“Nos sentimos defraudados”: familiares de las víctimas de la masacre de 19 comerciantes

Han transcurrido tres décadas y los familiares de 19 comerciantes que fueron asesinados en el Magdalena Medio por el paramilitarismo siguen en la búsqueda de los cuerpos de sus seres queridos. Era el 6 de octubre de 1987. El grupo, inicialmente de 17 personas, se trasladaba de Cúcuta a Medellín para vender sus mercancías y en su trayecto se cruzaron con las autodefensas del Magdalena Medio, cerca de la finca El Diamante, en jurisdicción de Cimitarra (Santander). Los asesinaron, los descuartizaron y los lanzaron a las aguas del caño El Ermitaño, afluente del Magdalena. Dos familiares que fueron en su búsqueda tuvieron el mismo final fatal.

Ad portas de conmemorarse un año más de la masacre, el panorama para las víctimas es desolador. Todo apuntaba hacia Henry Pérez y su padre, Gonzalo, creador en Puerto Boyacá de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acgdegam), una fachada del paramilitarismo que sembró el terror en la región, pero ambos fallecieron. Entre los condenados están varios paramilitares como Alonso de Jesús Baquero, conocido como Vladimir. Y aunque fueron vinculados varios agentes estatales, El Espectador estableció que la Fiscalía precluyó la investigación en contra del mayor Óscar de Jesús Echandía Sánchez y el sargento Otoniel Hernández, quienes habían sido vinculados al caso en 1996.

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En 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la muerte de los 19 comerciantes y ordenó hacer una reparación simbólica, a través de un monumento, y otra monetaria. Así como impulsar las investigaciones y la búsqueda de los cuerpos y dar medidas de atención en salud física y mental a los familiares de las víctimas. Pero hoy, 14 años después de la condena, la realidad es una sola: los cuerpos no han podido ser encontrados y no ha sido posible poner en marcha un convenio interinstitucional que se firmó con el Ministerio de Salud en el 2017.

“Nos sentimos defraudados”, dijo a este diario Nahún Lobo Pacheco, hermano de Álvaro Lobo Pacheco, desaparecido, que tendría 60 años en la actualidad. “Uno tiene un poco de resentimiento ante esta justicia. No nos han podido encontrar los cuerpos. Queremos que nos entreguen por lo menos los restos de cada personaje, que es lo más gratificante para uno”, agrega Mariela Chaparro Murillo, hermana de Alirio Chaparro, desaparecido. El clamor de las familias, 16 de ellas representadas por la Comisión Colombiana de Juristas, es encontrar algo de tranquilidad. La búsqueda, no obstante, ha sido infructuosa.

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Entre 2011 y 2014, la Fiscalía adelantó pesquisas en las fincas que pertenecieron a Henry Pérez y en el sector conocido como Palo de Mango, en donde supuestamente fueron arrojados los cuerpos, según varias declaraciones. También se hizo una búsqueda en un sector conocido como El Botadero, que sería la zona a donde el paramilitar enviaba a sus víctimas, pero no se encontraron restos. Los familiares están a la espera de un informe sobre los avances y resultados de las excavaciones que les entregará el ente investigador el 27 de octubre, en una ceremonia que se llevará a cabo en Bucaramanga. “No le dieron la importancia a la búsqueda para lo que era”, dice Wílmer Rodríguez, familiar de Jerson Javier Rodríguez.

No obstante, ya algunas de las familias fijan su esperanza en el deber estatal de encontrar a los desaparecidos. Así por lo menos lo espera Nahún, quien para la época tenía 23 años y, literalmente no sabe por qué está “contando el cuento”. Quince días después de la desaparición salió en un viejo carro con tres familiares más desde Ocaña a hacer el mismo recorrido que hicieron los comerciantes por el Magdalena Medio. Se encontraron con las autodefensas, los bajaron del carro y los llevaron a un lugar solitario. “A los 15 minutos apareció uno de ellos con un radio y dijo que nos marcháramos, que no había pasado nada y que si ellos veían a nuestros familiares, nos avisaban”, relató.

