“Limitar acceso a archivos reservados promueve la impunidad”: Gustavo Meoño

Gustavo Meoño fue el director del Archivo Histórico de la Policía de Guatemala durante 13 años. /Óscar Pérez

Desde mediados del siglo XX hasta 1996 se libró en Guatemala una guerra civil que dejó alrededor de 200.000 muertos, de los cuales al menos el 83 % eran indígenas mayas. De acuerdo con el informe Guatemala: memoria de un silencio, que fue elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en 1999, la estructura agraria, el racismo, la distribución desigual de la riqueza económica y el limitado acceso a la educación, sumado a la inequitativa distribución de la tierra, se convirtieron en caldo de cultivo para alimentar el conflicto que enfrentó al Estado con organizaciones guerrilleras y sociales. En 1996, el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca suscribieron acuerdos de paz y a partir de ese momento se fijaron medidas para preservar la memoria de las víctimas.

Mientras se esclarecía qué pasó en el conflicto, en 2005 se hizo un hallazgo fortuito de un archivo de la Policía de Guatemala, con información de entre 1882 y 1997. Los 80 millones de folios han sido claves para develar graves violaciones a los derechos humanos y reposaban en precarias condiciones en las instalaciones abandonadas del hospital de la Policía. Al rescatarlos se creó el Archivo Histórico de la Policía, dirigido hasta agosto pasado por Gustavo Meoño Brenner. Un hombre fundamental para esa transición y quien hoy participa en el conversatorio “Archivos y verdad: La importancia de documentar el conflicto armado”, organizado por el capítulo Justicia para la Paz de Colombia 2020, con el apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia y en asocio con la Unión Europea.

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En esta entrevista, Meoño asegura que acceder a documentos ha permitido acercarse a la verdad y que se haga justicia en 14 procesos por graves violaciones a los derechos humanos.

¿Qué opina de que en Colombia haya un proyecto para impedirle al sistema de justicia transicional el acceso a información reservada?

No voy a disfrazar mis palabras y no endulzo mi opinión: creo que son subterfugios para garantizar impunidad.

¿En Guatemala se impulsaron iniciativas similares?

Sí. Desde el Congreso, insistentemente, se ha planteado modificar otro artículo de la ley de acceso a la información. Ese artículo dice que ninguna información que pueda estar relacionada con eventuales violaciones a los DD. HH. puede ser objeto de censura, reserva o restricción. Ese artículo ha sido el paraguas principal del Archivo Histórico de la Policía.

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¿Y cómo ha sido el trabajo para reconstruir la verdad a través de archivos oficiales?

Me tocó la suerte de estar durante 13 años al frente del proceso de recuperación de un archivo de policía que, con sus más de 60 millones de folios, se encontraba escondido y en grave peligro de destrucción. Hoy el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) es un acervo estabilizado, accesible a la consulta pública, que está contribuyendo de manera efectiva al esclarecimiento de la verdad y a la búsqueda de justicia. Hemos logrado garantizar el acceso irrestricto a más de 23 millones de imágenes de documentos. Los principales usuarios del Archivo son el Ministerio Público (Fiscalía) y familiares de víctimas de violaciones de DD. HH.

¿Qué han encontrado?

Se trata de un archivo administrativo, por lo tanto reúne todos los tipos documentales que genera la burocracia policial en su actuación cotidiana. Y precisamente allí radica su mayor importancia y utilidad. La “información reveladora” difícilmente se encuentra en un solo documento. La riqueza de un archivo administrativo se encuentra en el conjunto documental, en el contexto de los registros y en el carácter seriado de los documentos. Pocas veces aparecen el “documento estrella” o la “prueba reina”. Por lo general, la prueba documental se localiza a partir del análisis del conjunto. Por esa vía, a lo largo de nueve años, entre 2010 y 2018, los investigadores del Ministerio Público y los querellantes han podido aportar pruebas documentales en 14 procesos judiciales por graves violaciones de derechos humanos.

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¿Qué historia guarda el edificio en donde se encuentra el Archivo Histórico?

El edificio en el que se localizó y donde continúa el AHPN, que estaba destinado a convertirse en el hospital de la Policía Nacional, quedó a medio construir y semi abandonado desde marzo de 1982 durante el gobierno militar del general Ríos Montt. Pronto la Policía y la inteligencia militar empezaron a utilizarlo como cárcel y centro clandestino de tortura. En el argot de la contrainsurgencia, este ruinoso edificio fue conocido como parte de “La Isla”, un lugar de tormento en el que, por el testimonio de los pocos sobrevivientes, se sabe que un número indeterminado de civiles fueron ejecutados extrajudicialmente. Por ello ese edificio debe ser preservado como un lugar de memoria, un sitio de conciencia. En 1996, en los meses previos a la firma del “Acuerdo de Paz Firme y Duradera”, el alto mando de la Policía Nacional ordenó a las estructuras de la institución en todo el país recoger los archivos y trasladarlos por cualquier medio al mencionado edificio, situado en el norte de la capital guatemalteca. Aunque hasta la fecha no se ha localizado ningún documento que contenga dichas órdenes, las características del lugar y el estado de abandono en el que se encontraron los documentos demuestra que el objetivo principal fue esconder ese acervo archivístico. Esto, justo antes de que se instalara la Comisión de la Verdad como producto de los Acuerdos de Paz.

