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Bajo el nombre “La defensa del territorio ante las nuevas amenazas”, se llevó a cabo este conversatorio, organizado por Colombia2020, la Red de Programas de Desarrollo y Paz y la Universidad Mariana de Pasto.
Justamente, el espacio se dio en medio de las protestas de organizaciones sociales en cerca de cinco regiones del país contra el Gobierno, por el abandono al sector rural del país, el incumplimiento en la formalización de tierras, los enfrentamientos por la erradicación forzada de los cultivos de coca, la falta de garantías en los planes de erradicación manual con las comunidades y el asesinato de líderes sociales.
Los invitados son líderes de proyectos en las regiones para la construcción de paz pero, sobre todo, encabezan la protección del territorio, del medio ambiente y de la economía indígena y campesina. Sus casos representan el empoderamiento de las comunidades frente a las amenazas de los cultivos de coca y la minería ilegal, algunos de los aspectos en los que se centró el conversatorio.
Allí estuvieron sentados Silvia Gómez Nariño, líder de la red Guardianes Semilla de Vida; Amanda Martínez, del Comité de Integración del Macizo Colombiano, Cima; Hoover Meléndez, representante de Asopatía; Yorgi Cortés Taicus, de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales de Nariño; y Ricardo Manzano, líder del resguardo Puracé del Cauca.
Antes de sus intervenciones, el jefe de la suboficina de Acnur en Pasto, Manuel Nucamendi Pulido, dio un contexto sobre la situación humanitaria en la que se encuentra Nariño. Aseguró que en lo que va corrido del año, más de 1500 personas han sido desplazadas de forma masiva en el departamento y que esta delicada situación no ha recibido la atención adecuada y oportuna por parte de las autoridades y el Gobierno a pesar de las denuncias hechas.
El gobernador encargado de Nariño, Edgar Isandara, por su parte afirmó que se han registrado más de 153 muertes en Tumaco relacionadas al narcotráfico y anunció, en relación con la minería, que no se permitirá su desarrollo a gran escala en la región.
Ejemplos de resistencia indígena y campesina
Ante la pregunta de la moderadora y directora editorial de Colombia2020, Gloria Castrillón, sobre la forma en la que estas organizaciones le han hecho frente al desplazamiento forzado, Yorgi Cortés respondió que han establecido, dentro de los consejos comunitarios, grupos de trabajo para hacer valoraciones de seguridad de la zona y evitar que sus habitantes salgan del territorio amenazados.
Cortés, desde la asociación indígena a la que pertenece, ha luchado en la formalización de mineros tradicionales, en la búsqueda de soluciones a los cultivos de uso ilícito y es testigo de los desplazamientos que han vivido pueblos indígenas (como los Awá) en Nariño.
Añadió que el trabajo de la comunidad se ha centrado en la titularidad de la tierra y se refirió a lo difícil que es visibilizar la situación de confinamiento en la que muchas de las comunidades se encuentran. En cuanto a los cultivos de uso ilícito, denunció que hay personas que han llegado a abanderarse de los territorios por las rutas de narcotráfico y que “las respuestas del Gobierno en cuanto a amenazas y asesinatos a líderes sociales son muy tardías”.
Ricardo Manzano, quien ha trabajado en la autonomía de las comunidades indígenas del resguardo Puracé en el manejo del agua, explicó que el aporte del movimiento a la construcción de paz consiste en la recuperación de las semillas y saberes ancestrales: “Hemos repensado en nuestros planes de vida que es necesario recuperar y fortalecer el uso de las semillas nativas […] Hay alrededor de mil custodios trabajando en diez departamentos del país cuidando las semillas nativas y criollas”.
En esta línea también trabaja Silvia Martínez. La red a la que pertenece, Guardianes Semilla de Vida, nació en el año 2000 y se consolidó como la organización pionera a nivel nacional en la recuperación de semillas para garantizar la soberanía alimentaria de sus comunidades.
Explicó que actualmente hay 403 socios de la red en todo el país que se ocupan de adoptar una semilla nativa y preservarla. Han rescatado cerca de 1650 variedades distintas y su intención, según contó, es que las comunidades sean autosostenibles. Además, esta actividad permite preservar tradiciones indígenas y campesinas en la forma como cultivan sus alimentos.
El turno entonces fue para Amanda Martínez de Cima, un comité que ha impulsado la iniciativa de territorios campesinos agrolimentarios en el norte de Nariño. “Esta iniciativa nace como una forma de blindar y preservar la construcción de lo territorial y para construir el liderazgo de las comunidades", aseguró durante el conversatorio.
Otra de las iniciativas son los territorios agromineros, ya que, como contó Martínez, muchos de los campesinos practican la minería ilegal pero también cultivan alimentos. “Allí hacemos un proceso de resistencia no solo frente a actores ilegales, sino también legales como lo es el Estado”, expresó.
Finalmente, el testimonio de Hoover Meléndez giró alrededor del trabajo de Asopatía, organización que viene luchando para encontrar soluciones a las largas sequías que aquejan a la zona, pero también en la construcción de agenda de paz con las comunidades.
"Tenemos familias y organizaciones sociales que hacen cosechas de agua, protegen bosques y crean empresas rurales en Alto Patía", dijo. Y también resaltó la problemática con los cultivos de uso ilícito: "Hoy el Gobierno con sus políticas de sustitución de cultivos firma acuerdos, pero no los cumple. Si bien las tierras son aptas para cultivos lícitos, el comercio es lo complicado, por el estado de las vías de acceso", puntualizó.