En los años sesenta en Colombia el Frente Nacional consolidó su modelo de alternancia para gobernar el país; nacieron las guerrillas de primera generación, como las extintas Farc y el ELN; fueron despenalizadas las píldoras anticonceptivas y la industria cementera se consolidó más que nunca alimentando la construcción de vías y grandes edificios que aún se mantienen. En síntesis, una década convulsa y difícil de olvidar.
Los debates sobre las compañías de cemento acaparaban espacios públicos antes del inicio del conflicto armado, pues allí comenzaron a tomar fuerza robustos sindicatos que, de acuerdo con una tesis de maestría de la Universidad Nacional, no se veían en Colombia desde las bonanzas bananeras en el Caribe colombiano durante la década de 1920. En la época tan solo había tres cementeras en Colombia, de las cuales dos de ellas tenían alcance nacional y alta cantidad de mano de obra: Cementos El Cairo y Cementos Argos.
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Desde Santa Bárbara, un pequeño municipio en el sur de Antioquia, los obreros de El Cairo fueron muestra de irreverencia e inconformismo ante las condiciones laborales impuestas por sus jefes. Desde 1947 fundaron un sindicato con personería jurídica, que por años soportó condiciones laborales precarias, hasta que finalmente un conflicto laboral surgió después su pliego de peticiones emitido en 1962.
Lo que exigían es algo que por estos días resulta básico: acceso a préstamos de vivienda, un sistema de salud con mayor alcance para ellos y sus familias, mejores oportunidades educativas y un alza en sus salarios. Hubo protestas, mesas de diálogo y negociaciones que llevaron a consensos de casi todos los puntos, exceptuando el tema salarial.
Así cubrió El Espectador lo sucedido en Santa Bárbara el 23 de febrero de 1963:
“Finalmente, el 23 de febrero de 1963, los huelguistas de El Cairo en Santa Bárbara decidieron protestar en la carretera principal y bloquearon los pasos del cemento desde la fábrica hacia Antioquia y otras zonas del país. En ese momento, el ministro de Trabajo era Belisario Betancur Cuartas (casi dos décadas después, presidente de la República) y su orden fue clara: el clínker y el cemento debían salir como fuera. Aquella petición fue recibida y replicada por el gobernador Fernando Gómez Martínez y por ambas directrices llegó el Ejército a atacar a sangre y fuego. Mientras ellos tenían fusiles, los sindicalistas se defendían con palos y piedras”.
Este testimonio es de Alveiro Mesa, el actual presidente del sindicato de El Cairo y una persona convencida que la matanza que tuvo lugar ese día cambió la vida de Santa Bárbara para siempre.
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Si bien él no había nacido en esa época, recuerda por relatos de quienes vieron todo lo que pasó que llegadas las 10:00 a.m. de ese día los militares del Batallón Girardot abrieron fuego indiscriminadamente contra los trabajadores que protestaron en inmediaciones de Cementos El Cairo. “Tal fue la falta de cordura del Ejército que incluso mataron a María Edilma Zapata, una niña de 10 años que era hija de un sindicalista, Luis Zapata, sobreviviente de la masacre”.
Además de María Edilma, en esa jornada perdieron la vida a manos de los militares una docena de personas. No todos eran sindicalistas cementeros, pero sí ciudadanos queridos en Santa Bárbara: Rubén de Jesús Pérez, campesino de la región; Pastor Cardona, cementero de El Cairo; Rafael Antonio González, obrero del departamento eléctrico de El Cairo; Luis Ángel Ruiz, obrero de Cementos Argos; Israel Vélez, conductor de bus en Santa Bárbara; Juan Holguín Henao, ciudadano que fue alcanzado por una bala de fusil cuando estaba saliendo del hospital municipal; Luis Esteban Serna, campesino; Joaquín Emilio Román, campesino; Luis Ángel Holguín, obrero de El Cairo; y Jesús Román, chofer de flota en Santa Bárbara.
Según un documento del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción (Sutimac), luego de la masacre “unas 80 personas fueron privadas de su libertad y en varios vehículos fueron trasladadas al Batallón Girardot. El Ejército empleó un bus de color rojo, propiedad de Cementos El Cairo, para transportar a los detenidos. Se capturaban de forma indiscriminada a los habitantes de Santa Bárbara”.
En este pueblo cementero, a medio camino entre Medellín y La Pintada, quedó una sensación de impunidad que no ha sido saciada. Las investigaciones sobre ese hecho fueron difusas y con el tiempo se fueron borrando. Un texto del Germán Jáuregui, del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, documentó que, en un inicio, el Estado colombiano intentó orientar sus pesquisas para culpar a los obreros huelguistas. Según los datos recopilados por esa tesis de maestría, las directrices del presidente conservador de la época, Guillermo León Valencia, fueron que todo debía manejarse como si se hubiera tratado de una asonada y a partir de allí comenzar a esclarecer hechos.
Los detenidos en el Batallón Girardot fueron paulatinamente liberados, al no comprobarse los cargos en su contra. Pasadas las semanas, se abrieron investigaciones castrenses a los militares involucrados e indagaciones de la Procuraduría General de la Nación que para estudiosos del caso como el profesor Óscar Calvo, director del Departamento de Historia de la Universidad Nacional en Medellín, no sirvieron de nada.
