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La cantidad de víctimas que llegan a Bogotá vuelve a tener una curva ascendente. En 2018 llegaron 7.300 personas huyendo del conflicto en las regiones, siendo la cifra más alta de los últimos cuatro años. En lo corrido de 2019 la tendencia se mantiene, por las guerras en Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Norte de Santander. La situación genera retos para la capital, así que la Alta Consejería para las Víctimas dice tener un plan para enfrentarla. Gustavo Quintero Ardila, quien cumple un año al frente de la entidad distrital, habla de los problemas, los aciertos, los retos que vienen y el mensaje que quiere dejarle a la ciudad en el Mes de las Víctimas.
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Crece la cifra de víctimas que llegan a Bogotá. ¿Cuál es el panorama?
El tema está más vigente que nunca. En 2018 llegaron 7.300 personas a declarar algún hecho victimizante y es la cifra más alta desde 2014. Marzo es el mes más preocupante del año, porque están llegando muchas personas de Buenaventura (Valle), Tumaco (Nariño), el Catatumbo (Norte de Santander) y Chocó. A pesar de esto, nuestra labor es atenderlas.
La mayoría se queda. ¿Cuáles son las estrategias para enfrentar la situación?
La más importante es la integración local. Bogotá tiene 347.000 víctimas y 90 % llegaron de otros sitios. De esas, el 60 % se concentran en Kennedy, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y Suba, donde también residen excombatientes y venezolanos (casi 300.000 en Bogotá). Esto genera retos de convivencia, de cultura ciudadana, de entenderse y encontrarse en el espacio público. Cuando se habló de posconflicto no aterrizaron los acuerdos a contextos urbanos. Esto genera retos y desde el primer momento tuvimos claro que era un tema tenso, pero que nosotros podíamos hacer una apuesta para generar solidaridad entre la ciudadanía.
¿Cómo se identifican esas tensiones?
Bosa Porvenir es un barrio que tiene un equipamiento urbano increíble: la Universidad Distrital, tres colegios distritales y amplio espacio público. Allí viven 12.000 víctimas; a una cuadra está Porvenir 55, un barrio donde viven recicladores o reubicados por zonas de riesgo, y cruzando la calle hay un proyecto que se llama Bicentenario, donde viven familias de excombatientes. Imagínese cuando se encuentran en el parque, en el mercado o en el SITP. Son retos que tenemos que enfrentar. ¿Qué hacemos? Lenguaje positivo. Por eso la integración local es clave.
¿Cómo complementan esa apuesta?
Con reconciliación. Empezamos un proceso entre Mafapo (madres de falsos positivos) y familiares de desaparecidos de la Fuerza Pública. Las pusimos a conversar a través del arte. Al principio fue tenso. Las madres preguntaban por qué tenían que sentarse con los familiares de los que habían desaparecido a sus hijos. Pero comenzaron a encontrarse. Hay una anécdota maravillosa: Esperanza, esposa de un militar desaparecido, llevó una tela de camuflado y la situación se volvió difícil. Arrancó el proceso y al final ella hizo un corazón con esa tela, a la que le dio sentido. Dijo que quería demostrar que el camuflado siempre estaba afuera, pero adentro había un corazón, con el mismo dolor, porque no importaba el origen, el dolor de las víctimas siem pre es el mismo. Ahí empezaron a ser un colectivo artístico. Estos son ejercicios de reconciliación.
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¿Cuál va a ser el ejercicio este año?
Empezaremos uno con un tema del que no se ha hablado suficiente: violencia sexual. Vamos a usar el yoga como excusa. Uniremos dos públicos distintos. Por ahora, queremos que sean exmiembros de las Farc y mujeres de la población civil, ambas víctimas de violencia sexual. Un poco el mensaje es que el dolor siempre es el mismo. Queremos crear el espacio, para que las víctimas generen memoria.
¿No teme que ese ejercicio refuerce algunas de las objeciones a la JEP?
