Vimos la imagen en la televisión y en los periódicos y escuchamos una frase que quedaría para la historia. “Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito (…) Reafirmó aquí en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia que el compromiso patriótico de las AUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie”.
Era 28 de julio de 2004 y Salvatore Mancuso aparecía junto con otros jefes paramilitares de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Congreso de la República. Su objetivo era convencer al país y al Legislativo de respaldar la Ley de Justicia y Paz, el marco jurídico que acompañaría la desmovilización de ese grupo armado.
La presencia de Mancuso en el Congreso generó controversias de todo tipo. La escena mostraba en su máxima crudeza lo que padecía el país: los máximos responsables de algunas de las peores masacres del conflicto ocupaban la tribuna del Congreso y los titulares de la prensa, mientras quienes habían sufrido esa violencia seguían sin tener voz.
Las víctimas —un término poco usado porque para esos años, a lo máximo que se llegaba, era a nombrarles como desplazados— estaban en todas partes y, al mismo tiempo, parecían invisibles.
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En las calles de Bogotá era (aún más) común ver familias desplazadas pidiendo ayuda en los semáforos. Las filas frente a Acción Social —la entidad que entonces atendía a la población desplazada y que hoy es el Departamento para la Prosperidad Social— eran interminables. En el país se acumulaban por miles los asesinatos, las desapariciones, los despojos, las masacres y también las cifras de quienes cargaban con las consecuencias de la guerra.
Esa imagen ayuda a entender por qué la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas del conflicto armado, y que cumple 15 años este 10 de junio, marcó un antes y un después en la historia reciente del país. “Antes de la ley, las víctimas para los colombianos casi que eran inexistentes, eran parte del paisaje”, recuerda hoy el exministro Juan Fernando Cristo, autor de la iniciativa.
Tres años exactos después de la visita de Mancuso al Capitolio, algo comenzó a cambiar.
En julio de 2007 se realizó en Bogotá el Primer Encuentro Nacional de Víctimas. Como registró El Espectador en ese momento, “más de 2.500 personas llegaron desde todos los rincones del país” para, por fin, hablar de la violencia sufrida por cuenta de paramilitares, guerrillas y agentes del Estado. “Quieren que el mundo entienda que son más que dolor y tragedia y por eso han comenzado a tomar el liderazgo y a escribir su propia historia”, decía la crónica de este diario.
El Congreso abrió sus puertas para escuchar los testimonios de quienes habían vivido la guerra en carne propia. Hablaron madres que buscaban a sus desaparecidos, campesinos expulsados de sus tierras y sobrevivientes de masacres.
El Espectador recogió entonces cinco testimonios que mostraban la crudeza de la guerra. Entre ellas estaba Clara, una mujer de la Comuna 13 de Medellín que relató cómo su hijo Jorge fue asesinado durante la Operación Orión en 2002 cuando le faltaban tres días para cumplir 17 años.
“Él se metió en una casa abandonada para protegerse y allí fue que lo cogieron. Él les suplicaba que no lo fueran a matar. A él me lo entregaron con una mano pegada con esa cinta con que pegan las cajas. Era mi único hijo hombre y era muy buena persona, no se metía con nadie (…) No hay noche que no se oiga un tiroteo y dicen que los ‘paras’ están otra vez patrullando”, dijo. Apenas el año pasado familias de La Escombrera, a donde fueron a parar algunos de los cuerpos de víctimas de Orión y otras operaciones, lograron probar lo que dijeron desde entonces: que sus hijos fueron desaparecidos y que sus cuerpos estaban en ese lugar.
También estaba Liliana, una habitante de Cajibío, Cauca, que recordó cómo la guerrilla incendió viviendas, asesinó a varios habitantes y obligó a la población a huir en medio del terror.
“La guerrilla llegó de noche, gritando y disparando como locos, y sacando a la gente. Parecían poseídos por el diablo, les metieron candela a las casas y no les importaba si había mujeres y niños. ‘A ver si ahora son tan berracos’, gritaba el que parecía ser el comandante. Era su venganza después de que mucha gente del pueblo nos habíamos plantado para evitar que siguieran molestando y se llevaran por la fuerza a varios muchachos para sus filas”, relató.
El primer intento de la ley que el uribismo bloqueó
Hasta entonces muchas de esas historias aparecían en informes, expedientes judiciales o noticias aisladas, pero nunca de viva voz de sus sobrevivientes.
El origen de la audiencia en el Congreso, recuerda Cristo, fue una conversación que tuvo con la periodista Diana Sofía Giraldo, quien trabajaba con víctimas del terrorismo, y lo buscó con una propuesta sencilla. “Me dijo: ‘A las víctimas nadie las ha escuchado en este país y menos el Congreso. ¿Por qué no hacemos una audiencia pública para escucharlas?’”.
El exministro confiesa que tanto la conversación con Giraldo como la misma idea lo confrontó con su propia historia de violencia tras el asesinato de su padre por parte de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Diana Sofía me dijo que si yo me había sentido víctima por lo que le pasó a mi padre y yo le dije que no. La verdad nunca lo pensé hasta entonces. Me vine a dar cuenta que en medio de todo yo era una víctima, pero privilegiada”, afirma.
