Paz, seguridad y elecciones: efectos indirectos de la violencia en la campaña presidencial

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia están atravesadas por un debate que, aunque no es nuevo, adquiere hoy una forma distinta: la posible incidencia de la violencia en la competencia electoral. Sin embargo, la discusión pública ha tendido a formular mal el problema.

La atención se ha concentrado en la búsqueda de pruebas de intervención directa de grupos armados en favor de candidaturas específicas, cuando el fenómeno más relevante parece estar operando en otro nivel: el de los efectos directos e indirectos que la violencia y el control territorial ejercen sobre las condiciones mismas de la competencia democrática.

Este es uno de los debates que, desde hace veinte años, cuando el país vivió los escándalos de la parapolítica, se ha evitado tener. Y es que resulta evidente que, si existen grupos armados que aspiran al control territorial, estos van a tener injerencia en los procesos democráticos. Aceptarlo implica reconocer que el Estado no ha sido capaz de imponer ni el monopolio de la fuerza ni las funciones básicas de seguridad, justicia y control, por no hablar ya de la promesa constitucional de un Estado Social de Derecho. Con todo lo doloroso que pueda ser este debate, es necesario hablar del elefante en la habitación.

En las últimas semanas, distintos sectores han planteado que decisiones adoptadas en el marco de la política de Paz Total —particularmente la suspensión de órdenes de captura de integrantes de estructuras delincuenciales— podrían tener efectos electorales.

Tras la Semana Santa, voces de la oposición señalaron que medidas como la aplicada a integrantes de La Oficina, en el proceso de conversación sociojurídica del Valle de Aburrá, buscarían favorecer la campaña de Iván Cepeda. Paloma Valencia afirmó que esto haría parte de una estrategia de constreñimiento del electorado por parte de estructuras delincuenciales, y Roy Barreras sugirió que dicha dinámica podría extenderse más allá de Antioquia.

Estos cuestionamientos se apoyan, además, en antecedentes recientes como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que —según la Fiscalía General de la Nación— contó con la participación de la Segunda Marquetalia, así como en los hechos de violencia política documentados por la Fundación PARES en su Quinto Informe de Violencia Político Electoral, que registra 202 víctimas en este período, la mayoría por amenazas.

El aumento de estos episodios ha intensificado las alertas sobre la incidencia de actores armados en el escenario electoral. No se trata, sin embargo, de una situación excepcional. La coincidencia entre ciclos de violencia y períodos electorales ha sido una constante en la historia reciente del país.

Tampoco es nuevo el control territorial ejercido por grupos armados, ampliamente documentado en la literatura sobre el conflicto. Lo que sí resulta relevante es la forma en que estas dinámicas están incidiendo hoy en el funcionamiento concreto de la democracia a nivel subnacional. Si hay un nuevo ciclo de violencia y cambia el comportamiento de los actores armados, cambiará también su relación con el Estado, la economía y la política, local y nacional.

Tras cuatro años de gobierno, la política de Paz Total se consolidó como una de las principales apuestas del Ejecutivo. La estrategia de negociación con múltiples actores armados llegó a estructurar cerca de diez procesos simultáneos, entre diálogos formales y conversaciones sociojurídicas. En este marco se implementaron herramientas orientadas al desescalamiento, como ceses al fuego bilaterales y treguas entre estructuras delincuenciales, especialmente en contextos urbanos.

Los resultados han sido parciales. Los ceses al fuego enfrentaron problemas de sostenibilidad por incumplimientos y por la naturaleza misma del conflicto actual, en el que no solo persiste la confrontación entre el Estado y los grupos armados, sino también disputas entre las propias estructuras ilegales. Las treguas en lugares como Buenaventura y el Valle de Aburrá lograron reducciones en indicadores como el homicidio, pero con efectos frágiles frente a la lentitud de los procesos de negociación.

