“Los líderes sociales no son enemigos del Estado”: Michel Forst

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas para los defensores de derechos humanos, Michel Forst, está de visita académica en Colombia. Se reunió con representantes del Gobierno y participa en conversatorios con organizaciones de derechos humanos para hablar sobre la importancia de los líderes sociales en la construcción de paz. En diálogo con Colombia 2020 llama la atención sobre el incremento de los asesinatos contra esta población en el país y se refiere a la lupa que la ONU puso sobre las empresas multinacionales que estarían relacionadas con los asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo.

¿Honduras sigue siendo el país latinoamericano más peligroso para los defensores de derechos humanos o Colombia, ante la ola de asesinatos de líderes sociales, ya se robó ese deshonroso lugar?

Siempre es difícil establecer un ranquin de países peligrosos para los defensores de derechos humanos. Es algo que no me gusta porque hay datos que no conocemos: hay muertes que se ocultan, en algunos casos no sabemos si esas muertes están relacionadas por el hecho de ser defensores de derechos humanos o por otras razones. En Colombia vemos un incremento de muertes que son objeto de preocupación para mí. Ese es uno de los puntos que discutiré en mi paso por Colombia.

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En Colombia estamos incursionando en un sistema de justicia transicional. ¿Cree que estos sistemas proporcionan verdad y reparación a las violaciones más graves de DD. HH.?

Ha sido efectivo en muchos otros países y Colombia lo hace para superar el pasado. La idea es, precisamente, mirar hacia el pasado para proveer evidencia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Es algo que tenía que hacerse.

En el último informe de la organización Global Witness se indica que algunos asesinatos de líderes ambientales están relacionados con proyectos de compañías extranjeras. ¿Ha podido establecer algo al respecto?

Sí, precisamente por esa razón el año pasado presentamos ante las Naciones Unidas el reporte relacionado con ese asunto, en el que mostramos el número de asesinatos que se les atribuyen a compañías internacionales. Pudimos advertir que esa cifra es cada vez más alta y, por supuesto, tenemos nombres como el de la activista Berta Cáceres, en Honduras, quien fue asesinada por sicarios, pero sabemos que los autores intelectuales están relacionados con compañías. Es por eso que en Naciones Unidas estamos preparando una especie de protocolos para guiar a las compañías cuando se trata de consultar con la comunidad local. Algunos países han decidido abordar este tema de manera muy seria, como Canadá, específicamente empresas canadienses, que hacen presencia en Latinoamérica. Ahora han decidido establecer lineamientos para guiar el comportamiento de las compañías.

Lea: Las medidas del Estado para proteger a los líderes sociales

¿De qué manera estos lineamientos pueden detener los ataques?

Desde hace un par de años decidimos hacerlo. En el pasado sólo podíamos hacer llamados a los estados, a los gobiernos en particular, cuando se registraban asesinatos o amenazas en contra de los defensores. Ahora hemos vuelto a centrarnos en las empresas objetivos desde el año pasado y les enviamos comunicaciones para informarles que el comportamiento en los países se está volviendo peligroso para los defensores. El caso más reciente fue la compañía Anglo American, que trabajaba en una industria extractiva, a la que le enviamos comunicaciones. Ellos respondieron de manera inmediata para discutir el asunto con precisión e investigar el comportamiento.

Usted condenó en México que las actividades de los defensores de los derechos humanos estaban siendo penalizadas mediante el uso deliberado de legislación y manipulación de poderes. ¿Cuál es su evaluación de esta situación?

Eso es algo que está sucediendo, no sólo en México, sino en todo el mundo, incluida Europa. Ocurre de manera frecuente que se haga uso de la legislación para controlar el terrorismo y fijar un objetivo contra los líderes sociales. Leyes de seguridad nacional, como las de México, son usadas para criminalizar a los defensores de derechos humanos.

A principios de este año destacó la necesidad de crear una coalición mundial de defensores de los derechos humanos para unir esfuerzos y proteger a estos activistas. ¿Esa propuesta ya es una realidad?

La propuesta para establecer una coalición mundial para rodear a los defensores de derechos humanos está en proceso de elaboración. Las decisiones se tomarán en el marco del aniversario de la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y será lanzada en diciembre de este año. La coalición no es solamente una nueva organización para unir esfuerzos; también trata de explorar alternativas para concientizar a la ciudadanía sobre su trabajo. Ellos no son enemigos del Estado. Necesitamos cambiar esa mentalidad.

