Los nuevos retos de la JEP

Se ha elegido un nuevo presidente para guiar y ser la vocería autorizada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pese a las innumerables peticiones de las organizaciones sociales y de mujeres que solicitaban la elección de una magistrada y la aplicación de la paridad para dicho cargo. Luego de cuatro votaciones, se impuso el nombramiento del magistrado Alejandro Ramelli, quien proviene del mundo académico y ha ejercido varios cargos en la Fiscalía General, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

Sin duda alguna, la nueva presidencia de la JEP deberá enfrentar un momento crucial, especialmente por las constantes críticas sobre el actuar del tribunal en el tiempo reciente. Entre estas críticas se destacan la desviación respecto al Acuerdo Final de Paz, la falta de celeridad en sus decisiones, la fragmentación de la verdad y la ineficiencia en el uso de los recursos públicos. Es importante resaltar que el presupuesto de más de dos billones de pesos destinados a la JEP, equivale al presupuesto anual de un departamento como Nariño.

La elección estuvo marcada por un hecho valeroso y sin precedentes: los integrantes del exsecretariado de las antiguas FARC-EP, representantes de la parte contratante del Acuerdo, manifestaron la renuncia a su derecho fundamental a la presunción de inocencia y aceptaron la responsabilidad de los hechos y conductas que han sido investigados y constatados en los macro casos de la JEP y todo lo proveniente de la Jurisdicción ordinaria, y es que han pasado más de 27 meses desde que la máxima dirigencia de la organización insurgente acudió a la audiencia de reconocimiento sin que hasta la fecha se haya emitido la primera sanción, lo que genera preocupación por las demoras en la justicia para las víctimas y para las 14.411 personas que acudieron a la jurisdicción.

La JEP ha priorizado la investigación exhaustiva del caso a caso, pero esto ha generado retrasos y ha obstaculizado la obtención de beneficios para las víctimas. Esta situación contraviene los principios del Acuerdo de Paz y excede los plazos establecidos constitucionalmente.

Otro gran desafío es el ambiente de odio y estigmatización que se ha generado en torno a la JEP, especialmente en el contexto electoral. Algunos magistrados y la Procuraduría han filtrado información reservada y han buscado instrumentalizar la justicia para fines políticos. Buscan resolver los debates judiciales en los medios de comunicación.  Es fundamental que la JEP se mantenga firme en su compromiso con la verdad, la justicia y la reconciliación, y que rechace cualquier intento de manipulación.

El Acuerdo Nacional que se está impulsando debe incluir la verdad y la justicia como principios fundamentales. De ahí que la JEP tenga una oportunidad histórica de distanciarse de la vieja arquitectura institucional de la justicia de la que, y a conveniencia de muchos, se auspician golpes blandos y golpes duros contra la gobernabilidad del Gobierno del Cambio. Hoy la JEP debe decir entre ser parte del golpe blando, impedir el poder transformador de la Verdad, servir como instrumento para el ocultamiento de la criminalidad estatal y defender el status quo o con ser parte de la reconciliación y la convivencia pacífica que requiere el pueblo colombiano.