Entre julio de 2024 -cuando se dio el primer bombardeo contra la disidencia de Mordisco- y noviembre de 2025, la Fuerza Pública ejecutó al menos 13 bombardeos adicionales: 11 contra estructuras del Estado Mayor Central (EMC) en Cauca, Nariño, Meta, Caquetá y Guaviare; dos contra el Clan del Golfo en Córdoba y Chocó; y uno contra mandos del ELN en Arauca.
Aunque la mayoría fueron presentados como golpes quirúrgicos contra campamentos, laboratorios o anillos de seguridad, varios ocurrieron en zonas donde autoridades locales, comunidades o entidades estatales habían advertido reclutamiento reciente de menores.
La secuencia muestra un patrón ascendente. Tras el bombardeo en Cauca en julio de 2024, en agosto otro operativo golpeó a la estructura Dagoberto Ramos en Toribío.
En septiembre, ataques en Leiva y Policarpa (Nariño) afectaron enclaves logísticos del EMC.
Un mes después, el eje operativo se trasladó a Caquetá: en San Vicente del Caguán se destruyó un depósito de explosivos, y en Cartagena del Chairá se intentó neutralizar un mando medio. En noviembre, la Fuerza Pública apuntó al frente Jorge Briceño en La Macarena (Meta), y en diciembre atacó una célula vinculada a “Calarcá Córdoba” en Vista Hermosa.
En 2025 la intensidad no bajó. En febrero, en zona rural del Guaviare, un bombardeo buscó golpear a la estructura de Luis Felipe Ramírez, conocido como “Pescado”, y uno de los mandos de la disidencia de “Mordisco” en Arauca-donde también se llevaron a cabo bombardeos desde inicios de la semana-, y en marzo se atacó un campamento de instrucción del EMC.
Paralelamente, la ofensiva se extendió a otros actores: en abril, por primera vez en este Gobierno, hubo un bombardeo contra el Clan del Golfo en Tierralta, Córdoba; en mayo, otro en Riosucio, Chocó; y en junio se produjo el primer ataque aéreo de la administración Petro contra el ELN, en Arauquita (Arauca).
En ese contexto, el bombardeo en Guaviare —el más grave de este Gobierno, con siete menores de edad muertos, según la información conocida— terminó por cristalizar las tensiones acumuladas entre la promesa de una política de paz, las demandas operacionales de la Fuerza Pública y las limitaciones estructurales del Estado en territorios donde los grupos armados siguieron expandiéndose.
El episodio no solo abrió un debate sobre la coherencia del Gobierno con sus compromisos en materia de derechos humanos, sino que también expuso el choque entre las presiones militares y los riesgos humanitarios que persisten en zonas altamente afectadas por el reclutamiento infantil.
La suma de estos 13 bombardeos —y el peso político del ocurrido en Guaviare— dibuja una tendencia: la guerra aérea nunca se detuvo del todo, incluso en medio de la apuesta por el diálogo.
Al menos 15 menores de edad murieron en cuatro bombardeos
El lunes, el Instituto de Medicina Legal confirmó que entre agosto y noviembre de 2025, al menos 15 menores de edad murieron en cuatro bombardeos autorizados por el Gobierno Nacional.
El Instituto informó que se registraron 10 menores muertos en Guaviare, cuatro en Amazonas y uno en Arauca.
Los datos superan el conteo inicial del gobierno. El presidente Gustavo Petro detalló en su cuenta de X las acciones ofensivas y dijo que se trataba de operaciones contra el frente de Iván Mordisco en Arauca y Guaviare. En sus cifras hubo 13 menores muertos.
Según su mensaje, de la acción ofensiva en Arauca se rescató con vida a un adolescente, pero murieron ocho personas, entre ellas un menor de 16 años. También dijo que hay otro cuerpo cuya edad está en análisis y que “puede oscilar entre los 15 y 25 años”.
Además, Petro reportó el número de menores muertos en Guaviare. Según sus cifras, cuatro adolescentes murieron en Caquetá el pasado 1 de octubre, siete en Guaviare el 10 de noviembre y uno más en Arauca el 13 de noviembre.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, —esa entidad que dio a conocer lo ocurrido con los menores en Guaviare— pidió públicamente al presidente suspender los bombardeos y evaluar la situación. Marín también le exigió a “liberar incondicionalmente a todos los menores de edad reclutados”.
A pesar de la controversia, el presidente aseguró no se suspenderían los bombardeos y que “en adelante” se harían siempre bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
“Si hay acciones ofensivas de los grupos armados del narcotráfico, los bombardeos no se suspenden. Toda acción que he ordenado y ordene hacia delante se supeditará al DIH. La acción militar no es lo mejor, pero si determinados grupos no quieren hacer la paz, actuaremos”, aseguró en su cuenta de X.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a:cmorales@elespectador.com,nortega@elespectador.comoaosorio@elespectador.com.