La Fiscalía general de la Nación suspendió, a través de una resolución, las órdenes de captura de 23 jefes de bandas criminales de Medellín y Valle de Aburrá.
Entre los beneficiados con la suspensión de órdenes de captura se encuentran Albert Antonio Henao Acevedo, Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, Mundo Malo; Freyner Alfonso Ramírez García, Carlos Pesebre; José Leonardo Muñoz Martínez, conocido como Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, Tom; Sebastián Murillo Echeverri, Lindolfo, entre otros.
En el caso de Pesebre sorprende su inclusión tras su renuncia el pasado 9 de febrero como vocero de las bandas criminales en el espacio de diálogo sociojurídico que se desarrolla en la cárcel La Paz de Itagüí.
En la misiva, Pesebre reconoció algunos resultados del diálogo sociojurídico que se adelanta desde junio de 2023 en la cárcel La Paz de Itagüí —como la reducción histórica de los homicidios en el Valle de Aburrá—, pero aseguró que el proceso terminó sumido en la improvisación, la falta de claridad institucional y la ausencia de garantías para quienes participan en la mesa.
Otros de los beneficiarios de la suspensión son: Gustavo Adolfo Pérez Peña, El Montañero; Jhon Fredy Yepes Hoyos, Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, El Abogado; Fredy Alexánder Henao Arias, Naranjo, y Rodrigo Henao Acevedo, Perica. También Juan Fernando Álvarez, Juan 23; Walter Alonso Román Jiménez, El Tigre Iván Darío Suárez Muñoz, Iván El Barbado; Jesús David Hernández Grisales, Chaparro y Juan Camilo Rendón Castro, Saya.
La suspensión de las órdenes de captura durará seis meses, con posibilidad de prorrogarse mediante una petición de Gobierno Nacional.
Al menos siete de los 23 jefes con las órdenes suspendidas ya está en libertad y algunos de ellos fuera del país y no se ha explicado los alcances de su labor dentro del proceso de paz.
En la resolución se afirma que esta suspensión se basa en los avances “de Espacio de Conversación Sociojurídico en la Cárcel de Itagüí” que se ha venido desarrollando desde el 2 de junio de 2023.
Según conoció este diario, la decisión se dio en respuesta a un oficio del pasado 24 de febrero de 2026 de la la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP) que solicitó la suspensión de las órdenes de captura de 23 personas reconocidas como voceros de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá.
De acuerdo con fuentes cercanas, la petición del Gobierno nacional está sustentada en la implementación progresiva de objetivos orientados a la desarticulación de las estructuras armadas, “la transformación de economías ilícitas y la reducción gradual de las violencias urbanas, al igual que compromisos que permiten el sometimiento de los integrantes de estas organizaciones a la justicia”.
¿En qué va el proceso con las bandas criminales de Medellín?
El mismo día de la renuncia de Pesebre como vocero de la mesa, tanto la delegación del Gobierno, en cabeza de la congresista Isabel Zuleta, como la de las bandas criminales, convocaron a una rueda de prensa desde la cárcel de Itagüí. Desde allí anunciaron un “acuerdo condicionado” de paz urbana, sin que se explicara a fondo su alcance.
Según el escueto comunicado, este pacto incluiría temas como “lograr condiciones para la memoria y la dignificación de las víctimas”, la “prevención de nuevas violencias” e impedir el “resurgimiento de nuevas estructuras”. Además, de la “transformación y sustitución de economías ilícitas” y la “inclusión social para personas que integran” las estructuras armadas.
Ninguno de estos temas es nuevo entre la agenda de ese proceso de diálogo y el comunicado tampoco explica a profundidad cómo se desarrollarán.
En el comunicado, se explicó que se informará “la deliberación de cada uno de los temas” y los “mecanismos de participación y vinculación de la ciudadanía”, así como los detalles de la implementación y verificación.
Las delegaciones afirmaron que “antes de finalizar el actual Gobierno se firmará ese acuerdo de paz”.
Este anuncio, en todo caso, contrasta con las palabras de Pesebre que en su misiva al comisionado Patiño dice que el proceso está en un “punto muerto”.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.