Marino Córdoba, toda una vida de lucha por las comunidades del Pacífico

Por su trabajo durante 40 años en la defensa de los territorios y derechos humanos de las comunidades afrocolombianas, el chocoano Marino Córdoba Berrío fue elegido como el ganador de la categoría “Toda una Vida” del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. En su novena edición, este premio, entregado por Diakonia y la Iglesia Sueca, reconoció la labor que Marino ha ejercido, principalmente, con las víctimas del conflicto armado.

Su lucha por mejorar las condiciones de las comunidades afro arrancó cuando apenas tenía 10 años. Siempre acompañó a su padre, también llamado Marino, en todos los proyectos que emprendía como líder comunitario del Tamboral, vereda del municipio de Riosucio (Chocó). “Mi padre siempre me pedía que le acompañara a las reuniones y ahí yo servía para tomar notas de los acuerdos, de los problemas y de cómo solucionarlos con la comunidad y para mí eso fue muy importante porque aprendí a meterme con la comunidad y sus necesidades”, recuerda mientras reconoce esas escenas como las formas en que empezaría su camino para ser un líder significativo en su región.

Años después, pasó por otros roles comunitarios, como el de inspector de policía, hasta que llegó a ser unos de los líderes claves en el trabajo de reconocimiento de las personas afrodescendientes en la constitución política de 1991 y la posterior creación de la ley 70 de 1993, que le reconoce a las comunidades negras la titularidad de las tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico. Eso, mientras trabajaba como representante de la Organización Campesina del Bajo Atrato (Ocaba).

(Lea más: La verdad de Marino Córdoba)

Córdoba también es víctima de la guerra en Colombia. Es uno de los sobrevivientes de la ‘Operación Génesis’, una de las incursiones paramilitares que más desplazamientos ha dejado en el país, ocurrida en Riosucio (Chocó), entre diciembre de 1996 y febrero de 1997. Esta operación dejó, por lo menos, 86 muertos y 20.000 desplazados. Sobre este hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano al no haber garantizado la integridad y seguridad comunitaria, ya que la incursión fue ejecutada entre paramilitares y la Brigada 17 del Ejército con sede en Carepa (Antioquia).

Con el pueblo tomado por los paramilitares no tuvo otra opción que huir. Se fue con uno de sus 19 hermanos en un bote. Le tocó salir cruzando la selva, tomó el río Atrato rumbo hacia Quibdó. Cuando la corriente lo llevó a Vigía del Fuerte, municipio de Antioquia, se encontró en la orilla con un policía que lo conocía:

—Marino, ¿usted qué hace por acá? Mire que acá había un señor sentado, esperándolo.

—¿Y quién era el señor?—Le contestó, intentando reaccionar como siempre lo hacía y borrando por unos segundo de su cabeza el hecho de que venía huyendo.

—Un paramilitar—le dijo el uniformado—él sabía que usted iba a pasar en algún momento. Venga, yo voy a hablar con el hombre para que no le haga nada.

“Cuando él me dijo eso, yo quedé sin fuerzas… pero tomé un respiro”, señala Marino. Se subió de nuevo al bote con su hermano y cruzaron al otro lado: “Yo solo seguí por la orilla del río y me fui directo a Quibdó. Lo único que hacíamos era mirar hacia atrás”. Desde entonces, en su trabajo comunitario siempre han estado presentes las amenazas.

De Quibdó fue a Bogotá, donde fundó la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), organización con la que visibilizó las diferentes situaciones de desplazamiento que personas, familias y comunidades enteras sufrían por el despojo de sus tierras. Sin embargo, por ese mismo trabajo sufrió dos atentados, que lo obligaron a recibir medidas de protección y asilo político en Estados Unidos, donde vivió cerca de once años.

(Lea más: Estos son los finalistas del Premio Nacional a la Defensa de los DD.HH.)

A pesar de estar fuera del país, su contribución a la construcción de paz y democracia en Colombia ha sido constante, pues promovió desde EEUU. la recuperación y restitución de tierras en el Chocó, que habían sido tomadas por grupos paramilitares.

