Los conflictos a enfrentar después del proceso de paz

Al tiempo que avanza el proceso de paz y se desescala el conflicto armado entre el Gobierno y las Farc, se han empezado a detectar nuevas formas de violencia que se ensañan contra algunos territorios que además tienen históricos problemas de pobreza. Así lo explica un estudio hecho por encargo de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Centro Noruego de Construcción de Paz (NOREF) que se dio a conocer ayer en el Centro de Información de las Naciones Unidas.

El estudio, realizado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), explica que mientras los índices como los desplazamientos masivos han bajado han bajado casi un 50%, otros como las extorsiones, las amenazas a líderes sociales y los desplazamientos individuales se han mantenido o hasta aumentaron.

Durante tres meses IECAH viajó a diferentes zonas del país para entrevistar a centros de pensamiento, autoridades regionales, organizaciones sociales y ciudadanos individuales acerca del impacto humanitario que ha tenido la violencia en el segundo semestre de 2015 y lo que va corrido de 2016. En total desarrollaron seis grupos focales con comunidad de Chocó y Putumayo. Además, realizaron más de 60 entrevistas individuales.

Durante dos meses estudiaron la información recogida en terreno y otros reportes emitidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y la Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre otros. Analizaron los datos y los contrastaron con las entrevistas para así obtener conclusiones cuantitativas y cualitativas.

Así, encontraron que aunque los desplazamientos masivos disminuyeron, el desplazamiento individual todavía es un gran problema. “En todas las entrevistas que hicimos el desplazamiento individual fue un tema primordial para las comunidades tanto en grandes ciudades como en municipios”, explica Francisco Rey, codirector del IECAH. Los más afectados son las comunidades indígenas, que representaron el 59% de los desplazamientos, y los afrocolombianos, que fueron el 30%.

Según estimaciones del CODHES este tipo de violencia tendría 225.000 víctimas al año. Pero los datos oficiales de la Unidad para las Víctimas, son un poco más conservadores. Muestran que desde enero hasta agosto de 2016, 170.737 personas sufrieron desplazamiento forzado. La diferencia entre las dos cifras, dice Rey, podría explicarse porque CODHES también contabiliza las personas que están en proceso de declaración frente a las autoridades, mientras que la unidad de víctimas solo reporta las que ya terminaron el proceso y se certificaron.

Los reportes sobre extorsiones muestran que estas también habrían aumentado. Aunque sobre este punto el estudio no tiene cifras concluyentes, Rey explica que es otra de las preocupaciones que con más recurrencia llegan a las organizaciones humanitarias en las regiones. “En todos los fenómenos de violencia hay un subregistro porque muchos tienen miedo de denunciar. Muchas veces las víctimas le cuentan a las organización humanitarias pero no denuncian. Eso pasa en todos los países en los que los conflictos siguen activos”.

Pero, según el estudio, el reto más grande para el pos acuerdo no es combatir estos crímenes aislados sino desarticular los Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD) que están detrás de ellos. Es decir, redes delincuenciales, a veces derivadas de antiguos grupos armados, que controlan el territorio y son responsables del desplazamiento individual, el control social, la extorsión y los homicidios selectivos.

Este tipo de violencia más discreta es la que sigue preocupando a las organizaciones humanitarias. Especialmente porque la experiencia internacional demuestra que cuando un país firma un acuerdo de paz, los primeros meses hay picos de violencia contra defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras y excombatientes. A los hechos de violencia real toca añadirle la percepción de inseguridad que muchas veces supera con creces los niveles reales de violencia. Muchas veces los ciudadanos se sienten aún más inseguros debido al terror que causan los grupos armados.

Y causar miedo en Colombia es más sencillo, se lee en el documento: primero, por los traumas colectivos que dejó la violencia paramilitar y las tomas guerrilleras que hacen que la mera sospecha de un nuevo enfrentamiento la comunidad hulla o quede confinada en un territorio. La segunda es que las nuevas tecnologías abren otros espacios de comunicación que permiten difundir mensajes de terror de manera masiva y barata.

Hay territorios más vulnerables a esta violencia, que tristemente son casi los mismos que fueron más afectados por los conflictos armados de las Farc y los paramilitares. El estudio profundizó en cuatro departamentos que eligió debido a cifras de afectación humanitaria de la OCHA y también para estudiar diferentes fenómenos de violencia.

