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La disidencia de las FARC conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y la delegación del Gobierno en esa mesa de diálogos de rechazaron una denuncia presentada ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, según la cual actores armados habrían retenido las cédulas de habitantes del resguardo indígena Inda Zabaleta, en Tumaco (Nariño), para entregarlas el día de la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia.
A través de un comunicado conjunto, durante la sesión del 10 de junio de la Comisión un magistrado del Consejo Nacional Electoral presentó “denuncias sin evidencias” en las que se afirmaba que “actores armados retuvieron de manera ilegal las cédulas de los habitantes a condición de entregarlas únicamente el día 21 de junio de 2026”.
Según el comunicado, las partes aseguraron que la denuncia carece de pruebas y defendieron que en ese territorio existen garantías para el ejercicio del voto.
Frente a esos señalamientos, la mesa de diálogos aseguró que el gobernador del resguardo indígena Inda Zabaleta, Christian Moreno, informó que “no hay evidencia de retención ilegal de documentos de identidad a los habitantes del Resguardo por parte de actores armados”.
El documento también sostiene que, durante la primera vuelta presidencial, realizada el pasado 31 de mayo, la jornada electoral se desarrolló con normalidad en el territorio. “Las personas en el territorio ejercieron su derecho al voto de forma plena y libre”, señala el texto.
Por ello, las delegaciones del Gobierno y de la disidencia al mando de Walter Mendoza afirmaron que rechazan “los señalamientos falsos y sin fundamento probatorio” y reiteraron su compromiso con el Acuerdo No. 13 de la mesa de diálogos, suscrito en diciembre de 2025, mediante el cual las partes se comprometieron a respetar los procesos electorales de 2026, mantener la neutralidad política y garantizar el libre ejercicio del voto.
Durante la sesión de la Comisión realizada el miércoles, las autoridades electorales insistieron en que existen condiciones para la realización de la segunda vuelta presidencial. Entre las medidas adoptadas se encuentra la posibilidad de que los partidos y movimientos acrediten hasta dos testigos electorales por mesa de votación para fortalecer la vigilancia de los comicios.
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