Hemos debatido el tema y estamos convencidos de que nuestro trabajo es con las víctimas y la construcción de memoria, de donde venga. Hicimos una apuesta grande y fue abrirles espacio a los familiares de miembros de la Fuerza Pública, que no tenían tanto acceso a acciones de construcción de memoria. Ahora tenemos una mesa de participación con ellos y otras acciones que hacen que ya no sean solo las Farc y las víctimas de Estado. Abrir el espectro permite contar la historia desde varias visiones.
¿Cómo tocan a las víctimas las discusiones alrededor de la JEP?
Vivimos un momento complejo, porque la discusión, sin importar si es a favor o en contra, debilita el espíritu de las víctimas y la fuerza institucional. La misma cooperación internacional está dando un viraje en cómo están dando recursos para temas de posconflicto. Nuestro mensaje este 9 de abril (Día de las Víctimas) es que no importan las discusiones, ellas están ahí al igual que la deuda del Estado; es un mensaje de solidaridad, para que los bogotanos entiendan que esta es una ciudad de migrantes; que las víctimas llegan porque la violencia las obliga y que cuando llegan tienen el mismo derecho a disfrutar de lo público.
Algunos creen que en Bogotá no hubo conflicto...
Eso creían y que los bogotanos se habían enterado por televisión. Creemos lo contrario. Bogotá fue escenario de magnicidios, atentados terroristas, estuvo sitiada por las pescas milagrosas, fue escenario de guerra… y cuando uno lo empieza a entender, le puede meter la otra parte del análisis y es que si hubo guerra, también puede ser escenario de construcción de paz. La paz se volvió una palabra política y nuestra idea es construir una paz que sirva, no desde los acuerdos, sino desde la cotidianidad. Eso implica trabajo en territorio, conocimiento de las dinámicas de las víctimas y de las falencias de la institucionalidad, en especial de las promesas incumplidas.
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¿Como cuáles?
Por ejemplo, este tema de la vivienda gratuita para víctimas se volvió un mito. Todas creen que tienen derecho a una casa gratis y no hay nada en la norma que lo diga. También el tema de la indemnización o los proyectos productivos. Lo que hemos hecho de Bogotá es una ciudad de puertas abiertas para las víctimas, pero hablando con la verdad. Hoy tenemos a 67.000 niños víctimas en colegios distritales y 94 % de cobertura en salud. Sin embargo, aún faltan mil cosas.
¿Qué está faltando?
Tenemos problemas, como todas las ciudades con desempleo, estabilización socioeconómica y pobreza. Una cantidad de cosas que no solo le competen a la Unidad de Víctimas, sino a la oferta de la nación.
¿Cómo darles condiciones de vida mínimas y dignas a las víctimas?
Estamos concentrados en ocho derechos. El primero es vivienda, donde hay una discusión, porque hay un déficit que nunca se podrá cubrir con casas gratis. Ese no es solo un reto de ciudad, sino un reto de país. Los otros derechos son salud, educación, identificación, reunificación familiar, satisfacción, rehabilitación (salud física y psicosocial) y orientación ocupacional. Son nuestras luchas básicas. Sabemos que no todos van a cumplir con ellos, pero es un camino que trazamos, aunque no es suficiente.
¿Y empleo?
La colocación es muy difícil. Pregúntele a un empresario si está dispuesto a contratar a una víctima o a un excombatiente. De entrada, dicen que no. Entonces esto no es solo un reto del Estado, sino de la sociedad. Por eso, en este punto, es importante el mensaje del 9 de abril, en el que queremos decirle a la ciudad que nos ayude a abrirles un espacio a las víctimas.
¿Se vive mucha estigmatización con las víctimas en Bogotá?
Imagínese que en un colegio cercano al sector de la Plaza de la Hoja, adonde iban hijos de víctimas, hubo un rector que hablaba mal de ellos. Sentía que le iban a afectar el colegio, el rendimiento y a llevar problemas de microtráfico. Se vivió estigmatización. Esas son las cosas que nos toca trabajar. Por eso es tan importante insistir en que no importa el debate de la JEP, porque hay unas víctimas que están en la ciudad y necesitamos que puedan hacer parte de ella sin estigmas.