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Las críticas que señalan que estas estrategias han permitido el fortalecimiento de los grupos armados son parcialmente acertadas, pero insuficientes como explicación. El comportamiento reciente de la violencia también responde a factores estructurales: la persistencia de economías ilícitas diversificadas, las capacidades diferenciadas de control territorial entre actores armados y, de manera particular, las limitaciones del propio Estado. En este último punto, la crisis del sector seguridad y defensa resulta determinante: un presupuesto crecientemente orientado al funcionamiento y al pasivo pensional ha reducido la capacidad de inversión en modernización y operación, afectando la capacidad de respuesta en el territorio.

En paralelo, el gobierno ha utilizado mecanismos como el levantamiento de órdenes de captura de voceros o jefes de grupos armados que participan en los procesos de negociación. Casos como los de Geovanny Rojas, Araña, y Alexander Mendoza, Calarcá, han generado controversia, especialmente por los cuestionamientos sobre la continuidad de actividades ilegales durante estos beneficios.

Más recientemente, la suspensión de órdenes de captura contra 23 integrantes de organizaciones delincuenciales del Valle de Aburrá reavivó el debate sobre los riesgos de estas decisiones.

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La pregunta central es si estas medidas pueden traducirse en un favorecimiento electoral directo. A falta de evidencia que demuestre un constreñimiento sistemático del electorado en favor de una candidatura específica, esta hipótesis resulta débil. Sin embargo, esto no implica que no existan efectos políticos relevantes. Estos operan, más bien, a través de mecanismos indirectos.

Por un lado, las medidas de desescalamiento pueden incidir en la percepción ciudadana de seguridad. Reducciones en homicidios o delitos de alto impacto, asociadas a acuerdos o treguas, pueden traducirse en beneficios electorales para la candidatura respaldada por el gobierno. A esto se suma el reciente endurecimiento de la estrategia militar, con operaciones dirigidas a objetivos de alto valor. Acciones como el cercamiento de Iván Mordisco pueden reforzar la percepción de eficacia estatal. Al mismo tiempo, estas mismas dinámicas pueden generar efectos adversos: reactivar disputas armadas o producir rechazo en sectores urbanos, con impactos electorales en sentido contrario.

Pero el punto más relevante no se encuentra en estos posibles réditos, sino en la transformación de las condiciones de competencia. En amplias zonas del país, el control territorial ejercido por actores armados configura órdenes sociales que regulan comportamientos, restringen la movilidad política y condicionan la participación. En estos contextos, la competencia electoral no depende únicamente de las campañas o de las preferencias individuales, sino de las reglas —formales e informales— que operan en el territorio.

Tanto la Fundación Paz & Reconciliación como la Misión de Observación Electoral han advertido sobre la persistencia de prácticas de control social que pueden derivar en constreñimiento del electorado. Estas dinámicas no solo pueden favorecer determinadas candidaturas, sino también limitar la participación política e incluso restringir el ejercicio del voto. Se trata de un fenómeno que no siempre se expresa en coerción visible, sino en la configuración de entornos donde ciertas opciones políticas son inviables o riesgosas.

En este sentido, el vínculo entre paz, seguridad y elecciones no se explica principalmente por intervenciones directas, sino por efectos indirectos asociados a percepciones de seguridad, resultados operacionales y, sobre todo, condiciones territoriales diferenciadas.

Por ello, la discusión no puede reducirse a establecer si existe o no una estrategia deliberada de intervención electoral por parte de grupos armados. El problema es más profundo. En distintos territorios del país, las condiciones de seguridad están moldeando el ejercicio democrático antes de que comience la competencia electoral. La combinación entre desescalamiento parcial, reconfiguración de los actores armados y respuestas estatales limitadas está produciendo efectos políticos concretos sobre quién puede participar, en qué condiciones y con qué garantías.

Ese es, en última instancia, el desafío de las próximas elecciones presidenciales. Bajo qué condiciones se compite, en qué regiones y más allá de los resultados cómo es posible que en un país que se precia de democrático sigamos teniendo amplios enclaves subnacionales que viven día a día bajo un gobierno armado paralelo, que determina su vida. Ojalá el debate público se elevara más allá de las pasiones.

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