de la CIDH, participó en fallos condenatorios contra nuestro país como las masacres de Mapiripán, Pueblo Bello, Ituango, y otros”.

Del argentino, designado por el Centro Internacional de Justicia Transicional, los oficiales expresaban en el borrador de la carta divulgado por El Espectador en su edición del pasado 21 de febrero: “En su condición de abogado, Juan E Méndez, tuvo participación directa en la defensa de integrantes de organizaciones terroristas peronistas. Además, fue sometido a varios arrestos durante el gobierno de la Junta Militar”, que ostentó el poder en su país entre 1976 y 1983.

En opinión de los exmilitares, el presidente Santos debería establecer procedimientos estrictos para la selección y el nombramiento de los magistrados del Tribunal Especial de Paz, para que no suceda lo mismo que aconteció con la Comisión Histórica del Conflicto, donde, según ellos, se señaló como responsable y principal generador de violencia al Estado colombiano. Una preocupación igual a la que expresan por el aplazamiento que se ha dado para otorgar tratamiento especial diferenciado a los miembros de la Fuerza Pública en materia de suspensión de la persecución penal y la libertad transitoria y anticipada, frente a la amnistía e indultos que se van a otorgar a los miembros de las Farc.

La principal novedad del documento es la firma del excomandante de las Fuerzas Militares general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, quien durante los cuatro años de diálogos de paz en La Habana hizo parte del equipo de negociación. A título individual, Mora no ha querido hacer comentarios. En los círculos políticos se dice que ha habido un fuerte distanciamiento entre él y el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y que la postura del exoficial obedece a la convicción de que los altos mandos de ayer no pueden ser inferiores a las expectativas de los subalternos que tuvieron que comandar.

Entre los firmantes también aparecen el general (r) Rafael Samudio Molina, ministro de Defensa en la era de Virgilio Barco; el general (r) Hernán José Guzmán, comandante de las Fuerzas Militares durante el gobierno de César Gaviria, y el general (r) Manuel José Bonett, comandante de las Fuerzas Armadas en el mandato de Ernesto Samper. Llama la atención que en la lista de 28 exoficiales únicamente aparece uno vinculado a la Policía Nacional, el director de la institución en los tiempos de Andrés Pastrana, general (r) Luis Ernesto Gilibert.

Aunque las inquietudes de los excomandantes apuntan al temor a que sean procesados por la justicia internacional y específicamente a lo que se ha denominado como la cadena de mando, las otras preocupaciones coinciden con reparos que a puerta cerrada se han venido conociendo de voceros de Estados Unidos. En este ámbito, preocupa el incremento que han tenido los cultivos de coca en Colombia, razón por la cual en los próximos días se tienen previstas reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado para despejar dudas acerca de lo que está sucediendo hoy en varios territorios del país.

Los reclamos de los militares llegan en un momento crucial, pues las encuestas de esta semana exponen una fuerte caída en la credibilidad del presidente Santos. Además se producen justo de cara al último debate en la plenaria del Senado del acto legislativo que le dará vida a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Con las firmas de 28 excomandantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía, se materializó el inconformismo que ronda las guarniciones militares respecto a la implementación del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc a finales de 2016. En una carta de tres pliegos dirigida al presidente Juan Manuel Santos, bajo la referencia “Preocupaciones sobre seguridad nacional y tratamiento especial diferenciado para miembros de la Fuerza Pública”, los exoficiales de las Fuerzas Armadas exteriorizaron sus reclamos sobre distintos aspectos hoy en debate.

Lea también: Los miedo de los militares en la JEP

En primer término, manifiestan su inquietud por lo que consideran la creación, a toda costa, de “zonas permanentes y no de carácter transitorio en los sitios acordados, para conformar peligrosos asentamientos con grupos no desmovilizados y comunidades afectas, que potencialmente y hacia el futuro inmediato, se constituirían en graves amenazas y factor de perturbación, tal como aconteció en el pasado con las llamadas ‘repúblicas independientes’ que tanto daño causaron a la integridad de la nación”.

Según los firmantes de la misiva, también les preocupa la conformación, en el interior de la Unidad Nacional de Protección, “de una organización constituida por escoltas pertenecientes a las Farc y por otros miembros con funciones administrativas, en desarrollo de los esquemas de seguridad acordados para la implementación de este programa”. La sugerencia de los exuniformados es que se establezcan, con carácter prioritario, “estrictos mecanismos de supervisión por parte de la Fuerza Pública, a fin de evitar riesgos futuros que generen intranquilidad ciudadana”.