En Chocó y Antioquia investigaron la violencia que se está derivando de la ofensiva del ELN. Allí, en el Urabá antioqueño y chocoano, también confluyen grupos de Bacrim que se empiezan a pelear las zonas bajo control de las Farc. En esa zona registraron "el aumento del recclutamiento de niños, niñas y jovenes por parte de esta guerrilla". Todo esto se une a los escandalosos índices de necesidades básicas insatisfechas y pobreza extrema.

Medellín es un ejemplo de la urbanización del conflicto. Allí documentaron el aumento de las fronteras invisibles en las comunas, el reclutamiento de menores de edad por parte de redes de microtráfico y el control social seguido del desplazamiento intraurbano.

En Norte de Santander confluyen las guerrillas de las Farc, Eln, Epl, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Por eso la población sufre por los enfrentamientos de estos grupos armados y también por los bombardeos de la fuerza pública ya que dos de ellos (Epl y Agc) son considerados Grupos Armados Organizados (GAO) y por lo tanto pueden ser bombardeados, según la directiva 015 de abril de 2016.

Basándose en toda esta información, el estudio determinó que la rápida evolución del conflicto colombiano exige que las políticas públicas en los temas humanitarios (como desminado, atención a víctimas, amenazas a líderes comunitarios, etc.) sean flexibles y aborden las manifestaciones puntuales al tiempo que las causas profundas. Por esta razón propone mejorar los sistemas y herramientas para monitorear los nuevos tipos de violencia para fortalecer la información que se tiene sobre crímenes como: amenazas, extorsiones, restricciones a la movilidad, presión y control social, los más importantes en un contexto de posacuerdo.

Finalmente, recomienda adaptar el enfoque territorial del posconflicto a cada región (sobre todo las que tienen varios actores armados y pobreza extrema) y aumentar las capacidades de las autoridades locales en temas humanitarios. Para todo Colombia debe mantener la presencia de las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, advierte. “El éxito del posacuerdo dependerá de cómo el Gobierno supere todos estos obstáculos tanto económicos como humanitarios y la cooperación debe estar presente tanto en el desarrollo sostenible como protegiendo y auxiliando a la población que todavía es vulnerable a la violencia”, concluye Rey. 

Al tiempo que avanza el proceso de paz y se desescala el conflicto armado entre el Gobierno y las Farc, se han empezado a detectar nuevas formas de violencia que se ensañan contra algunos territorios que además tienen históricos problemas de pobreza. Así lo explica un estudio hecho por encargo de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Centro Noruego de Construcción de Paz (NOREF) que se dio a conocer ayer en el Centro de Información de las Naciones Unidas.

El estudio, realizado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), explica que mientras los índices como los desplazamientos masivos han bajado han bajado casi un 50%, otros como las extorsiones, las amenazas a líderes sociales y los desplazamientos individuales se han mantenido o hasta aumentaron.

Durante tres meses IECAH viajó a diferentes zonas del país para entrevistar a centros de pensamiento, autoridades regionales, organizaciones sociales y ciudadanos individuales acerca del impacto humanitario que ha tenido la violencia en el segundo semestre de 2015 y lo que va corrido de 2016. En total desarrollaron seis grupos focales con comunidad de Chocó y Putumayo. Además, realizaron más de 60 entrevistas individuales.

Durante dos meses estudiaron la información recogida en terreno y otros reportes emitidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y la Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre otros. Analizaron los datos y los contrastaron con las entrevistas para así obtener conclusiones cuantitativas y cualitativas.

Así, encontraron que aunque los desplazamientos masivos disminuyeron, el desplazamiento individual todavía es un gran problema. “En todas las entrevistas que hicimos el desplazamiento individual fue un tema primordial para las comunidades tanto en grandes ciudades como en municipios”, explica Francisco Rey, codirector del IECAH. Los más afectados son las comunidades indígenas, que representaron el 59% de los desplazamientos, y los afrocolombianos, que fueron el 30%.

Según estimaciones del CODHES este tipo de violencia tendría 225.000 víctimas al año. Pero los datos oficiales de la Unidad para las Víctimas, son un poco más conservadores. Muestran que desde enero hasta agosto de 2016, 170.737 personas sufrieron desplazamiento forzado. La diferencia entre las dos cifras, dice Rey, podría explicarse porque CODHES también contabiliza las personas que están en proceso de declaración frente a las autoridades, mientras que la unidad de víctimas solo reporta las que ya terminaron el proceso y se certificaron.

