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Los 410 asesinatos que se produjeron entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia dejaron de ser producto de una coyuntura violenta y se convirtieron en un patrón estructural y un “fenómeno extendido en el territorio nacional”.
Así lo describe el más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas dado a conocer este jueves y en el que se indica que del total de víctimas 354 eran hombres, 49 mujeres y 7 personas LGBTIQ+ (4 mujeres trans, 2 hombres gay y 1 persona no binaria).
El impacto de estos homicidios, dice el informe, recae de manera desproporcionada en poblaciones rurales y étnicas: 171 víctimas eran campesinos, 94 indígenas y 43 afrodescendientes, lo que refleja la estrecha relación entre la violencia y los territorios donde confluyen disputas armadas y ausencia estatal.
Este patrón indica que la violencia se dirige principalmente contra personas defensoras de base con alta incidencia en la organización social y la representación comunitaria, fundamentales para la cohesión social, la gobernanza y la transformación del territorio.
El informe también documenta impactos diferenciados. En el caso de las mujeres defensoras, se registraron 49 homicidios y 608 ataques y amenazas, mientras que los defensores del medio ambiente continúan entre los más expuestos, con 64 asesinatos en departamentos como Cauca, Putumayo, Nariño y Chocó.
Lejos de tratarse de hechos aislados, la ONU insiste en que la situación responde a dinámicas estructurales, al tiempo que advierte que estas dinámicas se mantienen especialmente en zonas rurales, aunque también se han extendido a entornos urbanos y periurbanos.
En ese contexto, el informe documenta una fuerte concentración territorial de la violencia. La mayor cantidad de casos está en el departamento de Cauca (84), seguido de Valle del Cauca (37), Nariño (36), Arauca (36) y Putumayo (34). Otras zonas con numerosos casos fueron Norte de Santander (21), Antioquia (19), Bolívar (15), Chocó (14) y Guaviare (14).
“El análisis territorial del periodo 2022–2025 también mostró que la violencia contra personas defensoras presenta una concentración municipal, con recurrencia en un grupo de municipios afectados a lo largo de los años, mientras que otros registran picos aislados”, dice el documento que también muestra los 10 municipios con el mayor número de homicidios, entre ellos Argelia, Toribío y Santander de Quilichao (Cauca); Tumaco (Nariño); Tibú (Norte de Santander); Tame (Arauca); y municipios del Medio y Bajo Putumayo.
“En estos municipios, la reiteración de homicidios a lo largo de los cuatro años confirma que no se trata de eventos coyunturales, sino de patrones estructurales de agresión dirigidos contra personas defensoras indígenas, campesinas, comunitarias y comunales por parte de los grupos armados no estatales como parte de sus estrategias para ganar control social y territorial”, dice la ONU.
El análisis identifica que la violencia responde a patrones repetidos en distintas regiones del país. En particular, señala la responsabilidad de actores armados no estatales, que estarían detrás de la mayoría de los asesinatos. “El 73 % podrían corresponder a actores armados no estatales”, se explica.
A pesar de algunos avances institucionales, la respuesta judicial sigue siendo limitada. Menos del 20 % de los casos ha alcanzado una sentencia, y en materia de amenazas el rezago es aún más evidente: “miles de casos de amenazas y ataques no presenten ningún avance investigativo”.
El informe también pone el foco en las debilidades del Estado para responder a esta situación, especialmente a nivel territorial. “El nivel municipal continúa siendo el eslabón más frágil del sistema de garantías”, señala, al describir una falta de articulación que limita la prevención y protección efectivas.
El balance es contundente. Pese a la existencia de políticas y mecanismos de protección, la violencia contra quienes defienden los derechos humanos se mantiene en niveles preocupantes. “Colombia sigue siendo un país altamente riesgoso para quienes ejercen la defensa de los derechos humanos” , concluye el informe.
Las amenazas y ataques, una forma de silenciamiento
Sumado a los casos de homicidios, ONU Derechos Humanos registró 2.018 casos de amenazas y ataques contra personas defensoras en el período 2022-2025. Del total, 1.325 fueron contra hombres, 608 contra mujeres, 29 contra personas defensoras LGBTIQ+ y 56 contra organizaciones sociales, lo que evidencia que la violencia no solo se dirige a individuos, sino también a estructuras colectivas.
La mayoría de las agresiones corresponden a amenazas (63 %), incluidas amenazas de muerte (6 %), actos de vigilancia (6 %), agresiones físicas (4 %) y señalamientos o estigmatización (4 %). También se documentaron intentos de homicidio (5 %) y secuestros (4 %), entre otros hechos.
El informe subraya el impacto profundo de estas violencias. “Aunque estas formas de violencia son menos visibles que los homicidios, resultan efectivas para el silenciamiento y desestructuración de los procesos organizativos en defensa de los derechos humanos”, indica.
En muchos casos, las amenazas tienen consecuencias directas sobre la vida de los líderes sociales. “Una amenaza de muerte puede transformar radicalmente el proyecto de vida de las personas defensoras y de sus familias, forzándolas al desplazamiento, a la reducción de su visibilidad pública o al abandono definitivo de su labor” dice el organismo.
Y agrega que estas agresiones no se limitan a personas individuales, sino que buscan afectar procesos organizativos completos. “A través de estas vulneraciones de derechos humanos, los perpetradores buscan quebrantar la organización social, imponer normas de convivencia y consolidar el control armado sobre los territorios”.
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