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Colombia vive un aumento en las masacres que no se veía en el país desde hace al menos una década: al cerrar abril de 2026, la ONG Indepaz cuenta 49 masacres con un total de 205 muertos en lo que va del año. Estas cifras han impulsado varias discusiones en redes sociales relacionadas con la magnitud de esta violencia, el entorno histórico de este tipo de crímenes y su relación con los diálogos de paz que ha adelantado el gobierno del presidente Gustavo Petro con varios grupos armados y en los que ha participado el candidato Iván Cepeda.
En medio de la campaña para las elecciones presidenciales, figuras públicas de varios sectores políticos han cruzado señalamientos basados en estas cifras para acusarse mutuamente. Por ejemplo, el presidente Petro y el expresidente Álvaro Uribe cruzaron mensajes en la red social X, responsabilizándose de los índices de relacionados con las masacres en sus periodos de gobierno.
Rutas del Conflicto entrevistó a varios expertos en el tema y analizó bases de datos para responder seis preguntas clave que permiten entender el contexto de las cifras que muestran esta dolorosa realidad y chequear la información que circula en el debate público.
¿Cómo se cuentan las masacres en Colombia?
Las 49 masacres perpetradas de enero a abril de 2026 fueron registradas por la organización Indepaz. Juana Cabezas, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividad de esta entidad, explica que para Indepaz una masacre se define como el “asesinato de tres o más personas en el mismo tiempo, modo y lugar”. Además, las víctimas deben encontrarse en estado de indefensión.
Esta definición es acogida por la ONU y establece el umbral a partir de tres víctimas. En cambio, el registro del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) cuenta las masacres a partir de cuatro víctimas. Este registro, creado en 2012, documenta casos desde la década de 1950 hasta 2016, se trata del repositorio más amplio sobre masacres en Colombia.
La diferencia en el conteo no es menor. “Definir si contamos desde tres o desde cuatro es un problema metodológico que puede generar un gran impacto”, afirma Ángela Gómez, investigadora de Conflict Responses (Core), un centro de investigación del conflicto en Colombia. Por ejemplo, si se contaran las masacres de este año a partir de cuatro víctimas, utilizando la base de datos de Indepaz, el número se reduciría a trece casos.
Otra diferencia metodológica clave es el contexto de las masacres. Andrés Suárez, exdirector del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH durante el gobierno de Juan Manuel Santos, señala que en su registro se aplicó un filtro para incluir únicamente hechos vinculados al conflicto armado.
Esto también fue posible porque la recolección de datos se construyó de forma retrospectiva. “Contar con la perspectiva de que haya pasado un tiempo permite entender mejor la relación con el contexto de cada una de esas masacres”, explica Suárez.
Hoy en día, la base de datos de Indepaz registra los hechos en tiempo casi real. Se contabilizan como masacre todos los casos que cumplen con su definición. “No tenemos una labor de investigación judicial; esa responsabilidad le corresponde a la Fiscalía. Lo que hacemos es generar alertas sobre la presencia de actores armados que pueden incurrir en este tipo de delitos”, explica Cabezas de Indepaz.
Además, algunos hechos pueden clasificarse de manera distinta según la metodología. Por ejemplo, ataques como las recientes explosiones en el Cauca son registrados como atentados terroristas por el CNMH, mientras que para Indepaz aparecen en el registro de masacres.
¿En qué zonas se concentran hoy las masacres y cuáles son las dinámicas del conflicto?
Las dinámicas del conflicto armado se han transformado en el tiempo, aunque se sigan perpetrando los mismos hechos victimizantes como las masacres en ciertas regiones del país. La Defensoría del Pueblo le dijo a Rutas del Conflicto que “de acuerdo con los registros del 2025 y los primeros meses del 2026, la magnitud del problema se concentra de manera crítica en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Norte de Santander, a los que se suma una situación humanitaria excepcional en Guaviare”.
Si se analizan a detalle las cifras, Indepaz registró, entre enero y abril de este año, seis hechos en Antioquia, seguidos por el Cauca con cinco, Norte de Santander con cuatro y Valle del Cauca con tres.