Con un presupuesto tan limitado, ¿cómo lograr una mejor atención?
En 2015 el presupuesto de la Alta Consejería era de $19.000 millones, de donde salían recursos para funcionamiento. Como dependemos de la Ley de Víctimas y dura diez años, no hay opción de tener una entidad estable en el tiempo. Este año pasamos a $34.200 millones. No obstante, el Distrito el año pasado, a través de diferentes entidades, invirtió $568.000 millones en víctimas y este año tiene proyectado $664.000 millones. Ahí están educación, salud, comedores comunitarios (10 % son víctimas). Son 18 entidades, desde la Filarmónica, con acciones para esta población. Pero es claro que nunca será suficiente. Las necesidades siguen ahí.
¿Por qué no han sido exitosos los proyectos productivos?
Antes se entregaban $10 millones por hogar y nadie monta un negocio con ese dinero. Nosotros hicimos un piloto con el SENA y creamos el Fondo Emprender, que acompaña a las víctimas en su proceso para fortalecer su negocio y luego les da un recurso de casi $100 millones. El presupuesto alcanza para 31 proyectos, que deben pasar una serie de filtros. Para vincular a todas las víctimas, necesitaríamos unos recursos que nunca vamos a tener. Por eso, la estabilización socioeconómica es un pendiente.
¿Qué hacer entonces?
Es una de las preguntas que tiene la nación. Nosotros hemos tratado de tener acciones, como la estrategia “Para Siempre”, a través de la que visibilizamos emprendimientos, los proyectamos y los conectamos con empresarios. Ese no ha sido tan costoso, nos ha funcionado. La apuesta este año es empleabilidad: capacitar a las víctimas para que puedan competir en el mercado laboral.
Muchas de las víctimas venden en la calle, pero chocan con el Código de Policía. ¿Cómo mediar en este asunto?
Tenemos una alianza con el IPES y su registro de vendedores informales. Hacemos un cruce con el registro de víctimas y empezamos un proceso para tratar de formalizar sus emprendimientos. Pasa que muchas de las ventas informales son de víctimas, pero una batalla que debemos superar es el miedo a la formalización. Ahí es cuando los problemas de ellas se vuelven problemas de ciudad.
¿Cómo están trabajando para quitarles las víctimas a los grupos criminales?
Tenemos el caso de Rincón de Bolonia, en Usme, que son 2.000 viviendas de víctimas. Alrededor hay muchos problemas de índole social, de microtráfico, y los hijos de las víctimas quedan en medio. El año pasado hicimos veinte mapas de riesgo, con ayuda de la población, que nos dijo cuáles eran las zonas calientes y ahí trabajamos una apuesta con las secretarías de Gobierno y Seguridad, que se llama Prevención Temprana, generando acciones para que los niños no tengan que caer; con acciones deportivas, culturales y alternativas para ellos. He ahí la importancia de tener 18 entidades del Distrito trabajando.
¿Cuáles son los retos para lo que queda del año?
Integración local —para poner fin a los conflictos internos en las zonas donde se concentran las víctimas—, la reconciliación, la ruralidad, para posicionar al Sumapaz como símbolo. De lo que ocurrió allí y que no se puede olvidar.
Habla de nueve motivos para apoyar a las víctimas. ¿Cuáles son?
Más allá de la paz de los políticos, a las víctimas hay que atenderlas, entenderlas, ser solidarios con ellas. En esto tenemos aliados como ACDI/VOCA, con el que buscamos transformar en lenguaje positivo todo el dolor del conflicto. Queremos transmitir que las víctimas nos inspiran, porque ellas mantienen la identidad y eso nos genera riqueza cultural; porque se transforman, son creativas, se recuperan, son solidarias. Son nueve motivos para ver que no son una carga, sino un motivo de inspiración. Transforman la ciudad sí, pero también de manera positiva. Esa es nuestra cruzada.