Los reportes sobre extorsiones muestran que estas también habrían aumentado. Aunque sobre este punto el estudio no tiene cifras concluyentes, Rey explica que es otra de las preocupaciones que con más recurrencia llegan a las organizaciones humanitarias en las regiones. “En todos los fenómenos de violencia hay un subregistro porque muchos tienen miedo de denunciar. Muchas veces las víctimas le cuentan a las organización humanitarias pero no denuncian. Eso pasa en todos los países en los que los conflictos siguen activos”.

Pero, según el estudio, el reto más grande para el pos acuerdo no es combatir estos crímenes aislados sino desarticular los Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD) que están detrás de ellos. Es decir, redes delincuenciales, a veces derivadas de antiguos grupos armados, que controlan el territorio y son responsables del desplazamiento individual, el control social, la extorsión y los homicidios selectivos.

Este tipo de violencia más discreta es la que sigue preocupando a las organizaciones humanitarias. Especialmente porque la experiencia internacional demuestra que cuando un país firma un acuerdo de paz, los primeros meses hay picos de violencia contra defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras y excombatientes. A los hechos de violencia real toca añadirle la percepción de inseguridad que muchas veces supera con creces los niveles reales de violencia. Muchas veces los ciudadanos se sienten aún más inseguros debido al terror que causan los grupos armados.

Y causar miedo en Colombia es más sencillo, se lee en el documento: primero, por los traumas colectivos que dejó la violencia paramilitar y las tomas guerrilleras que hacen que la mera sospecha de un nuevo enfrentamiento la comunidad hulla o quede confinada en un territorio. La segunda es que las nuevas tecnologías abren otros espacios de comunicación que permiten difundir mensajes de terror de manera masiva y barata.

Hay territorios más vulnerables a esta violencia, que tristemente son casi los mismos que fueron más afectados por los conflictos armados de las Farc y los paramilitares. El estudio profundizó en cuatro departamentos que eligió debido a cifras de afectación humanitaria de la OCHA y también para estudiar diferentes fenómenos de violencia.

En Chocó y Antioquia investigaron la violencia que se está derivando de la ofensiva del ELN. Allí, en el Urabá antioqueño y chocoano, también confluyen grupos de Bacrim que se empiezan a pelear las zonas bajo control de las Farc. En esa zona registraron "el aumento del recclutamiento de niños, niñas y jovenes por parte de esta guerrilla". Todo esto se une a los escandalosos índices de necesidades básicas insatisfechas y pobreza extrema.

Medellín es un ejemplo de la urbanización del conflicto. Allí documentaron el aumento de las fronteras invisibles en las comunas, el reclutamiento de menores de edad por parte de redes de microtráfico y el control social seguido del desplazamiento intraurbano.

En Norte de Santander confluyen las guerrillas de las Farc, Eln, Epl, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Por eso la población sufre por los enfrentamientos de estos grupos armados y también por los bombardeos de la fuerza pública ya que dos de ellos (Epl y Agc) son considerados Grupos Armados Organizados (GAO) y por lo tanto pueden ser bombardeados, según la directiva 015 de abril de 2016.

Basándose en toda esta información, el estudio determinó que la rápida evolución del conflicto colombiano exige que las políticas públicas en los temas humanitarios (como desminado, atención a víctimas, amenazas a líderes comunitarios, etc.) sean flexibles y aborden las manifestaciones puntuales al tiempo que las causas profundas. Por esta razón propone mejorar los sistemas y herramientas para monitorear los nuevos tipos de violencia para fortalecer la información que se tiene sobre crímenes como: amenazas, extorsiones, restricciones a la movilidad, presión y control social, los más importantes en un contexto de posacuerdo.

Finalmente, recomienda adaptar el enfoque territorial del posconflicto a cada región (sobre todo las que tienen varios actores armados y pobreza extrema) y aumentar las capacidades de las autoridades locales en temas humanitarios. Para todo Colombia debe mantener la presencia de las organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, advierte. “El éxito del posacuerdo dependerá de cómo el Gobierno supere todos estos obstáculos tanto económicos como humanitarios y la cooperación debe estar presente tanto en el desarrollo sostenible como protegiendo y auxiliando a la población que todavía es vulnerable a la violencia”, concluye Rey.