Culpar a los diálogos de paz, absolver a la política de seguridad

Es paradójico, por decir lo menos, que en Colombia se culpe a los diálogos de paz de la violencia. Como si sentarse a explorar salidas pacíficas con los actores armados, con todos sus tropiezos, fuera la causa de los asesinatos, de las extorsiones, del miedo, del desplazamiento forzado y de las economías ilegales. Como si hablar fuera el problema y no la violencia misma.

Es una paradoja cómoda, eso sí, porque desplaza la discusión real. En lugar de preguntarse por qué persiste la violencia armada, por qué se reciclan las economías criminales y por qué el control territorial se recompone una y otra vez, se prefiere atacar el acto de dialogar. Y se hace como si conversar equivaliera a rendirse, como si insistir en la paz dialogada fuera una ingenuidad culpable.

El diálogo es una herramienta legítima del Estado para terminar con la violencia, pero no la única. Por eso no reemplaza a la política de seguridad. Tampoco es su gemela, su opuesto o la vuelve innecesaria. Un Estado debe conciliar siempre el monopolio de la fuerza y, al mismo tiempo, el deber constitucional de buscar la paz.

No obstante, es común en el discurso público encontrar ataques feroces en contra de los esfuerzos por dialogar la paz y, al mismo tiempo, un silencio prudente o con lugares comunes sobre la implementación de las políticas de seguridad. Se condena el diálogo y se le reclaman resultados inmediatos, pero rara vez se exige lo mismo, con el mismo tono y la misma severidad, sobre las políticas de seguridad. ¿Por qué esa asimetría? ¿Por qué el estándar de prueba es máximo para los diálogos que buscan la paz y mínimo para las estrategias de seguridad? ¿por qué las políticas de seguridad no son sometidas al mismo escrutinio de resultados, costos e impactos que se les exige a los esfuerzos de paz?

El debate honesto exige simetría. Si se le reclama resultados y rigor al diálogo debería exigirse lo mismo a las políticas de seguridad. Si no ocurre eso, se produce un blindaje que absuelve la política de seguridad bajo el mito de que la respuesta armada del Estado es automáticamente eficiente, suficiente y superior. En Colombia ya se ha ensayado esa fe ciega. Y aunque hubo avances y retrocesos, el saldo estructural de la violencia demuestra que la solución no es tan simple como repetir el mismo libreto y esperar un final distinto.

Además, ese silencio que absuelve es funcional a la omisión estructural del factor económico en los análisis sobre la violencia en Colombia. Esta no se sostiene solo por ideologías o voluntades abstractas, sino por economías ilegales que financian las armas, cooptan el Estado y sus rentas, administran mercados lícitos e ilícitos, imponen reglas de control social y territorial, y participan de redes transnacionales. Por ejemplo, en 2023, según los datos del profesor Daniel Mejía de la Universidad de los Andes, el narcotráfico significó el 4.2% del PIB nacional.

Ahora bien, dialogar no es rendirse, dialogar es reconocer que el Estado tiene que combinar el uso de su fuerza legítima con límites (protegiendo a la población civil) y, al mismo tiempo, abriendo rutas de desescalamiento, desmovilización, desmantelamiento de economías criminales y sometimiento al Estado de derecho de los actores armados. Dialogar, además, es una apuesta por transformar enemigos en adversarios, quebrar ciclos de odio y venganza, construir Estado, dignificar a las víctimas y cimentar garantías de no repetición. Con ello no garantiza un éxito automático o pronto, pero sí demuestra una voluntad de resolver y no solo de administrar la violencia.

Por eso es paradójico y profundamente irresponsable, acusar al diálogo de producir la violencia. Esa acusación funciona como una cortina de humo. Sirve para evitar las preguntas importantes sobre la continuidad y permanencia de la violencia. Sirve para convertir la paz en chivo expiatorio, mientras la guerra se naturaliza. Sirve también para degradar el debate público al ridiculizar y caricaturizar los esfuerzos por dialogar la paz, tildando de ingenuos o de cómplices a quienes participan, y negando el derecho a pensar en soluciones complejas a problemas complejos.

La búsqueda de paz no da espera. Y eso no solo aplica para Colombia.

Las salidas dialogadas, con todos sus retos y riesgos, siempre serán menos costosas que la guerra eterna.

*Esta es una columna de opinión de Juan Carlos Ospina

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