“Los recursos son insuficientes”: director de la Unidad para las Víctimas

Ramón Alberto Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas. / Archivo particular

¿Qué balance hace después de seis meses al mando de la Unidad, frente a la aplicación de Ley de Víctimas?

Los resultados son positivos, sobre todo frente a las emergencias humanitarias. En 2018 terminamos atendiendo todas las que se nos presentaron, más de 76, la mayoría por desplazamiento. En temas de ayudas humanitarias venimos haciendo ajustes, evaluando las necesidades de subsistencia mínima, que tiene dos componentes: alojamiento y alimentación. Llega la solicitud de la ayuda, el primer año se entrega, pero después empezamos a hacer una medición. Queremos hacer un uso racional de los recursos y medimos con toda la información que tenemos en las diferentes plataformas del Gobierno. Lo que hacemos es que a las personas que en realidad la necesitan se les entrega la ayuda. Hemos suspendido ayudas a más de 1,2 millones de víctimas y eso nos ha permitido trasladar recursos para indemnización. Un logro fue la cifra histórica, a diciembre de 2018, en esas indemnizaciones: llegamos a 462.000 pagos, cifra superior a la que estipulaba el Plan de Desarrollo del período anterior, que era de 400.000, beneficiando en todo el período de aplicación de la Ley 1448 a un total de 917.000 víctimas con 962.000 giros. La diferencia se debe a que a veces hay víctimas que reciben dos indemnizaciones, una por secuestro y otra por desplazamiento.

La Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas advirtió en agosto del año pasado que la norma estaba desfinanciada dramáticamente. ¿Es así?

Hay dificultades. Los recursos son insuficientes. La Ley fue creada para los hechos victimizantes diferentes del desplazamiento, pero al año y medio, la Corte Constitucional dijo que tocaba incluirlos, lo cual amplió el universo en más de cinco millones de víctimas. Esa sentencia desfinanció totalmente el Conpes. Hoy, el 80 % del Registro Único de Víctimas es población desplazada. Estamos buscando los ahorros que se puedan hacer dentro de la Unidad y buscando recursos adicionales en el Plan de Desarrollo, aquellos que al final de la ejecución sobran de un ministerio o de un instituto. Y también vamos a hacer ajustes en los montos de las indemnizaciones. La Ley nos establece hasta 40 salarios mínimos y la idea es tipificar y darle un nuevo significado a la palabra “hasta”.

En promedio, ¿cuánto recibe una víctima por indemnización?

Por vía administrativa, alrededor de 18 a 20 millones. Por vía judicial, lo que establece el juez, que puede ser una cifra mayor.

¿Cuál es hoy el presupuesto de la Unidad?

El mismo de 2018, no tuvimos reducción ni adición: $1,8 billones, que se distribuyen en ayuda humanitaria y pago de indemnizaciones. Lo que estamos haciendo es reducir un poco la ayuda humanitaria para fortalecer el tema de las indemnizaciones, pero el presupuesto se mantiene y en el Plan de Desarrollo estamos buscando que en este cuatrienio se nos garantice el presupuesto y podamos incrementarlo, para poderles cumplir a las víctimas.

¿Por qué hay quienes dicen que el proceso va muy lento?

Va lento por el tema de recursos. Si los tuviéramos todos, fácilmente en cinco años estaríamos pagándoles a todas las víctimas, pero venimos haciendo un promedio de 100 a 120.000 indemnizaciones al año y tenemos todavía un universo de cinco a seis millones de víctimas por pagarles.

¿Cuál es la meta para el cuatrienio?

Llegar a 420.000 víctimas, pero el presidente Duque quiere que superemos las 500.000. Por eso estamos haciendo ajustes en los montos, siempre cuidando que no sea regresivo en cuanto a derechos adquiridos, haciendo los ajustes presupuestales y buscando recursos que nos puedan llegar de otras instituciones.

¿No es una meta muy baja para cuatro años?

Puede ser, por eso hablo de los ajustes. Estamos trabajando en eso, revisando todo, porque el presidente quiere cumplirles a las víctimas de una forma responsable.