De acuerdo con el académico, hubo fallos en varios niveles. “Belisario Betancur debía regular los conflictos entre los obreros y la empresa. En lugar de ello, estuvo en favor de los intereses de la fábrica y no titubeó al reprimir. Sin embargo, la mayor responsabilidad se la lleva para la historia el gobernador de Antioquia de ese momento, Fernando Gómez Martínez, conservador que facilitó la movilización de las tropas que terminaron atacando a sangre y fuego. El Ejército tenía una capacidad letal impresionante y ni por eso se guiaron las investigaciones posteriores. Olvidaron a Santa Bárbara, que ni está como antecedente en el capítulo “No Matarás” del Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV). Ver la tarea de la gente allá es conmovedor porque no han dejado de recordar. Hacen todo por su cuenta”, aseguró.
Cubrimiento de “El Colombiano” en esa época:
Sin embargo, en el volumen “Hasta la guerra tiene límites” del Informe Final de la CEV hay párrafos dedicados a esta masacre, con los que se alcanza a dimensionar la magnitud de esta matanza. En uno de los apartados, como se puede leer, que “el Ejército Nacional asesinó a doce personas, entre ellas a una niña, e hirió a 39 personas en medio de una huelga pacífica y legal llevada a cabo por los obreros de la fábrica de cementos El Cairo (hoy Cementos Argos). «”No más señores, alto ahí esa matanza. ¡Oficial, por amor a Dios, no mate más gente!”, gritó con las manos en alto el sacerdote Lorenzo Salazar»”.
En Santa Bárbara recuerdan todavía con mucho dolor una frase que según los pobladores se atribuye al gobernador Gómez Martínez y que retumbó luego de un diálogo telefónico con el encargado de la operación militar instantes antes del inicio de los disparos: “Hombre, coronel, si no es capaz de pasar ese cemento, véngase inmediatamente que yo mando a otro”. Las investigaciones contra el político nunca prosperaron. Siempre fue un hombre poderoso, dueño por varias décadas del diario “El Colombiano” y un periodista reconocido.
La guerra en Colombia ya tomaba forma con el surgimiento de las guerrillas y años después con la aparición de los paramilitares junto al poder sin riendas del narcotráfico. Hechos como los de Santa Bárbara pasaron a un segundo plano cuando comenzó la ola sucesiva de eventos atroces del conflicto armado colombiano.
“Queremos que nos pidan perdón en plaza pública”
Lo que estaba pensado como un bloqueo a 180 volquetas cementeras que debían salir hacia Medellín terminó en una matanza que en las calles de Santa Bárbara no olvidan con murales, monumentos, estatuas y un museo. Los sobrevivientes dicen que es su forma de hacer resistencia frente a un país que les dio la espalda, sin reparación, verdad, ni justicia plena.
Cementos El Cairo se fusionó con Cementos Argos hace más de una década y su planta de Santa Bárbara dejó de operar hace dos años. Esto, además de lo que puede significar a nivel empresarial, es un hecho que deja casi al borde de la desaparición al sindicato cementero de Santa Bárbara.
“La economía de nuestro pueblo básicamente se basa en el cemento. Con el fin de El Cairo, es el final de operaciones para 200 personas. De esas, 120 fueron trasladadas a otras plantas y 80 recibieron pensión anticipada. Le cortaron un buen suministro al municipio, pues cerca de 300 millones de pesos mensuales de la producción de El Cairo se reinvertían en todos los sectores. Ahora Santa Bárbara no tiene fuentes grandes de empleabilidad y es un golpe fortísimo para la memoria que no queremos que desvanezca de la masacre que sufrimos”, lamentó Alveiro Mesa.
En este pueblo del sur de Antioquia el recuerdo de sus doce asesinados por el Ejército sigue fresco. En el Museo Mártires del 23 de febrero de 1963 guardan fotografías para preservar su memoria. A la salida de este recinto se ubica un obelisco, que es para los habitantes el monumento insignia de sus muertos; así como una placa con el nombre de todos los asesinados y otra dedicada a la memoria de María Edilma Zapata.
Para la conmemoración de los 60 años de esta masacre, un grupo de estudiantes de Universidad Nacional, un muralista conocido como “Sr. OK” y el profesor Óscar Calvo se unieron para hacer un mural con los rostros de quienes perdieron la vida en esa jornada de huelgas. Cada conmemoración o evento por la memoria sindical la han hecho desde las juntas de acción comunal, con solidaridad de los vecinos y sin apoyo institucional; lamentan que el Estado sea ajeno a su memoria por tratarse de un evento que se sale de las márgenes del conflicto armado.
“Ningún presidente ha venido acá a pedir perdón por nuestros muertos. Queremos que nos pidan perdón en plaza pública, porque la masacre de Santa Bárbara fue uno de los mayores crímenes de Estado contra un sindicato en toda la historia del país. Quizás este gobierno sí tenga la voluntad de hacerlo, pero mientras tanto seguiremos esperando para que reivindiquen nuestra dignidad que nunca se ha ido. No nos cabe duda en el pueblo que Cementos Argos ha movido influencias para que no se recuerde más lo que pasó acá. Manejan hilos del poder a quienes les interesa enterrar nuestra memoria e incluso antes de la fusión empresarial, atacaban y censuraban al sindicato. El proceso de disolución de El Cairo no fue por muchas otras razones más que para borrar nuestra historia”, aseguró Mesa.
Para la gente de Santa Bárbara, la lógica y el lenguaje estatal de “enemigo interno” no arrancó con las guerrillas sino con hechos anteriores, como la masacre que ellos sufrieron. La imagen de que sus huelguistas fueron estigmatizados y asesinados es algo que será imborrable en el sur de Antioquia.
En el fondo estas personas son conscientes de la centralidad del trabajo de instituciones a nivel nacional que trabajan por la memoria en los hechos que ocurrieron durante la guerra, pero sin esto ser motivo para bajar los brazos y perder la esperanza de un perdón y una promesa de no repetición.