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La sevicia con la que fueron asesinados sus familiares y el horror de las jornadas de búsqueda de sus restos a lo largo del río Nare están fijados en su memoria. Hace 32 años, entre el 12 y el 14 de junio de 1988, el suplicio comenzó. Uno a uno, trece mineros que vivían en la vereda El Topacio de San Rafael (Antioquia) y un adolescente que había llegado un día antes al municipio de vacaciones, fueron sacados por la fuerza de sus casas y llevados a campamentos por hombres que usaban prendas militares. Los torturaron, los asesinaron, los desmembraron y los arrojaron al río Nare. Las puertas de la represa ubicada río arriba fueron abiertas y el agua borró casi por completo las huellas del crimen.
La escena que se encontraron los pobladores no podía ser más dantesca. Solo dos cabezas se hallaron, había partes de cuerpos, trozos de prendas de vestir de los mineros desaparecidos y restos de cuerdas en los árboles. La recuperación e identificación de los cadáveres, en semejantes condiciones, tomó años. Tanto que, apenas en diciembre de 2019, la Fiscalía hizo la entrega digna de once cadáveres a sus familiares, que no han dejado de clamar justicia por esta masacre olvidada. Era la época en que cualquier pañuelo relacionado con la Unión Patriótica era usado como “justificación” por los violentos para asesinar personas y en que con violencia se buscó “castigar” la movilización social y el avance de ese partido político.
Entre la estigmatización reinante en la zona y la criminalización, algunos trabajadores ingresaron a las cooperativas y proyectos de sociedades mineras que lideraban las cabezas visibles de la UP en San Rafael, Alejo Arango, Rosa Margarita Daza y Froilán Arango. Hoy, para el Colectivo Derechos con Dignidad, que representa a las familias, es claro que esto determinó el atroz crimen que tuvo una antesala de siete meses de terror. Así lo consignó el equipo de abogados en un informe entregado en febrero pasado a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, y así lo reseñó en 2016 el Centro Nacional de Memoria Histórica.
La racha criminal acabó con los reclamos que las asociaciones de mineros hacían por los proyectos hidroeléctricos que se construyeron en los embalses de Guatapé y Jaguas. El 28 de noviembre de 1987 mataron al concejal Froilán Arango. Su reemplazo, Rosa Margarita Daza (asesinada meses después), denunció en diciembre siguiente al capitán Carlos Enrique Martínez Orozco, adscrito al Batallón Bárbula del Ejército, por “tortura moral” hacia el Comité Minero, que era víctima de hostigamientos por personas ajenas al municipio. En febrero de 1988 fue detenido por el Ejército Alejo Arango del Río, quien fue desaparecido estando detenido el 4 de marzo de 1988, sin que a la fecha haya razón de su paradero.
El 12 de junio de ese año, en medio de versiones de que había un grupo armado en El Topacio, el administrador de una mina cercana al sitio llamado Los Encenillos (donde ocurrió la masacre), alcanzó a sacar a 45 personas del lugar. En la noche y la madrugada del día siguiente, 13 de enero, hombres armados que los señalaban de guerrilleros empezaron a sacar a los mineros a la fuerza.
Las víctimas fueron Ovidio de Jesús y Abel Antonio Buriticá Rincón; Gustavo Adolfo, Guillermo León y Fredy de Jesús Giraldo García (este último menor de edad); Juan de Jesús Taborda Colorado, Juan Evangelista Marín, Jesús Antonio Buriticá Parra, Julio Arturo Hincapié, Fabio Elías Cuervo, Alirio de Jesús Cuervo, Diofanor de Jesús Daza, Óscar Enrique Daza y John Mario Giraldo Gutiérrez, un menor de edad que apenas había llegado a San Rafael de paseo y quería ir a ver cómo se sacaba el oro en las minas. Su madre, Martha Elena Gutiérrez, recuerda que de tres de las víctimas nada se encontró y siguen desaparecidos. “Somos padres y madres que perdimos a nuestra familia, quiero justicia. No fueron animalitos, fueron personas que asesinaron”, dijo.
Aunque las denuncias iniciaron el 17 de junio de 1988, la justicia ha avanzado a paso lento. En una primera investigación, el capitán Carlos Enrique Martínez Orozco fue procesado y absuelto en dos instancias en 1990 y 1991 por la desaparición de los mineros. Otro capítulo judicial inició en 2006, cuando se denunció ante las autoridades lo sucedido por el joven que no era minero y que fue asesinado en los hechos. Esa denuncia motivó una pesquisa en la que, luego de jornadas de exhumación y recopilación de testimonios, la Fiscalía ordenó, el 27 de noviembre de 2019, la apertura de instrucción en contra del capitán Martínez Orozco y 28 militares más que tenían sede en San Rafael, por el delito de desaparición forzada.
Esa decisión afirma que el ambiente político que vivió el municipio afectó a toda la comunidad, que nada tuvieron que ver con “la atroz forma de exterminio a que fue sometida. Es que allí se vivió de la peor manera el experimento del proceso de paz que en ese momento se desarrollaba entre el Gobierno y las Farc, por la creación del Partido Político Unión Patriótica. Fue tan perverso que la misma población confunde en sus declaraciones al Frente Noveno con la UP (…) Se dio la presencia del Ejército, donde al parecer llegó a no cumplir la misión encomendada, sino que su máximo comandante, el capitán Carlos Enrique Martínez, llevó a algunos miembros de esa organización a actuar al margen de la ley”, dice la decisión en poder de El Espectador.
El capitán Martínez (retirado del servicio por presuntos nexos con paramilitares en 1992) y los 27 militares están libres y, para las víctimas, el riesgo de impunidad es latente. Por esa razón, los abogados le solicitaron a esa justicia especial que priorice el caso. “Teniendo en cuenta que han transcurrido más de treinta años de impunidad y la avanzada edad tanto de las víctimas como de algunos victimarios, existe un altísimo riesgo de que no se materialicen los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de que gozan las víctimas en el contexto actual de justicia transicional”, indicaron en el informe entregado a la JEP.
“La masacre de El Topacio permite ilustrar que el plan dirigido a exterminar la UP tuvo tal magnitud que el simple hecho de la simpatía de las víctimas con el partido o su carnetización y movilización dirigida por los líderes en San Rafael fue la motivación suficiente para su sanguinaria ejecución. Después de dicha masacre desapareció cualquier movimiento alternativo en favor de los mineros artesanales. Diez años después, las Autodefensas se afianzaron completamente en el territorio, a tal nivel que sus miembros, armados y uniformados, comandaban el pueblo y veredas a plena luz del día, ejerciendo poder en conjunto con la fuerza pública”, agregaron en el documento.
Para los representantes de víctimas, es claro que este informe presentado tiene que “competir” con otros 200 más presentados por organizaciones en todo el país, que buscan que la JEP priorice sus casos, pero también creen que es un hecho que la JEP deberá abrir un caso en algún momento sobre el conflicto en el Oriente Antioqueño. Las víctimas de la masacre fueron incluidas en el informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso marco que existe por el exterminio de la UP, que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el trámite el Estado colombiano ha señalado que no todos deben ser admitidos por no estar individualizados como integrantes de esa colectividad, mientras que los representantes de víctimas alegan que este crimen fue uno de los miles con que se buscó el exterminio de la UP.