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Pero ahora, años después de la experiencia, el problema más urgente para los familiares es la atención en salud. La Corte IDH ordenó el tratamiento gratuito, en lugares cercanos a su residencia, tal y como lo hizo en nueve sentencias más en las que declaró la responsabilidad internacional del Estado, como en el caso de la masacre de Pueblo Bello o Mapiripán, entre otras. La Comisión Colombiana de Juristas explicó a El Espectador que en 2010 se tomó la decisión de implementar todas las sentencias de manera conjunta y que en abril de 2017 se firmó un convenio interinstitucional con el Ministerio de Salud que establecía que en un periodo de seis meses se iban a crear y poner en terreno unos equipos interdisciplinarios.

Los equipos iban a estar formados por un profesional en salud, un psicólogo, un trabajador social y un promotor de salud. La idea es que estas personas recorrieran las zonas del país en donde están asentados los familiares de las víctimas, para actualizar los estados de salud y pasar un reporte a las EPS. Al tiempo, se coordinó para que sirvieran como enlace entre las familias y las EPS y superar así las barreras de atención. Pero este convenio se quedó en papel y los familiares esperan que el gobierno de Iván Duque “le meta la mano” a su situación. Entre tanto, aunque el Estado ya cumplió con las indemnizaciones que ordenó la Corte IDH, algunas personas que no acudieron al proceso internacional o que no quedaron reconocidas por ese organismo están buscando reparación ante la justicia colombiana.

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Es el caso de la familia de Arturo Riátiga Carvajal. En la sentencia solo se reconoció a su compañera permanente, pero no a sus siete hermanos ni a su hijo, por lo que en agosto de 2016 solicitaron una conciliación con el Ministerio de Defensa, en la que se pactó la reparación. No obstante, el 8 de junio de 2017, el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá negó el acuerdo alegando que habría un detrimento al patrimonio público porque ya se había reconocido una indemnización en favor de la compañera permanente. El caso llegó a la Corte Constitucional que, en fallo de la magistrada Gloria Ortiz, consideró que los hermanos sí tenían derecho a la reparación, debido a que el grupo familiar Riátiga fue reconocido por la Corte IDH.

Han transcurrido tres décadas y los familiares de 19 comerciantes que fueron asesinados en el Magdalena Medio por el paramilitarismo siguen en la búsqueda de los cuerpos de sus seres queridos. Era el 6 de octubre de 1987. El grupo, inicialmente de 17 personas, se trasladaba de Cúcuta a Medellín para vender sus mercancías y en su trayecto se cruzaron con las autodefensas del Magdalena Medio, cerca de la finca El Diamante, en jurisdicción de Cimitarra (Santander). Los asesinaron, los descuartizaron y los lanzaron a las aguas del caño El Ermitaño, afluente del Magdalena. Dos familiares que fueron en su búsqueda tuvieron el mismo final fatal.

Ad portas de conmemorarse un año más de la masacre, el panorama para las víctimas es desolador. Todo apuntaba hacia Henry Pérez y su padre, Gonzalo, creador en Puerto Boyacá de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acgdegam), una fachada del paramilitarismo que sembró el terror en la región, pero ambos fallecieron. Entre los condenados están varios paramilitares como Alonso de Jesús Baquero, conocido como Vladimir. Y aunque fueron vinculados varios agentes estatales, El Espectador estableció que la Fiscalía precluyó la investigación en contra del mayor Óscar de Jesús Echandía Sánchez y el sargento Otoniel Hernández, quienes habían sido vinculados al caso en 1996.

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En 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la muerte de los 19 comerciantes y ordenó hacer una reparación simbólica, a través de un monumento, y otra monetaria. Así como impulsar las investigaciones y la búsqueda de los cuerpos y dar medidas de atención en salud física y mental a los familiares de las víctimas. Pero hoy, 14 años después de la condena, la realidad es una sola: los cuerpos no han podido ser encontrados y no ha sido posible poner en marcha un convenio interinstitucional que se firmó con el Ministerio de Salud en el 2017.