¿De qué manera esos archivos permitieron esclarecer violaciones a los DD. HH.?

En casi 10 años de servicio, la Unidad de Acceso a la Información del AHPN ha atendido cerca de 33.000 requerimientos de información. A lo largo de ese tiempo los principales usuarios del Archivo han sido los fiscales del Ministerio Público y los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, particularmente quienes sufrieron la desaparición forzada de algún ser querido. A partir de ese acceso a la información se ha localizado información clave para sustentar los procedimientos de investigación criminal y para ofrecer pruebas documentales en 13 procesos judiciales. En todos los casos, los tribunales les han otorgado valor probatorio a las pruebas documentales que presentaron los fiscales y los querellantes.

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¿Quiénes fueron procesados por estos hechos?

En los 13 procesos judiciales mencionados, los tribunales encontraron culpables a los acusados y los sentenciaron a severas penas de prisión. Ello incluye a comisionados militares —civiles al servicio del Ejército—, agentes de Policía, jefes policíacos intermedios, un director general de la Policía Nacional y altos jefes militares. Algunos de los procesados más destacados por su rango y por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad son: Pedro García Arredondo, jefe del Comando 6 de la Policía Nacional; coronel Héctor Bol de la Cruz, militar que fungió como Director General de la Policía Nacional; coronel Francisco Gordillo, excomandante de la zona militar de Quetzaltenango e integrante del Triunvirato de Gobierno junto al general Ríos Montt; general Manuel Antonio Callejas y Callejas, jefe histórico de la inteligencia militar; general Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y el más emblemático de los altos oficiales contrainsurgentes.

¿El hecho de haber militado en la guerrilla implicó que sus hallazgos fueran cuestionados?

Efectivamente, durante 25 años milité en el movimiento revolucionario guatemalteco. Luego, a lo largo de 11 años dirigí la Fundación Rigoberta Menchú, al lado de la Premio Nobel guatemalteca. Todo ello me ha dado una amplia experiencia de vida y ha cimentado mi compromiso con los derechos a la verdad y la justicia. Y por supuesto, desde el primer día los militares agrupados en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala -AVEMILGUA- y su entorno, cuestionaron mi función. A lo largo de 13 años me han amenazado por todos los medios y siempre han pedido mi cabeza. La máxima presión la han ejercido al interponer ante el Ministerio Público y los tribunales de justicia más de una docena de querellas penales en mi contra. Afortunadamente, al carecer de sustento legal, ninguna de esas acusaciones ha prosperado, pero todas siguen abiertas hasta la fecha. Estos grupos extremistas han cuestionado siempre el trabajo y los aportes del Archivo. Sin embargo, ese tipo de críticas y cuestionamientos se han refutado con el trabajo estrictamente profesional que se ha desarrollado, el rigor técnico con el que se ha actuado y la calidad de las asesorías internacionales que han acompañado al AHPN a lo largo de los años. La evidencia más categórica radica en que en los 13 juicios mencionados, los jueces le han otorgado valor probatorio a la totalidad de las pruebas documentales que ha aportado el archivo. Y estamos hablando de centenares de documentos. En ninguno de los debates orales y públicos, ni los acusados ni sus abogados han puesto en duda la autenticidad y confiabilidad de los documentos.

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¿Qué lecciones deja a Colombia en un momento de transición la experiencia de Guatemala en la búsqueda de la verdad a través de los archivos?

La certeza sobre la existencia de los archivos, aunque los nieguen, los escondan o les cambien el formato. La convicción sobre el valor fundamental de los archivos administrativos, que muchas veces se subestiman ante la expectativa del “documento estrella” o la “prueba reina”, que muy pocas veces se localiza. La certidumbre respecto del aporte insustituible que los archivos pueden hacer al esclarecimiento de la verdad y, por lo tanto, a la búsqueda de justicia para la construcción de la paz. Y la claridad en torno a que, en razón de la verdad y la justicia, además de garantizar el acceso a la información, los archivos deben desarrollar capacidades para aportar el valor agregado del análisis documental y las pericias técnicas.

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