Cada palmo de la vereda El Placer (Putumayo) es un rastro de épocas de bonanza y, también, de violencia. De un pasado de colonos autosuficientes, de un pueblo cocalero que sus habitantes recuerdan con nostalgia, de un pueblo fantasma que sus habitantes rememoran con el terror que sembraron los paramilitares a finales de los noventas. La vereda El Placer ha pasado de monte colonizado a pueblo cocalero, a pueblo fantasma y ahora, a pueblo libre de coca y proyecto piloto del programa “Formalizar para sustituir” de la Agencia Nacional de Tierras y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La idea es que siete mil familias campesinas de Putumayo, Cauca y Meta se conviertan en dueños formales de sus fincas, después de haber abandonado de manera voluntaria el cultivo de coca. A la fecha se han inscrito 600 familias de Villa Garzón, Valle del Guamuez y Orito (Putumayo), municipios que en el año 2000, de acuerdo con cifras oficiales, representaban el 40% de los cultivos ilícitos del país. Los habitantes de la inspección de El Placer, donde se lanzó el pasado jueves el piloto de este programa, ven con esperanza la llegada de la apuesta gubernamental aunque aún desconfían de sus alcances.
“Lo que el Gobierno nos ha dado no ha sido suficiente para recuperar nuestra vereda. Fuimos los primeros en erradicar la coca, empezamos en el 2008, pero las ayudas no abastecen nuestras necesidades. Necesitamos centro de salud, puentes, caminos vecinales. Acá tenemos potreros sin ganado, estanques sin agua y sin peces, marraneras desocupadas. Antes, cuando nosotros teníamos la coca —y no es que la defienda—, teníamos comida y forma de hacer las cosas solitos”, cuenta María del Carmen Toromueces, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Brisas del Palmar, una de las siete veredas de la inspección El Placer.
María del Carmen Toromueces llegó hace 39 años a Brisas del Palmar. Cuenta que en los primeros años, los campesinos se dedicaron a la agricultura y la ganadería, y que era tanta la comida y estaban tan alejados del mundo, que los bultos de yuca, fríjoles y plátanos se perdían, aun después de haber alimentado a todos los pobladores de la comunidad.
Luego, cuenta la mujer, “llegaron comentarios de que había una mata que nos iba a sacar de la pobreza. La gente la empezó a cultivar en las lejanías, porque nos dijeron que había que sembrarla calladita de la ley. Los cultivos fueron creciendo, dejamos de producir nuestra comida, vimos que daba mucha plata”.
Así comenzó la bonanza cocalera. Al recorrer la calles de Las Brisas, desiertas y bordeadas de locales cerrados, Andrea Fernanda Quiroz, secretaria de la JAC, recuerda que en esos años “a duras penas se podía caminar en la calle. Era demasiada gente la que llegaba, y los locales se mantenían llenitos”.
Con la plata que les dejó la coca, además de arreglar sus viviendas, los campesinos pusieron luz eléctrica en el pueblo, pues el Estado nunca se había encargado de hacerlo. Construyeron, además, la primera escuela. La cancha, los puentes, los estanques para cultivar cachamas y tilapias, todo con plata “mágica”, afirman las mujeres. Todo, dicen, sin ayuda del Estado, que nunca hizo presencia.
De acuerdo con el libro “El Placer: mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo”, del Centro Nacional de Memoria Histórica, desde finales de los ochenta, la vereda Las Brisas funcionó el centro de los narcotraficantes.
Allí, en trayectos de menos de un kilómetro pueden encontrarse tres gasolineras abandonadas (la gasolina es fundamental para elaboración de la coca), casas lujosas con enormes piscinas y solares, que los mafiosos le vendieron a los campesinos a precios irrisorios cuando las Farc rompieron sus alianzas y decidieron apoderarse del negocio en la zona.
Las primeras noticias sobre el Estado llegaron a El Placer en forma de “la fumiga”: las avionetas que rociaron de glifosato todo el sur de Colombia desde 1994 hasta el año pasado, cuando se prohibió la aspersión aérea. En Putumayo empezaron en 1998 a descargar toneladas del químico sobre los cultivos de coca.
Un año más tarde, el 7 de noviembre de 1999, los paramilitares hicieron su entrada de sangre a El Placer: asesinaron a once personas y se instalaron en el pueblo, con el objetivo de sacar al Frente 48 de las Farc del territorio. Comenzó lo que los pobladores recuerdan como la peor de las épocas. “La vereda nuestra quedó como un cementerio”, dice María del Carmen Toromueces. Cada tantos metros hay una historia sobre los asesinatos y las torturas del Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Campesinas de Colombia. Al hijo mayor de María del Carmen Toromueces lo descuartizaron con una motosierra en la finca de una vecina. Al papá de Andrea Fernanda Quiroz, el primer inspector de Policía de El Placer, lo asesinó la guerrilla por, supuestamente, ser auxiliador de los paramilitares. Hasta 2006 soportaron la infamia.
En 2008 llegó la primera acción gubernamental para sustituir los cultivos de coca. Pocos apostaron por el cultivo de cacao y la ganadería. Según los habitantes de la región, los grupos armados asesinaron a los presidentes de las JAC que impulsaron la sustitución.
Pero las ayudas no bastaron: mientras que con un kilo de coca un campesino puede ganar $1.700.000, un kilo de cacao les deja $6.000. Más tarde llegó el proyecto de Guardabosques, “pero lo que nos daban eran $240.000 cada dos meses. Con eso no vive nadie”, explica María del Carmen Toromueces.
Hace varios años, con el Programa contra Cultivos Ilícitos (PCI) de la Agencia Presidencial Acción Social, la pimienta se unió al cacao en las fincas campesinas. Con “Formalizar para Sustituir”, el Gobierno espera erradicar de manera definitiva la coca de estos municipios.
Voceros de la UNODC manifiestan que en 15 años de trabajo en sustitución de cultivos ilícitos, “hemos aprendido que hay dos temas vitales en el campo y que es necesario implementarlos en este tipo de programas: la tierra y la comercialización de los productos. Si el campesino es dueño de la tierra, se arriesga menos”.
Miguel Samper Strouss, director de la Agencia Nacional de Tierras, manifiesta que “si el campesino está dentro del programa y vuelve a sembrar aunque ya tenga el título, ese título se le puede revocar. Además, el programa contempla la llegada de la Agencia de Desarrollo Rural y de la Agencia de Renovación del Territorio, que son las que implementan asuntos como la construcción de infraestructura en las veredas beneficiadas”.
Sobre este plan de desarrollo, la presidenta de las JAC de Brisas del Palmar, María del Carmen Toromueces, dice: “Así como fuimos unas personas berracas para quedarnos sin comida por desenterrar la coca y cumplirle al Gobierno, esperamos que nos cumplan. Porque nosotros ya sabemos que no es imposible vivir sin coca, pero por la situación, hay gente que todavía la necesita”.