Este 15 de agosto de 2017 concluye el proceso de extracción de la totalidad del armamento y chatarra de munición existente en los 26 campamentos de las Farc, así como el recolectado de las caletas hasta la fecha. Además de la operación que se está llevando a cabo en Pondores, en estos momentos se están ejecutando operaciones de extracción en cuatro zonas veredales: La Reforma, Yari, La Guajira y La Variante. El material transportado en los contenedores consta de 8,112 armas y casi 1’300,0000 cartuchos incinerados.
Pero, ¿qué va a cambiar en los territorios desde esta fecha?
*A partir de hoy funcionan las carpas azules, lugares donde la Fuerza Pública se reunirá con las comunidades y excombatientes para tomar medidas que garanticen la seguridad de unos y otros.
*Este 16 de agosto entran en vigencia los espacios territoriales de capacitación y normalización, con plena vigencia del Estado de derecho, es decir, ya no hay zonas vedadas para la entrada de la Fuerza Pública.
*El 1 de septiembre vence el plazo para que la ONU concluya el proceso de extracción de caletas o depósitos de armas. A la fecha se han destruido 845 caletas.
*El Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación se desactiva el 26 de septiembre, fecha en la que termina la primera misión de la ONU que estuvo en terreno con 450 observadores, en su mayoría militares.
*Entre el 10 y 26 de septiembre se desmontarán las sedes locales del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.
*El 27 de septiembre se da inicio a la segunda misión de la ONU que se reducirá a unos 100 observadores, en su mayoría civiles.
*Entre el 30 de septiembre y el 1 de diciembre se hará la transición entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Agencia para la Reintegración y la Normalización, para la administración de los espacios territoriales donde permanecerán los excombatientes.
*A partir de noviembre el Gobierno dejará de asumir la alimentación y sostenimiento de los excombatientes de las Farc. Se espera que en septiembre cada miembro de esta organización empiece a recibir la renta básica prevista en los acuerdos y que corresponde al 90% de un salario mínimo; equivalente a $690.000 mensuales, por dos años.