Las verdades que oculta “H.H.”
Hébert Veloza García tiene la información para revelar las alianzas entre “paras”, Fuerza Pública, empresarios y políticos. Un capítulo pendiente en el proceso de Justicia y Paz.
Redacción Judicial
Hébert Veloza García, alias H.H. podía “darse el lujo” de decidir quién vivía y quién no. Se vinculó a las autodefensas en 1994, a los 28 años de edad, de la mano de los hermanos Castaño Gil. En su carrera criminal comenzó como comandante del grupo Escorpión, un brazo armado del bloque Élmer Cárdenas. Posteriormente tomó la comandancia del bloque Turbo, para luego convertirse en el máximo jefe del bloque Bananero en el Urabá antioqueño y posteriormente del bloque Calima, que actuaba en el Valle del Cauca. Sus hombres fueron conocidos como el escuadrón de la muerte.
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En 2007, H.H. fue capturado por la Dijín y estuvo preso en la cárcel de Itagüí hasta marzo de 2009, cuando fue enviado en extradición a Estados Unidos, dónde fue condenado a una pena de seis años de prisión por narcotráfico. A sus 50 años regresó al país deportado de Estados Unidos y ahora se encuentra recluido en la cárcel La Paz de Itagüí (Antioquia). H.H. fue el primero de los grandes jefes de las Auc en ser condenado en Justicia y Paz. En 2013, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá le impuso una pena de siete años de prisión y la Corte Suprema de Justicia la incrementó a ocho años. En esa decisión la Corte le negó la posibilidad de que los años preso en Estados Unidos le contaran para su pena alternativa en Colombia.
Su regreso al país será clave para revelar las alianzas entre “paras”, Fuerza Pública, empresarios y políticos. Un capítulo pendiente en el proceso de Justicia y Paz. “Sus declaraciones han servido para abrir nuevos procesos por los crímenes de los paramilitares. A la Fiscalía confesó más de 3.000 crímenes, entregó información sobre sus cómplices, en el negocio del narcotráfico y la identificación de fosas comunes en Urabá y Valle del Cauca”, señalaron a este diario fuentes del ente investigador.
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Por su parte, el magistrado Eduardo Castellanos, quien dictó la sentencia que por ahora tendrá en prisión a alias H.H., recalcó que es importante reanudar las versiones libres en el proceso de Justicia y Paz. “Su regreso será clave para avanzar en declaraciones que son necesarias en investigaciones que han quedado inconclusas. Mientras estaba en EE.UU. se excusaba porque no tenía acceso a documentos que le permitieran clarificar hecho por hecho y ahora podrá aportar las pruebas necesarias”.
La parapolítica
El 9 de junio de 2008, H.H. reveló ante los fiscales de Justicia y Paz que en el año 2000 el bloque bananero y el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC crearon el movimiento político Por una Urabá Grande y Unida. Del mencionado plan se favorecieron con votos al Senado de la República para ese período Antonio Valencia Duque y Rubén Darío Quintero.
El postulado explicó que para la Cámara de Representantes salió elegido Manuel Darío Ávila, quien fue reemplazado por Jesús Doval, en la Alcaldía de Turbo (Antioquia). También habló sobre el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, del partido Convergencia Ciudadana, de quien dijo estaba fuertemente vinculado con narcotraficantes de Buenaventura y por lo tanto las autodefensas venían apoyándolo. Nosotros teníamos el control de Buenaventura y por ese control era necesaria nuestra ayuda para poder que sacara la mayoría de votos y estos ‘narcos’ que lo conocían desde niño y que nos pagaban impuestos por la droga nos pidieron el favor de que lo ayudáramos”, lo dijo en entrevista con este diario en 2008. Martínez fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir a raíz de las presiones que los paramilitares ejercieron en Buenaventura para que votaran por él en las elecciones parlamentarias de 2002.
La Fuerza Pública
Según H.H., la Fuerza Pública prestó apoyo a las autodefensas en la zona de influencia de estas e incluso se realizaron operaciones conjuntas. Entre los señalados por el paramilitar están el coronel retirado Byron Carvajal y el general retirado Rito Alejo del Río.
“Rito Alejo bajó mucho donde Carlos en muchas oportunidades, a fincas en Córdoba y Urabá. La Fuerza Pública estaba muy amarrada para poder combatir la guerrilla. Cuando nosotros empezamos a combatirla, implementamos los mismos métodos que utiliza la guerrilla contra el Estado y dimos buenos resultados. Ahí es cuando el Ejército se vincula con nosotros y comenzamos a patrullar y a hacer operaciones conjuntas. Con Byron Carvajal yo patrullé en el año 95 y combatimos la guerrilla”, confesó H.H. en entrevista con El Espectador. En las confesiones reveló que los cementerios de los paramilitares fueron idea de la Fuerza Pública, “eso subía los índices de mortalidad en los municipios y eso no les convenía. Entonces nos decían: ‘desaparezcan y los dejamos trabajar’. Y nosotros desaparecíamos”, señaló. H.H. también declaró la participación de agentes del Estado en los magnicidios del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y del periodista Jaime Garzón, afirmando que miembros de la Fuerza Pública colaboraron para una unión entre políticos, narcotraficantes y militares de alto rango.
