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La acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos describe una serie de desplazamientos reiterados de Diosdado Cabello Rondón a zonas fronterizas con Colombia, donde —según la fiscalía— sostuvo contactos directos con estructuras del ELN para garantizar el tránsito de cocaína por territorio venezolano.
El documento judicial sostiene que estas visitas no fueron esporádicas ni simbólicas, sino parte de un esquema operativo destinado a asegurar la continuidad del narcotráfico desde Colombia hacia rutas internacionales.
“Cabello Rondón viajaba regularmente a pistas aéreas clandestinas controladas por el ELN cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela para garantizar el paso seguro continuo de la cocaína por territorio venezolano”, dice el indictment.
La fiscalía subraya que esas pistas eran infraestructura clave del ELN, ubicadas en zonas de difícil acceso y protegidas por la guerrilla, lo que permitía sacar cargamentos de droga sin interferencia de autoridades.
El documento agrega que, desde esas pistas, la cocaína era enviada fuera del país mediante dos modalidades complementarias: “Desde estas pistas aéreas, la cocaína era despachada fuera de Venezuela tanto en vuelos aprobados por funcionarios militares venezolanos como en vuelos clandestinos diseñados para evitar la detección por las fuerzas del orden o los ejércitos de América del Sur y Central” .
Para la justicia estadounidense, estos viajes evidencian que Cabello no actuaba como un intermediario distante, sino como un funcionario que verificaba personalmente el funcionamiento de las rutas y la coordinación con el ELN en la frontera colombo-venezolana.
El indictment también señala que estas operaciones no se agotaron en el pasado, sino que continuaron incluso después de años de investigaciones internacionales.
“Hacia finales de 2024, traficantes colombianos discutieron con un asociado de Cabello Rondón planes para la continuación del tráfico de cocaína a través de Venezuela”, especifica el documento.
Aunque esta última cita se refiere a conversaciones con un asociado, la fiscalía la presenta como evidencia de la persistencia de las rutas fronterizas y del rol de Cabello dentro de ese esquema, en el que el ELN mantenía el control territorial de pistas y corredores estratégicos.
Que la acusación sitúe estas conversaciones hacia finales de 2024 resulta particularmente grave para Colombia porque coincide con un periodo en el que el gobierno de Gustavo Petro mantenía negociaciones de paz con el ELN, un proceso hoy suspendido.
En ese contexto, la posibilidad de que la guerrilla —mientras participaba en un proceso de negociación— siguiera contando, según la justicia estadounidense, con rutas activas de narcotráfico protegidas desde Venezuela, refuerza las dudas sobre su voluntad real de desescalamiento y pone en entredicho las condiciones bajo las cuales se desarrollaron esos acercamientos.
El señalamiento también vuelve a poner en el centro del debate el papel del entorno regional en los procesos de paz y los límites de negociar con un actor armado que, de acuerdo con el indictment, mantendría intactas sus economías ilícitas.
Estos hechos hacen parte de los cargos por conspiración para traficar cocaína y narcoterrorismo que Estados Unidos atribuye a altos funcionarios del régimen venezolano.
Este es el indictment o la acusación formal contra Maduro:
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