¿En qué va el proceso de depuración de las listas de víctimas por casos de fraudes?

Estamos avanzando. Inicialmente, con unos procesos que ya venían en curso, y fruto de eso ya llevamos 14.000 casos de exclusiones del Registro, que no es borrarlos sino colocarles una marcación donde quedan excluidos de todos los beneficios de la Ley. Tenemos 4.600 denuncias ante la Fiscalía que estamos patinando y adicionalmente están las denuncias que van llegando. Les hemos pedido a las mesas municipales, departamentales y nacionales de víctimas que nos ayuden con denuncias sobre posibles falsas víctimas, para poder proceder con nuestra oficina jurídica, que tiene una división de “Ojo al fraude”. Verificamos y colocamos la denuncia. Si descubrimos una falsa víctima, le caerá todo el peso de la ley.

¿Y por qué se había hablado de unas 200.000 víctimas falsas?

Esas son las posibles inconsistencias. Cuando se cruza el Registro de Víctimas con la Red Nacional de Información, aparecen inconsistencias y hay que revisar caso a caso. Para excluir una víctima debe hacerse a través de un acto administrativo, con pruebas, y estas a veces son difíciles de conseguir. Además, existen los recursos de apelación o reposición. Lo que buscamos es que haya todas las garantías para que las víctimas puedan apelar, pero tener la plena certeza para poder depurar el Registro.

¿Cuáles son los fraudes más comunes?

Declaración falsa, sobre todo en desplazamiento. Nos dicen que salieron de un territorio, pero cuando hacemos los cruces de datos, nos damos cuenta de que sus hijos nunca estudiaron allá, no aparecen en el Sisbén, ni en los programas sociales de las alcaldías. Buscamos también en el registro médico a ver si alguna vez fueron a consulta, y tampoco están. Y sí los encontramos en otro municipio. Esas son las inconsistencias.

¿Existen mafias que puedan estar alentando estas irregularidades?

Mafias no tanto. En el momento álgido del conflicto había tramitadores, personas que sabían qué era lo que las personas tenían que decir en las declaraciones, que les armaban el libreto. En cada espacio que tenemos les hablo del control social, que pueden hacerlo ellos mismos porque se conocen, saben quién es quién y qué hacían antes.

Ayer se inició el pago de indemnizaciones en El Salado, ¿cómo va ese proceso?

Hay una sentencia de Justicia y Paz a la que venimos dándole cumplimiento. Ya se le había pagado aproximadamente a un 50 % y vamos a pagarle al 50 % que estaba pendiente. Son cerca de $6.000 millones y estaremos en jornada por tres días. Hay muchos adultos mayores que están pendientes del pago de la indemnización y la prioridad es avanzar en eso. La idea también es documentar las personas con discapacidad. El Salado, como sujeto de reparación colectiva, quiere revisar su plan de implementación, que es un ejercicio con la comunidad, con el comité de impulso, con el comité de seguimiento al plan de reparación.

¿Ustedes hacen un acompañamiento para la inversión de la plata que entregan?

Siempre buscamos que la indemnización, que es un monto que en muchos casos supera los $20 millones, se invierta en vivienda o, si ya tienen, que la puedan mejorar o comprar un lote. También que puedan invertir en generación de ingresos. Hay personas con iniciativas productivas y se busca fortalecerlas o que puedan iniciar su negocio. Y están los temas de educación. Con los adultos mayores estamos fortaleciendo el proceso con organizaciones que trabajan con ellos. Queremos evitar que, como les estamos dando prioridad, ahora sí aparecen hijos o nietos a aprovecharse de que les va a llegar plata. Queremos que esos recursos de verdad los favorezcan y que sea la voluntad de ellos.

Hay denuncias que dicen que, a nivel regional, la Unidad de Víctimas se convirtió en un fortín burocrático del uribismo…

Se han dado cambios, como sucede con la llegada de un nuevo gobierno. El trabajo se hace articuladamente con el territorio, revisando temas de productividad y eficiencia. Lo que queremos es tener una mejor atención a las víctimas y que todo sea para mejorar.