En estos departamentos se concentran varias disputas territoriales entre grupos armados, en las cuales la población civil es la directamente afectada. Un ejemplo claro se puede observar en Antioquia, donde el Clan del Golfo junto al ELN y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (disidencia de alias Calarcá) se enfrentan constantemente para obtener el dominio estratégico de esa zona.
Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) afirma que hay dos factores que afectan de manera importante a Antioquia en este momento en el entorno del conflicto armado. “La primera es el fraccionamiento de grupos armados y la segunda es la diversidad de los mismos, eso sí lo distingue mucho de la época pasada cuando sí había claridad de un dominio paramilitar y unas zonas de influencia de guerrilla”, explica la investigadora.
Tobo agrega que en la actualidad se evidencia un fraccionamiento territorial de varios focos de violencia y también distintos actores armados. Algo similar sucede en el Cauca y Valle del Cauca, donde confluyen el Estado Mayor Central (disidencia de alias Iván Mordisco), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (un disidencia de la Segunda Marquetalia) y el ELN.
Muchos de estos enfrentamientos obedecen a la ruptura de pactos de no agresión entre los grupos armados. Ángela Gómez, investigadora de Conflict Responses, destaca que un ejemplo particular es el del Catatumbo en Norte de Santander. “En enero de 2025 el ELN y las disidencias del Frente 33 empezaron a enfrentarse. Pero antes, ellos venían trabajando juntos por razones económicas, principalmente. Luego, por esas mismas razones, empiezan a tener problemas en el desarrollo de sus negocios en el narcotráfico y ahí se rompió esa alianza”, explica Gómez. Dichos pactos también surgen para impedir la entrada de otros grupos armados a las zonas donde ya tienen un control consolidado.
Paula Tobo de la FIP explica que cuando se cometen estos crímenes, por la particularidad del efecto colectivo del crímen, hay más posibilidad de que haya una mayor reacción de la fuerza pública por la presión de la opinión pública y esto afecta la presencia y los negocios de los grupos victimarios.
Por esta razón optan por otros mecanismos de control sobre la población civil que son más difíciles de detectar y medir como las restricciones a la movilidad, las amenazas, el desplazamiento forzado, entre otros métodos.
Sin embargo, debido a la cantidad de personas que son asesinadas en las masacres, esta situación puede tender a ser naturalizada. Andrés Suarez, exdirector del Observatorio de Memoria y Conflicto señala que “el problema de la bajada a cuatro o a tres ya empieza a introducir una distorsión sobre la naturaleza misma del evento violento”. Al escuchar que son “masacres pequeñas” o de pocas personas, se puede empezar a matizar la gravedad del hecho, perdiendo la noción de que se trata de un acto violento de dimensiones colectivas.
¿En qué medida la política de paz total del Gobierno Petro ha influido en el aumento de las masacres?
Esta pregunta atraviesa el debate público y ha generado discusiones polarizadas en el país. No se puede ignorar que el número de masacres ha aumentado en lo que va del año: 48 casos en los primeros cuatro meses reflejan una situación profundamente preocupante.
Este es el cuatrimestre con el mayor número de masacres en Colombia según el registro de Indepaz desde, al menos, 2016. Comparando las cifras con los mismos meses de las elecciones de 2022 (38) y 2018 (14) las diferencias son amplias.
Según Gómez, de Core, el crecimiento de los grupos armados ya era una tendencia visible antes de la llegada del gobierno de Gustavo Petro: “Nosotros hemos venido evidenciando el crecimiento de los grupos armados desde 2018 para acá”. En particular, estructuras como el Clan del Golfo, una de las organizaciones armadas con mayor expansión, ya venían ampliando sus operaciones desde antes de la implementación de esta política.
A esto se suma que los cese al fuego negociados en el marco de la “paz total”, como se le llama a la política de negociaciones de paz del gobierno Petro, generaron inicialmente una desescalada de la violencia. “Estas negociaciones generaron unos incentivos para que también los grupos armados bajaran la violencia”, explica Gómez. En departamentos como Nariño, que antes figuraban entre los más afectados por la violencia, las masacres disminuyeron tras el inicio de los diálogos en 2024.
