Militares víctimas de secuestro alzan la voz contra el olvido del Estado

Gabriel Aponte (izquierda) habitó la calle 17 años tras no encontrar apoyo en el Ejército. Agustín Villanueva (derecha) dice que se siente doblemente victimizado: por las Farc y por el Estado.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Los doce meses en los que Agustín Villanueva prestó el servicio militar obligatorio no le dejaron ninguna historia heroica para contar. En cambio le dejaron una bala incrustada en la cabeza, esquirlas de granada en la pierna y el brazo izquierdos y un trastorno de estrés postraumático por el recuerdo de los tres meses de secuestro que vivió. El 4 de agosto de 1998, tras la toma de Miraflores, Guaviare, el Bloque Oriental de la entonces guerrilla de las Farc se lo llevó de rehén. Fue su primer y último combate.

“Como a la 1 a. m. mi compañero Diego Díaz y yo gritamos al tiempo: ‘¡Me dieron!’, y parece que la misma bala que le atravesó a él los pulmones fue la que me quedó a mí en la zona suboccipital de la cabeza”, dice. Los guerrilleros se llevaron a quienes aún podían caminar, entre ellos a Agustín. Tres meses después un comandante guerrillero decidió liberarlo junto a otro grupo de militares bachilleres, pero el suplicio no terminó allí. Pese a esa afectación, no recibió pensión del Ejército. Tampoco ha podido conseguir trabajo en estos 23 años, porque nadie quiere hacerse cargo de una lesión de ese tipo.

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Agustín es uno de los treinta militares víctimas de secuestro que participaron desde septiembre de 2020 en los Encuentros Transformadores desarrollados por Bertha Lucía Fries, víctima del atentado de las Farc al Club El Nogal y consultora en temas de responsabilidad global en CEC International. Allí encontraron un espacio seguro de diálogo para intercambiar relatos de las secuelas que aún conservan del cautiverio, pero además para avanzar en el manejo de emociones como la ira y enfermedades como la depresión, que también son consecuencias del secuestro y han afectado su relación con sus familiares y en espacios laborales.

Gabriel Aponte también participó en estos diálogos. Él, al igual que Agustín, fue secuestrado en la toma de Miraflores, pero permaneció cautivo casi tres años. Fue liberado en junio de 2001, cuando el gobierno de Andrés Pastrana logró un acuerdo humanitario con la exguerrilla. “Bienvenidos a la libertad, héroes de Colombia”, dijo orgulloso Pastrana el día 28 de ese mes en la Base Militar de Tolemaida, en un acto de honor a los 242 soldados y policías liberados.

“Ustedes ofrendaron su libertad para defender la nuestra y ustedes se merecen el más grande reconocimiento de nuestra patria”, escuchó Gabriel en el acto, pero todo eso se quedó en palabras. Tras su liberación, después de varios intentos de llevar una vida normal y tras pasar internado cuatro meses en un centro psiquiátrico, decidió “perderse” en las calles de Bogotá. Deambuló durante 17 años bajo los efectos de la marihuana, el bazuco y el alcohol.

Estas historias de abandono sorprendieron a Bertha y a su equipo. “En el camino nos encontramos que no solamente había un rencor contra las Farc, que les hicieron mucho daño durante el secuestro, sino que había un cuestionamiento hacia el Estado: ¿por qué entraron sanos al Ejército y ahora que están enfermos física y psicológicamente no tienen pensión ni posibilidad de trabajar?”.

Más allá de la discusión de si los miembros de la fuerza pública son o no víctimas del conflicto armado en Colombia, los uniformados que sufrieron el secuestro quieren que se les reconozca que cayeron allí estando al servicio del Ejército o de la Policía. Guardando las proporciones, Bertha señala que las peticiones no son otras que las de un empleado que sufre una enfermedad laboral o un accidente en el trabajo. “Si yo me resbalo de una escalera haciendo una actividad en mi trabajo, me tienen que dar servicio médico, medicinas y todo el apoyo. Ellos se preguntan: ‘¿Por qué yo no tengo esos derechos?’”.

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La experiencia del secuestro les dejó heridas psicológicas profundas que afectaron sus relaciones con sus familiares. Gabriel incluso dice que él quedó “seco de sentimientos”. “Al poco tiempo de volver, mi relación con la persona que me esperó más de tres años se terminó por mi comportamiento, porque tuve ataques de ira en los que me alteraba y gritaba”, recuerda. Y a pesar de que vía tutela consiguió ayuda psiquiátrica, las imágenes de los combates venían constantemente a su cabeza y su familia ya no lo podía ver de la misma manera. “Por eso yo me empecé a sentir como una carga y me fui a la calle”, señala. De la relación le quedó una hija, que hoy tiene 19 años y es quien lo acompaña.

Los recuerdos de la guerra también siguen atormentando a Agustín. “Aquí donde me ves llevo 36 horas sin dormir. Esos pensamientos están ahí constantemente”, describe. Según cuenta Norma Cruz, su madre, Agustín también tuvo comportamientos violentos. Eso hizo que su relación con su pareja también terminara y él se quedara solo con sus dos hijos. “Pero como no he podido conseguir empleo, mi padre es el que ha tenido que velar por mí y por mis hijos”, denuncia.