La manifestación de los exmilitares aborda otro tema de controversia nacional: el proyecto de acto legislativo que incorporará la Jurisdicción Especial de Paz y que avanza hacia su último debate en el Senado. Aunque reconocen que durante su trámite en el Congreso de la República han sido admitidas algunas proposiciones frente al tema del tratamiento especial diferenciado para agentes del Estado, sostienen que queda pendiente “la supresión de términos innecesarios e inconvenientes en lo referentes a la sustentación legal de las reglas operaciones”.

En su criterio, lo que se busca es que no haya interpretaciones jurídicas equivocadas en perjuicio de los militares inculpados y que se establezca con precisión “que la normatividad operacional que hoy está consignada en reglamentos, manuales y directivas se debe presumir acorde con la legalidad”. El propósito principal de los exoficiales es que se fortalezcan los estándares internacionales establecidos, sin el más mínimo indicio de impunidad, bajo el concepto de la “prevalencia del derecho interno sobre la legislación internacional”.

De igual manera, los exmilitares sostienen que están preocupados por la presencia de algunos extranjeros en el Comité Seleccionador de los magistrados que integrarán el Tribunal Especial de Paz. Según la carta, se trata de personas de reconocido perfil y posición ideológica que se han destacado por ideas opuestas al “tradicional pensamiento demócrata institucional” y por eso “no ofrecen garantías de imparcialidad a las instituciones militares”. Es claro que se refieren al peruano Diego García-Sayán y el argentino Juan E. Méndez.

En el primer borrador que se conoció de la carta se incluían los nombres y las razones de la desconfianza hacia estos juristas. De García-Sayán se decía que “como ministro de Justicia de su país firmó distintas resoluciones para acortar penas y rebajas de sentencias en favor de muchos terroristas pertenecientes a Sendero Luminoso. Y como miembro de la Comisión Andina de Juristas, impulsó también varias amnistías e indultos en beneficio de esta organización. En su condición de juez y presidente de la CIDH, participó en fallos condenatorios contra nuestro país como las masacres de Mapiripán, Pueblo Bello, Ituango, y otros”.

Del argentino, designado por el Centro Internacional de Justicia Transicional, los oficiales expresaban en el borrador de la carta divulgado por El Espectador en su edición del pasado 21 de febrero: “En su condición de abogado, Juan E Méndez, tuvo participación directa en la defensa de integrantes de organizaciones terroristas peronistas. Además, fue sometido a varios arrestos durante el gobierno de la Junta Militar”, que ostentó el poder en su país entre 1976 y 1983.

En opinión de los exmilitares, el presidente Santos debería establecer procedimientos estrictos para la selección y el nombramiento de los magistrados del Tribunal Especial de Paz, para que no suceda lo mismo que aconteció con la Comisión Histórica del Conflicto, donde, según ellos, se señaló como responsable y principal generador de violencia al Estado colombiano. Una preocupación igual a la que expresan por el aplazamiento que se ha dado para otorgar tratamiento especial diferenciado a los miembros de la Fuerza Pública en materia de suspensión de la persecución penal y la libertad transitoria y anticipada, frente a la amnistía e indultos que se van a otorgar a los miembros de las Farc.

La principal novedad del documento es la firma del excomandante de las Fuerzas Militares general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, quien durante los cuatro años de diálogos de paz en La Habana hizo parte del equipo de negociación. A título individual, Mora no ha querido hacer comentarios. En los círculos políticos se dice que ha habido un fuerte distanciamiento entre él y el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, y que la postura del exoficial obedece a la convicción de que los altos mandos de ayer no pueden ser inferiores a las expectativas de los subalternos que tuvieron que comandar.

Entre los firmantes también aparecen el general (r) Rafael Samudio Molina, ministro de Defensa en la era de Virgilio Barco; el general (r) Hernán José Guzmán, comandante de las Fuerzas Militares durante el gobierno de César Gaviria, y el general (r) Manuel José Bonett, comandante de las Fuerzas Armadas en el mandato de Ernesto Samper. Llama la atención que en la lista de 28 exoficiales únicamente aparece uno vinculado a la Policía Nacional, el director de la institución en los tiempos de Andrés Pastrana, general (r) Luis Ernesto Gilibert.

Aunque las inquietudes de los excomandantes apuntan al temor a que sean procesados por la justicia internacional y específicamente a lo que se ha denominado como la cadena de mando, las otras preocupaciones coinciden con reparos que a puerta cerrada se han venido conociendo de voceros de Estados Unidos. En este ámbito, preocupa el incremento que han tenido los cultivos de coca en Colombia, razón por la cual en los próximos días se tienen previstas reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado para despejar dudas acerca de lo que está sucediendo hoy en varios territorios del país.

Los reclamos de los militares llegan en un momento crucial, pues las encuestas de esta semana exponen una fuerte caída en la credibilidad del presidente Santos. Además se producen justo de cara al último debate en la plenaria del Senado del acto legislativo que le dará vida a la Jurisdicción Especial para la Paz.