Escuche el podcast: “No queremos chalecos antibalas”: líderes sociales

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas para los defensores de derechos humanos, Michel Forst, está de visita académica en Colombia. Se reunió con representantes del Gobierno y participa en conversatorios con organizaciones de derechos humanos para hablar sobre la importancia de los líderes sociales en la construcción de paz. En diálogo con Colombia 2020 llama la atención sobre el incremento de los asesinatos contra esta población en el país y se refiere a la lupa que la ONU puso sobre las empresas multinacionales que estarían relacionadas con los asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo.

¿Honduras sigue siendo el país latinoamericano más peligroso para los defensores de derechos humanos o Colombia, ante la ola de asesinatos de líderes sociales, ya se robó ese deshonroso lugar?

Siempre es difícil establecer un ranquin de países peligrosos para los defensores de derechos humanos. Es algo que no me gusta porque hay datos que no conocemos: hay muertes que se ocultan, en algunos casos no sabemos si esas muertes están relacionadas por el hecho de ser defensores de derechos humanos o por otras razones. En Colombia vemos un incremento de muertes que son objeto de preocupación para mí. Ese es uno de los puntos que discutiré en mi paso por Colombia.

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En Colombia estamos incursionando en un sistema de justicia transicional. ¿Cree que estos sistemas proporcionan verdad y reparación a las violaciones más graves de DD. HH.?

Ha sido efectivo en muchos otros países y Colombia lo hace para superar el pasado. La idea es, precisamente, mirar hacia el pasado para proveer evidencia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Es algo que tenía que hacerse.

En el último informe de la organización Global Witness se indica que algunos asesinatos de líderes ambientales están relacionados con proyectos de compañías extranjeras. ¿Ha podido establecer algo al respecto?

Sí, precisamente por esa razón el año pasado presentamos ante las Naciones Unidas el reporte relacionado con ese asunto, en el que mostramos el número de asesinatos que se les atribuyen a compañías internacionales. Pudimos advertir que esa cifra es cada vez más alta y, por supuesto, tenemos nombres como el de la activista Berta Cáceres, en Honduras, quien fue asesinada por sicarios, pero sabemos que los autores intelectuales están relacionados con compañías. Es por eso que en Naciones Unidas estamos preparando una especie de protocolos para guiar a las compañías cuando se trata de consultar con la comunidad local. Algunos países han decidido abordar este tema de manera muy seria, como Canadá, específicamente empresas canadienses, que hacen presencia en Latinoamérica. Ahora han decidido establecer lineamientos para guiar el comportamiento de las compañías.

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¿De qué manera estos lineamientos pueden detener los ataques?

Desde hace un par de años decidimos hacerlo. En el pasado sólo podíamos hacer llamados a los estados, a los gobiernos en particular, cuando se registraban asesinatos o amenazas en contra de los defensores. Ahora hemos vuelto a centrarnos en las empresas objetivos desde el año pasado y les enviamos comunicaciones para informarles que el comportamiento en los países se está volviendo peligroso para los defensores. El caso más reciente fue la compañía Anglo American, que trabajaba en una industria extractiva, a la que le enviamos comunicaciones. Ellos respondieron de manera inmediata para discutir el asunto con precisión e investigar el comportamiento.

Usted condenó en México que las actividades de los defensores de los derechos humanos estaban siendo penalizadas mediante el uso deliberado de legislación y manipulación de poderes. ¿Cuál es su evaluación de esta situación?

Eso es algo que está sucediendo, no sólo en México, sino en todo el mundo, incluida Europa. Ocurre de manera frecuente que se haga uso de la legislación para controlar el terrorismo y fijar un objetivo contra los líderes sociales. Leyes de seguridad nacional, como las de México, son usadas para criminalizar a los defensores de derechos humanos.

A principios de este año destacó la necesidad de crear una coalición mundial de defensores de los derechos humanos para unir esfuerzos y proteger a estos activistas. ¿Esa propuesta ya es una realidad?

La propuesta para establecer una coalición mundial para rodear a los defensores de derechos humanos está en proceso de elaboración. Las decisiones se tomarán en el marco del aniversario de la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y será lanzada en diciembre de este año. La coalición no es solamente una nueva organización para unir esfuerzos; también trata de explorar alternativas para concientizar a la ciudadanía sobre su trabajo. Ellos no son enemigos del Estado. Necesitamos cambiar esa mentalidad.

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