Los empresarios
A finales de 1996 –recuerda la Fiscalía–, los grupos de autodefensas expulsaron a las Farc que se ubicaban desde finales de los sesenta en el Urabá. Esa expulsión fue el punto de quiebre para el fortalecimiento de las asociaciones de vigilancia privada, más conocidas como Convivir, que tuvieron un papel protagónico en el crecimiento del conflicto en el Urabá antioqueño y en el que fueron protagonistas también las empresas bananeras de la región. En total, 194 empresas bananeras hicieron aportes a la convivir Papagayo y a otras, aseguró la Fiscalía. “Yo, personalmente, iba y obligaba a la gente a trabajar. ¿En beneficio de quién? De estas empresas exportadoras. Por eso yo también he dicho que estas empresas deben responder a esas víctimas”, confesó H.H.
Los crímenes
Según la Fiscalía General, el exjefe paramilitar le ordenó al frente Arles Hurtado del bloque Bananero ejecutar 1.033 homicidios en los municipios de Turbo, Currulao, Apartadó, Chigorodó, Mutatá y Carepa, en el Urabá antioqueño. Los investigadores determinaron que las masacres y homicidios selectivos se ejecutaron bajo la consigna de los hermanos Vicente y Castaño Gil: “todo lo que oliera a guerrilla debía ser eliminado en Urabá”.
En los departamentos de Huila, Valle del Cauca ordenó 176 homicidios, principalmente en los municipios de La Cumbre, Yotoco, Florida, Buenaventura, Jamundí y Tuluá (Valle del Cauca).
Es acusado de ejecutar la masacre en la cuenca del río Naya, entre el 10 y el 12 de abril de 2001. En esta fueron asesinados y mutilados con motosierras 27 hombres y mujeres y niños campesinos, afros e indígenas.
El secreto más grande que guarda el exjefe paramilitar y con el que la justicia no ha avanzado mucho a lo largo de estos años, es la memoria USB perteneciente a Carlos Castaño que entregó en la primera versión libre ante Justicia y Paz, en la que se encuentra el testamento del máximo líder de los “paras”, los correos que les enviaba a otros dirigentes de las AUC e información confidencial sobre las alianzas y varios crímenes por resolver en el país.
Hébert Veloza García, alias H.H. podía “darse el lujo” de decidir quién vivía y quién no. Se vinculó a las autodefensas en 1994, a los 28 años de edad, de la mano de los hermanos Castaño Gil. En su carrera criminal comenzó como comandante del grupo Escorpión, un brazo armado del bloque Élmer Cárdenas. Posteriormente tomó la comandancia del bloque Turbo, para luego convertirse en el máximo jefe del bloque Bananero en el Urabá antioqueño y posteriormente del bloque Calima, que actuaba en el Valle del Cauca. Sus hombres fueron conocidos como el escuadrón de la muerte.
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En 2007, H.H. fue capturado por la Dijín y estuvo preso en la cárcel de Itagüí hasta marzo de 2009, cuando fue enviado en extradición a Estados Unidos, dónde fue condenado a una pena de seis años de prisión por narcotráfico. A sus 50 años regresó al país deportado de Estados Unidos y ahora se encuentra recluido en la cárcel La Paz de Itagüí (Antioquia). H.H. fue el primero de los grandes jefes de las Auc en ser condenado en Justicia y Paz. En 2013, el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá le impuso una pena de siete años de prisión y la Corte Suprema de Justicia la incrementó a ocho años. En esa decisión la Corte le negó la posibilidad de que los años preso en Estados Unidos le contaran para su pena alternativa en Colombia.
Su regreso al país será clave para revelar las alianzas entre “paras”, Fuerza Pública, empresarios y políticos. Un capítulo pendiente en el proceso de Justicia y Paz. “Sus declaraciones han servido para abrir nuevos procesos por los crímenes de los paramilitares. A la Fiscalía confesó más de 3.000 crímenes, entregó información sobre sus cómplices, en el negocio del narcotráfico y la identificación de fosas comunes en Urabá y Valle del Cauca”, señalaron a este diario fuentes del ente investigador.
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Por su parte, el magistrado Eduardo Castellanos, quien dictó la sentencia que por ahora tendrá en prisión a alias H.H., recalcó que es importante reanudar las versiones libres en el proceso de Justicia y Paz. “Su regreso será clave para avanzar en declaraciones que son necesarias en investigaciones que han quedado inconclusas. Mientras estaba en EE.UU. se excusaba porque no tenía acceso a documentos que le permitieran clarificar hecho por hecho y ahora podrá aportar las pruebas necesarias”.