Sin embargo, es difícil determinar hasta qué punto estas negociaciones redujeron realmente la violencia o simplemente transformaron sus formas. “Los cese al fuego invisibilizaron muchas situaciones que sí ocurrían en territorios”, señala Gómez. En lugar de recurrir a la violencia directa, como las masacres, los grupos armados han mantenido el control mediante normas de convivencia, restricciones a la movilidad, multas o sanciones.
En muchos casos estas negociaciones no lograron sostenerse en el tiempo. “Una vez los cese al fuego se empiezan a suspender, se incrementa el número de combates y de hostigamientos a la fuerza pública”, afirma Gómez. En la misma línea, la Defensoría del Pueblo advierte que “los esfuerzos de negociación enfrentan múltiples retos y no se han traducido en una reducción definitiva de la violencia o el control ilegal en los territorios”.
Cabezas, de Indepaz, también señala que la “paz total” ha puesto en tensión las alianzas entre los grupos armados. Según Indepaz, esto ha revelado problemas de cohesión, capacidad económica y control interno, lo que puede haber llevado a que estos grupos recurran nuevamente a la violencia para disputar y mantener el control territorial.
Los expertos señalan que el contexto clave hoy es la fragmentación de los actores armados y la disputa por el control territorial. “Las crisis de seguridad en este momento están muy dadas por la situación de disputa entre actores armados ilegales”, señala Paula Tobo (FIP). En la misma línea, Gómez advierte que estas alianzas y enfrentamientos a nivel regional tienen consecuencias directas para la población civil.
En síntesis, las expertas coinciden en que la política de “paz total” puede haber incidido en las dinámicas recientes de violencia. Sin embargo, advierten que este aumento no puede explicarse de forma exclusiva por esta política, sino que responde a factores estructurales y a transformaciones previas del conflicto armado.
¿Es cierto lo que afirma el expresidente Álvaro Uribe sobre una reducción de masacres en sus periodos de gobierno?
El 4 de abril de 2026, el expresidente Uribe publicó en su cuenta de X un trino en el que responsabilizaba a la política de paz del gobierno del presidente Petro por la cifra de masacres y señalaba la reducción de las masacres durante su gobierno. “En 2010 hubo 10 masacres, se venía de 112. Seguridad Democrática”, dijo el expresidente.
Las cifras sobre masacres en 2010 de la ONU y del CNMH contradicen la afirmación del expresidente Álvaro Uribe. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en 2010 hubo 28 masacres en Colombia (de, al menos, cuatro personas). Por su parte, el “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas” reporta una cifra mayor: hasta noviembre de ese año habían documentado 38 masacres con 179 víctimas.
La cifra entregada por Uribe no se acerca a la del CNMH ni a la de la ONU y, además, su publicación no fue respaldada con una fuente verificable.
Rutas del Conflicto revisó los datos del CNMH durante el gobierno Uribe y encontró que sí hubo un fuerte descenso en estos indicadores desde el inicio hasta el final de su mandato. En 2002, año en el que Uribe asumió la Presidencia, el CNMH registró 332 masacres, el tercer año con la mayor cifra, después del 2001 (401) y el 2000 (376). En 2010, año en el que terminó su mandato, como se dijo anteriormente se registraron 28.
Según esta base de datos, desde el 7 de agosto de 2002, hasta el 7 de agosto de 2010, se perpetraron 754 masacres.
Según Juan Esteban Ugarriza, profesor de la Universidad del Rosario con doctorado Ciencia Política de la Universidad de Berna y que ha estudiado el desarrollo del conflicto en Colombia, el descenso pronunciado de las cifras de masacres durante el gobierno Uribe no necesariamente señalan que los agentes de violencia dejaran de existir durante ese periodo. “Cuando se tiene control sobre un territorio, posiblemente estos actores no van a cometer masacres, que tienen ese impacto tan amplio, sino que se aplica una violencia más selectiva”, explica el experto.
Ante la crítica de Uribe al proceso de “paz total” del gobierno Petro y su relación con la masacres, vale la pena señalar que el entonces presidente también tuvo un proceso de diálogo con los grupos paramilitares en su mandato, entre 2003 y 2006. Las cifras del CNMH muestran que, mientras estos grupos ilegales conversaban con el gobierno, durante esos cuatro años, perpetraron 252 masacres. “En el grueso de la negociación se perpetraron todas esas masacres y se supone que todo eso ocurrió en medio de un cese al fuego”, explica Andrés Suárez.