En los encuentros, además de las de Gabriel y Agustín, el equipo escuchó historias de intentos de suicidio, drogadicción y violencia intrafamiliar, que las víctimas atribuyen a las afectaciones psicológicas. Sin embargo, estos hombres denuncian que en la evaluación médica posterior al secuestro, en la que se determina un porcentaje de incapacidad para ver si el uniformado debe recibir pensión, solo tenían en cuenta las afectaciones físicas. “Si tenían algo visible, como una leishmaniasis o un ojo afectado, se lo tenían en cuenta; pero lo que era invisible no contaba”, recuerda Bertha como una de las quejas más recurrentes.

Para acceder a la pensión por invalidez, Agustín y Gabriel tendrían que haber recibido una evaluación de pérdida de capacidad laboral del 50 %, pero ninguno la obtuvo. “A mí el Ejército me hizo dos juntas médicas y me echó para la calle con 24 puntos de discapacidad. No me reconocieron la leishmaniasis, el paludismo ni el tema de la granada que me afectó en Puerto Alvira, Meta, antes de ir a Miraflores”. Y a Gabriel le diagnosticaron apenas un 13 % de discapacidad, por el concepto de psiquiatría.

Sobre esta denuncia, el Ejército le dijo a este medio que por medio del Programa de Secuestrados, Desaparecidos, Liberados, Muertos en Cautiverio y sus Familias, que está a cargo de la dirección de Familia y Bienestar de la institución, le han brindado apoyo psicosocial a los familiares de las víctimas de cautiverio, tanto durante el secuestro como después de la liberación. Además, señalan que, según un protocolo establecido, posterior al secuestro han brindado apoyo médico y psiquiátrico a las víctimas por medio del Hospital Militar.

La Dirección de Familia y Bienestar añadió que la Dirección de Personal también brinda asesoría jurídica en temas laborales a los militares liberados. Y sumado a ello, el Ejército aseguró que ha gestionado convocatorias educativas con institutos y universidades como la Fundación San Mateo, la Universidad de la Sabana, el Colegio Mayor de Cundinamarca y la Corporación Matamoros, de las que se han beneficiado al menos 35 militares víctimas de secuestro y 180 de sus familiares.

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Pero Agustín y Gabriel aseguran que lo han intentado todo. “Hemos hablado con Fiscalía, en la Unidad de Víctimas, en Justicia y Paz, con la Defensoría del Pueblo…y hemos tenido abogados que dejan vencer los términos. Nadie ha hecho nada”, dice Agustín. Por eso, ante tantos gritos de auxilio sin respuesta, era apenas entendible que cuando Bertha los buscó estuvieran reacios a contar una vez más su historia. “Pero este no era solo un diálogo”, insiste ella. “Trajimos la experiencia del mundo organizacional y logramos que ellos miraran para adentro y revisaran cómo se relacionaban consigo mismos, con sus familias, que también fueron víctimas del secuestro, y con sus entornos”.

Y les brindaron herramientas de manejo de las emociones que ellos conservan como un tesoro: “Hicimos el ejercicio de ir anotando lo que nos molestaba y yo pude sacar cosas que me tuvieron ahogado durante muchos años para empezar a cambiar. Ya, por ejemplo, no almuerzo solo en mi cuarto, sino que almuerzo con mi hija y mi mamá, que ya no me decían nada porque yo era muy cascarrabias”, describe Gabriel.

Tras los encuentros y gracias a la construcción de esa confianza, Bertha les propuso a los treinta militares llevar sus relatos ante la Comisión de la Verdad. A María Fernanda Cabrera, integrante del Objetivo de Reconocimiento de la entidad, le pareció un aporte valioso: “Encontramos que Bertha, muy afín a la labor que nosotros estábamos desarrollando, estaba abordando el tema tanto con quienes pasaron por el cautiverio como con los familiares. Ser escuchados era importante en el marco de su reparación simbólica”.

Y cuando se concretó, Bertha y los militares prepararon durante tres meses lo que iban a decir en un acto privado virtual con el padre Francisco de Roux. “Estaban muy emocionados porque era la primera vez que alguien de la institucionalidad los iba a escuchar de verdad”, recuerda ella. El encuentro, que se llevó a cabo el pasado 1° de septiembre, dejó un compromiso: esta parte de la historia quedará en el Informe Final.

Además del relato, Cabrera explica que uno de los puntos más importantes son los insumos que este encuentro dejó para el equipo de recomendaciones para el Informe Final. “De este espacio salieron muchas recomendaciones muy importantes, como el llamado a la institución militar a prestar atención a las heridas emocionales de los militares y policías, que se profundizan con los procesos legales. Y otras como brindar acompañamiento a las familias, que también son víctimas en estos casos”.

Para Agustín, haber sido escuchado en la Comisión fue una motivación para hablar en la primera de las cuatro audiencias que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Caso 01 para que las víctimas hagan observaciones sobre el aporte de los exjefes de las Farc a la verdad. Aun así, dice que ha perdido la fe. “La única reparación simbólica que recibí fueron dos medallas, que no me sirven para nada”.