“Nos sentimos defraudados”, dijo a este diario Nahún Lobo Pacheco, hermano de Álvaro Lobo Pacheco, desaparecido, que tendría 60 años en la actualidad. “Uno tiene un poco de resentimiento ante esta justicia. No nos han podido encontrar los cuerpos. Queremos que nos entreguen por lo menos los restos de cada personaje, que es lo más gratificante para uno”, agrega Mariela Chaparro Murillo, hermana de Alirio Chaparro, desaparecido. El clamor de las familias, 16 de ellas representadas por la Comisión Colombiana de Juristas, es encontrar algo de tranquilidad. La búsqueda, no obstante, ha sido infructuosa.

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Entre 2011 y 2014, la Fiscalía adelantó pesquisas en las fincas que pertenecieron a Henry Pérez y en el sector conocido como Palo de Mango, en donde supuestamente fueron arrojados los cuerpos, según varias declaraciones. También se hizo una búsqueda en un sector conocido como El Botadero, que sería la zona a donde el paramilitar enviaba a sus víctimas, pero no se encontraron restos. Los familiares están a la espera de un informe sobre los avances y resultados de las excavaciones que les entregará el ente investigador el 27 de octubre, en una ceremonia que se llevará a cabo en Bucaramanga. “No le dieron la importancia a la búsqueda para lo que era”, dice Wílmer Rodríguez, familiar de Jerson Javier Rodríguez.

No obstante, ya algunas de las familias fijan su esperanza en el deber estatal de encontrar a los desaparecidos. Así por lo menos lo espera Nahún, quien para la época tenía 23 años y, literalmente no sabe por qué está “contando el cuento”. Quince días después de la desaparición salió en un viejo carro con tres familiares más desde Ocaña a hacer el mismo recorrido que hicieron los comerciantes por el Magdalena Medio. Se encontraron con las autodefensas, los bajaron del carro y los llevaron a un lugar solitario. “A los 15 minutos apareció uno de ellos con un radio y dijo que nos marcháramos, que no había pasado nada y que si ellos veían a nuestros familiares, nos avisaban”, relató.

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Pero ahora, años después de la experiencia, el problema más urgente para los familiares es la atención en salud. La Corte IDH ordenó el tratamiento gratuito, en lugares cercanos a su residencia, tal y como lo hizo en nueve sentencias más en las que declaró la responsabilidad internacional del Estado, como en el caso de la masacre de Pueblo Bello o Mapiripán, entre otras. La Comisión Colombiana de Juristas explicó a El Espectador que en 2010 se tomó la decisión de implementar todas las sentencias de manera conjunta y que en abril de 2017 se firmó un convenio interinstitucional con el Ministerio de Salud que establecía que en un periodo de seis meses se iban a crear y poner en terreno unos equipos interdisciplinarios.

Los equipos iban a estar formados por un profesional en salud, un psicólogo, un trabajador social y un promotor de salud. La idea es que estas personas recorrieran las zonas del país en donde están asentados los familiares de las víctimas, para actualizar los estados de salud y pasar un reporte a las EPS. Al tiempo, se coordinó para que sirvieran como enlace entre las familias y las EPS y superar así las barreras de atención. Pero este convenio se quedó en papel y los familiares esperan que el gobierno de Iván Duque “le meta la mano” a su situación. Entre tanto, aunque el Estado ya cumplió con las indemnizaciones que ordenó la Corte IDH, algunas personas que no acudieron al proceso internacional o que no quedaron reconocidas por ese organismo están buscando reparación ante la justicia colombiana.

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Es el caso de la familia de Arturo Riátiga Carvajal. En la sentencia solo se reconoció a su compañera permanente, pero no a sus siete hermanos ni a su hijo, por lo que en agosto de 2016 solicitaron una conciliación con el Ministerio de Defensa, en la que se pactó la reparación. No obstante, el 8 de junio de 2017, el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá negó el acuerdo alegando que habría un detrimento al patrimonio público porque ya se había reconocido una indemnización en favor de la compañera permanente. El caso llegó a la Corte Constitucional que, en fallo de la magistrada Gloria Ortiz, consideró que los hermanos sí tenían derecho a la reparación, debido a que el grupo familiar Riátiga fue reconocido por la Corte IDH.