El exdirector del Observatorio del CNMH agrega que, incluso previo a las desmovilizaciones de los bloques paramilitares, se continuaron perpetraron masacres como la de Bahía Portete en 2004 (con seis personas asesinadas y el uso de violencia sexual) en La Guajira, y la de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Urabá (con ocho muertos). “El modelo de esas desmovilizaciones escalonadas generó un incentivo perverso, porque antes de que a cada jefe paramilitar le tocara el turno de dejar las armas, escalaban la violencia contra la población. Todo esto para reforzar su posición de poder para que quedara muy claro el poder de ese actor, que nadie se atreviera a cuestionar el rol que iban a ocupar en esas regiones después de dejar las armas”, dice Suárez.
¿Es cierto que los asesinatos no son “verdaderas masacres”, como lo dijo el presidente Petro?
Luego del post del expresidente Uribe en X, el presidente Petro le respondió en la misma red social con un extenso mensaje en el que señaló la magnitud de varias masacres cometidas por el paramilitarimo, en las que fueron asesinadas decenas de personas. Petro dijo en el trino que señalar el asesinato de tres personas como una masacre era una decisión arbitraria, “pero lo pusieron tan bajo para que los ajustes de cuentas entre mafiosos se volvieran masacres, así ocultaron las verdaderas masacres”.
Como se explicó antes, Indepaz comenzó a registrar las masacres usando la cifra de tres víctimas desde 2016, usando el mismo indicador que tenían las Naciones Unidas y no por ningún otro motivo como el que expone Petro. Los expertos consultados coincidieron en señalar que, aunque las cifras de conteo de víctimas son diferentes, lo más importante es que la población está sufriendo una violencia que ha venido escalando en medio de una compleja situación de derechos humanos.
Al principio de su mandato, en agosto de 2022, el presidente anunció que evaluaría a los militares de acuerdo con el número de masacres que se perpetraran y de asesinatos de líderes sociales, dos indicadores que medía Indepaz y que justificaron fuertes señalamientos al gobierno de Iván Duque por parte de la oposición. “La comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos. Desde ahora todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacres y muertes de líderes sociales”, dijo Petro en su cuenta de X.
Durante los primeros años de su gobierno el presidente dijo varias veces públicamente que le preocupaba que, aunque había parado el crecimiento de las masacres, las cifras se mantenían. “Hacer trizas la Paz costó este crecimiento exponencial del número de masacres en el gobierno de Duque. La cifra del 2023 muestra que se detuvo el crecimiento, pero no me gusta para nada. Esa curva debe disminuir sustancialmente en mi gobierno”, dijo el presidente en su cuenta de X.
A pesar de lo anterior, durante el último año de su mandato, Petro no volvió a hacer reiteradas declaraciones públicas sobre las cifras de masacres ni a mencionar si efectivamente había medido a los militares con ese indicador.
¿Se pueden comparar realmente los periodos de Uribe y de Petro en torno a los indicadores de violencia?
Según los expertos, debido a los contextos particulares y las transformaciones del conflicto, los expertos señalan que no se pueden comparar estos dos periodos. La diversidad de actores armados que se pueden identificar en la actualidad, como el Estado Mayor Central (Iván Mordisco), El Estado Mayor de Bloques y Frentes (Calarcá), el ELN, el Clan del Golfo, los Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, entre otros, no son los mismos que en la década de los 2000, que en ese caso eran las FARC, el ELN y los grupos paramilitares concentrados en su mayoría en las Autodefensas Unidas de Colombia.
Los entrevistados coincidieron en que no basta con analizar únicamente lo que sucede con las cifras de masacres, sino que es necesario incluir otros tipos de violencia para hacer una comparación más profunda, ajustada a las realidades que vive la población civil en sus regiones. Paula Tobo resalta que “lo más importante es no hablar de cómo estamos mucho mejor o peor que antes, sino hablemos de que las violencias son distintas y hablemos del impacto que está teniendo la violencia sea cual sea sobre la población civil”.
*Esta investigación se realizó con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Colombia
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