La parapolítica
El 9 de junio de 2008, H.H. reveló ante los fiscales de Justicia y Paz que en el año 2000 el bloque bananero y el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC crearon el movimiento político Por una Urabá Grande y Unida. Del mencionado plan se favorecieron con votos al Senado de la República para ese período Antonio Valencia Duque y Rubén Darío Quintero.
El postulado explicó que para la Cámara de Representantes salió elegido Manuel Darío Ávila, quien fue reemplazado por Jesús Doval, en la Alcaldía de Turbo (Antioquia). También habló sobre el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, del partido Convergencia Ciudadana, de quien dijo estaba fuertemente vinculado con narcotraficantes de Buenaventura y por lo tanto las autodefensas venían apoyándolo. Nosotros teníamos el control de Buenaventura y por ese control era necesaria nuestra ayuda para poder que sacara la mayoría de votos y estos ‘narcos’ que lo conocían desde niño y que nos pagaban impuestos por la droga nos pidieron el favor de que lo ayudáramos”, lo dijo en entrevista con este diario en 2008. Martínez fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir a raíz de las presiones que los paramilitares ejercieron en Buenaventura para que votaran por él en las elecciones parlamentarias de 2002.
La Fuerza Pública
Según H.H., la Fuerza Pública prestó apoyo a las autodefensas en la zona de influencia de estas e incluso se realizaron operaciones conjuntas. Entre los señalados por el paramilitar están el coronel retirado Byron Carvajal y el general retirado Rito Alejo del Río.
“Rito Alejo bajó mucho donde Carlos en muchas oportunidades, a fincas en Córdoba y Urabá. La Fuerza Pública estaba muy amarrada para poder combatir la guerrilla. Cuando nosotros empezamos a combatirla, implementamos los mismos métodos que utiliza la guerrilla contra el Estado y dimos buenos resultados. Ahí es cuando el Ejército se vincula con nosotros y comenzamos a patrullar y a hacer operaciones conjuntas. Con Byron Carvajal yo patrullé en el año 95 y combatimos la guerrilla”, confesó H.H. en entrevista con El Espectador. En las confesiones reveló que los cementerios de los paramilitares fueron idea de la Fuerza Pública, “eso subía los índices de mortalidad en los municipios y eso no les convenía. Entonces nos decían: ‘desaparezcan y los dejamos trabajar’. Y nosotros desaparecíamos”, señaló. H.H. también declaró la participación de agentes del Estado en los magnicidios del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y del periodista Jaime Garzón, afirmando que miembros de la Fuerza Pública colaboraron para una unión entre políticos, narcotraficantes y militares de alto rango.
Los empresarios
A finales de 1996 –recuerda la Fiscalía–, los grupos de autodefensas expulsaron a las Farc que se ubicaban desde finales de los sesenta en el Urabá. Esa expulsión fue el punto de quiebre para el fortalecimiento de las asociaciones de vigilancia privada, más conocidas como Convivir, que tuvieron un papel protagónico en el crecimiento del conflicto en el Urabá antioqueño y en el que fueron protagonistas también las empresas bananeras de la región. En total, 194 empresas bananeras hicieron aportes a la convivir Papagayo y a otras, aseguró la Fiscalía. “Yo, personalmente, iba y obligaba a la gente a trabajar. ¿En beneficio de quién? De estas empresas exportadoras. Por eso yo también he dicho que estas empresas deben responder a esas víctimas”, confesó H.H.
Los crímenes
Según la Fiscalía General, el exjefe paramilitar le ordenó al frente Arles Hurtado del bloque Bananero ejecutar 1.033 homicidios en los municipios de Turbo, Currulao, Apartadó, Chigorodó, Mutatá y Carepa, en el Urabá antioqueño. Los investigadores determinaron que las masacres y homicidios selectivos se ejecutaron bajo la consigna de los hermanos Vicente y Castaño Gil: “todo lo que oliera a guerrilla debía ser eliminado en Urabá”.
En los departamentos de Huila, Valle del Cauca ordenó 176 homicidios, principalmente en los municipios de La Cumbre, Yotoco, Florida, Buenaventura, Jamundí y Tuluá (Valle del Cauca).
Es acusado de ejecutar la masacre en la cuenca del río Naya, entre el 10 y el 12 de abril de 2001. En esta fueron asesinados y mutilados con motosierras 27 hombres y mujeres y niños campesinos, afros e indígenas.
El secreto más grande que guarda el exjefe paramilitar y con el que la justicia no ha avanzado mucho a lo largo de estos años, es la memoria USB perteneciente a Carlos Castaño que entregó en la primera versión libre ante Justicia y Paz, en la que se encuentra el testamento del máximo líder de los “paras”, los correos que les enviaba a otros dirigentes de las AUC e información confidencial sobre las alianzas y varios crímenes por resolver en el país.