Luego regresó en el 2012 para vincularse a las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc-EP, donde integró a la comisión étnica, cuyo propósito era el reconocimiento de las comunidades indígenas y afrocolombianas como víctimas del conflicto y, por ende, convertirlas en merecedoras de medidas de reparación que dignificaran su resistencia y sus derechos.

Tras su intervención en las negociaciones de la Habana (Cuba), Marino recibió en 2019 un reconocimiento como finalista al premio Matín Ennals Award, considerado el premio ‘Nobel’ de la defensa de derechos humanos.

Con toda su vida dedicada a ser uno de los voceros más importantes en la resistencia afro de Colombia, Marino afirma que se siente privilegiado por estar cerca de las comunidades, apoyándolas y acompañándolas. “Además, después de los atentados que he tenido, el hecho se seguir vivo para contar la historia, no solo mía sino de las comunidades olvidadas por el Estado, es un milagro, por eso me siento privilegiado”, agrega.

Por su perseverancia y su incansable lucha, Marino Córdoba Berrío ahora es merecedor del premio a toda una vida dedicada a la defensa de las comunidades afro en el país. “Recibir este reconocimiento en lo personal da ánimos para seguir y, en lo colectivo, ayuda a seguir trabajando por nuestras comunidades invisibilizadas”. Y es, según Marino, esa es su razón de vivir: “Yo no tengo más que esto, más que mi comunidad, más que esto que hago. No tengo algo más allá. Aunque yo me haya ido por años fuera del país, volví porque mi lucha está aquí, no en otro lugar y aún hay muchas cosas por hacer. Tenemos que seguir avanzando”.

Los demás ganadores, quienes también se destacaron durante 2020 por su labor en la defensa de las comunidades o poblaciones más vulnerables, fueron: la Guardia Indígena (Kiwe Thegnas) del Plan de vida Proyecto Nasa, como proceso social comunitario; el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, como proceso colectivo en la categoría ONG, y Leyner Palacios, como defensor de derechos humanos del año.

Por su trabajo durante 40 años en la defensa de los territorios y derechos humanos de las comunidades afrocolombianas, el chocoano Marino Córdoba Berrío fue elegido como el ganador de la categoría “Toda una Vida” del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia. En su novena edición, este premio, entregado por Diakonia y la Iglesia Sueca, reconoció la labor que Marino ha ejercido, principalmente, con las víctimas del conflicto armado.

Su lucha por mejorar las condiciones de las comunidades afro arrancó cuando apenas tenía 10 años. Siempre acompañó a su padre, también llamado Marino, en todos los proyectos que emprendía como líder comunitario del Tamboral, vereda del municipio de Riosucio (Chocó). “Mi padre siempre me pedía que le acompañara a las reuniones y ahí yo servía para tomar notas de los acuerdos, de los problemas y de cómo solucionarlos con la comunidad y para mí eso fue muy importante porque aprendí a meterme con la comunidad y sus necesidades”, recuerda mientras reconoce esas escenas como las formas en que empezaría su camino para ser un líder significativo en su región.

Años después, pasó por otros roles comunitarios, como el de inspector de policía, hasta que llegó a ser unos de los líderes claves en el trabajo de reconocimiento de las personas afrodescendientes en la constitución política de 1991 y la posterior creación de la ley 70 de 1993, que le reconoce a las comunidades negras la titularidad de las tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico. Eso, mientras trabajaba como representante de la Organización Campesina del Bajo Atrato (Ocaba).

(Lea más: La verdad de Marino Córdoba)

Córdoba también es víctima de la guerra en Colombia. Es uno de los sobrevivientes de la ‘Operación Génesis’, una de las incursiones paramilitares que más desplazamientos ha dejado en el país, ocurrida en Riosucio (Chocó), entre diciembre de 1996 y febrero de 1997. Esta operación dejó, por lo menos, 86 muertos y 20.000 desplazados. Sobre este hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano al no haber garantizado la integridad y seguridad comunitaria, ya que la incursión fue ejecutada entre paramilitares y la Brigada 17 del Ejército con sede en Carepa (Antioquia).

