A través de un comunicado, la asociación Madres del Catatumbo por la Paz condenó el ataque con un dron explosivo contra una vivienda en el municipio de Tibú, que este 1 de diciembre dejó herida a una familia.
“Las Madres del Catatumbo por la Paz levantamos hoy nuestra voz con el corazón desgarrado (...) Este ataque dejó como saldo a la señora Gladys Teresa Contreras, a su esposo Wilson Enrique Quintero y a sus dos hijas menores de edad heridos, aturdidos, hospitalizados, con esquirlas en su cuerpo y un daño emocional imposible de medir”, se lee en la misiva.
La comunidad de esa región de Norte de Santander está atrapada en medio de la guerra que libran el ELN y el Frente 33 de la disidencia de Calarcá, y que ha desatado la peor crisis humanitaria de los últimos 20 años. Desde enero –cuando se recrudecieron los enfrentamientos–, las madres no solo han brindado ayuda humanitaria, sino que han suplicado que cese el conflicto.
“¿Cómo es posible que a las puertas de la Navidad sigamos viviendo este horror? Llevamos un año entero suplicando que pare esta guerra que nos desangra. Un año viendo caer campesinos, mujeres, jóvenes y ahora otra vez niños heridos, niños que quedan marcados de por vida por explosiones, miedo y ruido de drones sobre sus casas. Hoy, con desesperación y con el alma rota, rechazamos este hecho atroz y todos los ataques que están destruyendo a nuestro pueblo”, se lee en el comunicado.
En la carta también hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional para que no abandone a las familias del territorio y exigen a los grupos armados que “detengan de inmediato estas acciones que solo siembran muerte y dolor. Hagan un pacto con ustedes mismos, con el Catatumbo, con las familias campesinas que solo quieren vivir en paz”.
El deterioro humanitario en Catatumbo
Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos y DIH de la organización Vivamos Humanos, advirtió a Colombia+20 que el uso de drones explosivos es una de las formas de violencia que con mayor claridad muestran la degradación acelerada de la crisis en Catatumbo.
“Hay muchas cosas que nos preocuparon, pero la que más resaltaría es el uso de artefactos explosivos, drones con explosivos y minas antipersonal. Pudimos evidenciar las afectaciones a bienes civiles (…) Han caído explosivos en casas, cerca de colegios, en la entrada de los pueblos, incluso en cementerios. O sea, tú vas a estos lugares y fácilmente encuentras las esquirlas o las casas destruidas por los drones. Dos semanas antes de que llegáramos había muerto una pareja producto de estos explosivos que cayeron desde drones”, señaló Mejía.
Vivamos Humanos fue una de las organizaciones que hizo parte de la Comisión de Verificación Humanitaria, que visitó del 12 al 14 de noviembre cuatro de los puntos más críticos de esa región de Norte de Santander: Filogringo, Campo Seis, Bertrania y Versalles.
Según el informe de esa Comisión, hay 123 infracciones al derecho internacional humanitario, entre ellas ataques indiscriminados en zonas pobladas, afectaciones a bienes civiles, uso de artefactos explosivos improvisados y presencia de minas antipersonales en caminos, viviendas y espacios comunitarios.
A esto se suman 73 violaciones a los derechos humanos, que incluyen desplazamientos forzados, confinamiento, afectaciones a la educación, restricciones a la movilidad, amenazas contra liderazgos comunitarios y riesgos específicos para mujeres, jóvenes y población migrante.
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