Cristo no tardó en poner la propuesta en el Congreso, pero encontró resistencias. En 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, seguía predominando la tesis de que en Colombia no existía un conflicto armado interno. “Se vino todo el uribismo encima porque ellos entonces decían que no había conflicto armado y decían que era terrorismo”, recuerda Cristo.
Con todo en contra, la audiencia se realizó, pero el exministro salió de la sesión con un pensamiento incómodo. “Escuchamos durante doce horas. Vinieron víctimas de los paras, de la guerrilla, víctimas de agentes del Estado, víctimas de Pablo Escobar. Fue algo movilizador. (…) Pero yo me dije, bueno, muy bien, los escucharon. Salió en los medios. Eso todo el mundo estaba, pero esta gente se devuelve a sus territorios y sigue la vida igual. Entonces hay que hacer algo”, dice que pensó entonces.
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Esa sensación terminó convirtiéndose en una idea política. “Ese día nació la ley”, cuentahoy Cristo. Si el país ya había comenzado a escuchar a las víctimas, el siguiente paso era construir un marco legal que reconociera sus derechos. La propuesta empezó a tomar forma y Cristo –junto a las organizaciones y movimientos nacionales– participaron en encuentros a nivel nacional para escuchar las demandas de la población.
“Lo único que existía hasta esa época era la Ley 387, que era una ley de atención a las víctimas. Pero Naciones Unidas construye un nuevo paradigma y hacia 2005 en Colombia se empieza a hablar de ese asunto”, explica a Colombia+20 Luis Alfonso Castillo, coordinador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
Para Castillo, las audiencias y consultas regionales mostraron que las víctimas ya no reclamaban únicamente ayuda humanitaria. “Lo que la gente planteó era una ley que contuviera esos elementos, especialmente el tema de la verdad, el tema de la justicia y el tema de la reparación. Creo que esas eran las grandes expectativas de la gente en las regiones”, afirma.
El camino, sin embargo, tuvo tropiezos. Antes de la Ley 1448 hubo un primer intento de proyecto de ley que alcanzó a superar buena parte de su trámite en el Congreso, pero fue bloqueado por el entonces presidente Uribe alegando que no había presupuesto.“Uribe no quiso sancionarla porque decía que era muy costosa para el país”, recuerda Castillo.
En 2011 la ley volvió a presentarse, durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos, quien, tras un acuerdo con el Partido Liberal, le dio su apoyo. “En honor, la verdad, Santos ayudó mucho, e incluso el ministro del Interior también que era Germán Vargas Lleras y que no era la verdad muy un tema de él. Pues se metió también en la discusión de la ley, y la sacamos adelante”, asegura Cristo.
A su juicio, la ley también abrió el camino para el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC al obligar al Estado a reconocer responsabilidades que durante décadas había evitado asumir.
“Yo diría que ese es uno de los principales logros. Santos decía que esa ley era la cuota inicial del Acuerdo de Paz porque el Estado reconoció uno que había víctimas y dos que había conflicto armado. Por eso el título de la ley y eso lo avalaba para buscar ese acuerdo. En ese entonces ya él estaba en la fase secreta de conversación con las FARC y esto le servía”, cuenta.
El otro legado, explica el exministro, es que la norma no busca solo una reparación económica, sino sobre todo simbólica. “Les dio a las víctimas ciudadanía de primera categoría. Les dio a las víctimas reconocimiento y dignidad (…) Antes era: ayúdeme, lo que me pueda dar. Ahora le dicen a uno: no me han cumplido con esto o con lo otro. Tener un instrumento legal para exigir sus derechos es un gran avance”, dice.
Pero 15 años después el balance sigue siendo objeto de debate. Castillo, por ejemplo, dice que, aunque la ley representó una conquista histórica, buena parte de sus promesas siguen pendientes.
“Sigue existiendo una falta de compromiso real para acelerar el proceso de reparación (…) La indemnización es solamente un elemento de la reparación integral. La reparación también incluye medidas de satisfacción, medidas de justicia y medidas que permitan la incorporación de las víctimas al desarrollo social”, asegura.
Cristo también reconoce que las deudas son enormes. “La principal falencia ha sido la propia falencia del Estado colombiano para poder atender y reparar a todas las víctimas”, admite, pero insiste en que no hay que perder de vista la dimensión de lo que es la ley hacia afuera. “Nadie en el mundo entero ha indemnizado un millón y medio de víctimas. Los colombianos deberíamos sentirnos orgullosos de que el Estado haya tomado la iniciativa de reparar a sus víctimas”, señala.
En 2020 durante uno de los tantos actos que hizo la Comisión de la Verdad, su presidente, el padre Francisco de Roux, dijo una frase demoledora: “Si hiciéramos un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto armado, el país tendría que estar en silencio durante 17 años”.
<></>Con la realidad colombiana que sigue acumulando víctimas -cuando comenzó la discusión de la ley el país hablaba de cuatro o cinco millones de víctimas y hoy la cifra ronda los 10 millones y contando-, la cuestión central ya no es solo la de hace 15 años sobre su representación y visibilidad; sino cuántos años seguimos amontonando para escucharlas y repararlas.
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