Con el pueblo tomado por los paramilitares no tuvo otra opción que huir. Se fue con uno de sus 19 hermanos en un bote. Le tocó salir cruzando la selva, tomó el río Atrato rumbo hacia Quibdó. Cuando la corriente lo llevó a Vigía del Fuerte, municipio de Antioquia, se encontró en la orilla con un policía que lo conocía:

—Marino, ¿usted qué hace por acá? Mire que acá había un señor sentado, esperándolo.

—¿Y quién era el señor?—Le contestó, intentando reaccionar como siempre lo hacía y borrando por unos segundo de su cabeza el hecho de que venía huyendo.

—Un paramilitar—le dijo el uniformado—él sabía que usted iba a pasar en algún momento. Venga, yo voy a hablar con el hombre para que no le haga nada.

“Cuando él me dijo eso, yo quedé sin fuerzas… pero tomé un respiro”, señala Marino. Se subió de nuevo al bote con su hermano y cruzaron al otro lado: “Yo solo seguí por la orilla del río y me fui directo a Quibdó. Lo único que hacíamos era mirar hacia atrás”. Desde entonces, en su trabajo comunitario siempre han estado presentes las amenazas.

De Quibdó fue a Bogotá, donde fundó la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), organización con la que visibilizó las diferentes situaciones de desplazamiento que personas, familias y comunidades enteras sufrían por el despojo de sus tierras. Sin embargo, por ese mismo trabajo sufrió dos atentados, que lo obligaron a recibir medidas de protección y asilo político en Estados Unidos, donde vivió cerca de once años.

(Lea más: Estos son los finalistas del Premio Nacional a la Defensa de los DD.HH.)

A pesar de estar fuera del país, su contribución a la construcción de paz y democracia en Colombia ha sido constante, pues promovió desde EEUU. la recuperación y restitución de tierras en el Chocó, que habían sido tomadas por grupos paramilitares.

Luego regresó en el 2012 para vincularse a las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc-EP, donde integró a la comisión étnica, cuyo propósito era el reconocimiento de las comunidades indígenas y afrocolombianas como víctimas del conflicto y, por ende, convertirlas en merecedoras de medidas de reparación que dignificaran su resistencia y sus derechos.

Tras su intervención en las negociaciones de la Habana (Cuba), Marino recibió en 2019 un reconocimiento como finalista al premio Matín Ennals Award, considerado el premio ‘Nobel’ de la defensa de derechos humanos.

Con toda su vida dedicada a ser uno de los voceros más importantes en la resistencia afro de Colombia, Marino afirma que se siente privilegiado por estar cerca de las comunidades, apoyándolas y acompañándolas. “Además, después de los atentados que he tenido, el hecho se seguir vivo para contar la historia, no solo mía sino de las comunidades olvidadas por el Estado, es un milagro, por eso me siento privilegiado”, agrega.

Por su perseverancia y su incansable lucha, Marino Córdoba Berrío ahora es merecedor del premio a toda una vida dedicada a la defensa de las comunidades afro en el país. “Recibir este reconocimiento en lo personal da ánimos para seguir y, en lo colectivo, ayuda a seguir trabajando por nuestras comunidades invisibilizadas”. Y es, según Marino, esa es su razón de vivir: “Yo no tengo más que esto, más que mi comunidad, más que esto que hago. No tengo algo más allá. Aunque yo me haya ido por años fuera del país, volví porque mi lucha está aquí, no en otro lugar y aún hay muchas cosas por hacer. Tenemos que seguir avanzando”.

Los demás ganadores, quienes también se destacaron durante 2020 por su labor en la defensa de las comunidades o poblaciones más vulnerables, fueron: la Guardia Indígena (Kiwe Thegnas) del Plan de vida Proyecto Nasa, como proceso social comunitario; el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, como proceso colectivo en la categoría ONG, y Leyner Palacios, como defensor de derechos humanos del año.