La jornada presidencial de este 31 de mayo ya arrancó y la Consejería Comisionada de Paz informó que las medidas acordadas con organizaciones armadas que participan en procesos de diálogo con el Gobierno continúan vigentes con el propósito de garantizar el desarrollo de las elecciones.
La posición fue dada a conocer en un comunicado y tras una reunión de trabajo entre el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, y una delegación del Centro Carter, en la que se analizaron las condiciones electorales en los territorios donde se desarrollan procesos de paz y los desafíos que enfrenta el Estado para asegurar la participación política de las comunidades.
Según la entidad, durante el encuentro se revisaron los avances alcanzados en las mesas de diálogo y en los espacios de conversación sociojurídica relacionados con garantías para la participación política. También se destacó la importancia del acompañamiento de la comunidad internacional y de los esfuerzos institucionales para fortalecer la confianza ciudadana en las zonas afectadas por la violencia.
La Consejería señaló que las disposiciones acordadas con los grupos armados que participan en estos procesos buscan preservar la autonomía de las comunidades.
“Dichas disposiciones están orientadas a preservar la autonomía de las comunidades, proteger el libre ejercicio del voto y evitar cualquier afectación al desarrollo normal de la contienda democrática”, indica el comunicado.
El pronunciamiento se produce en un contexto de preocupación por los riesgos para la participación electoral en algunas regiones del país. Organismos estatales y organizaciones de seguimiento electoral han advertido sobre la persistencia de amenazas derivadas de la presencia de actores armados ilegales y de restricciones a la participación política en distintos territorios.
Los mapas de riesgo elaborados por la Misión de Observación Electoral (MOE) muestran que el país llega a las presidenciales de 2026 con 386 municipios bajo algún nivel de riesgo electoral, 11 más que en 2022. Pero la principal preocupación está en la intensidad del fenómeno. Los municipios en riesgo extremo aumentaron de 95 a 139 y los hechos violentos registrados durante el calendario electoral pasaron de cerca de 1.300 a más de 3.100.
“Hemos alertado sobre procesos de carnetización y empadronamiento de comunidades por intermedio de Juntas de Acción Comunal en zonas de Cauca, Tolima, Meta y Guaviare. Se está forzando a presentar listados y a identificar quién entra y quién no en determinados territorios. No tenemos cómo confirmar que eso tenga una finalidad electoral, pero son actuaciones de control social que podrían traducirse en presiones sobre las comunidades”, señaló a este diario Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE).
La MOE ha documentado este tipo de situaciones en departamentos como Cauca, Tolima, Meta y Guaviare.
Los grupos con los que se han alcanzado acuerdos para dar garantías en los comicios son la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, al mando de Walter Mendoza, el Clan del Golfo -autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia- y la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente, de Calarcá.
La guerrilla del ELN no está dentro de los grupos con los que el Gobierno adelanta un proceso de paz, pero hace unos días anunció un cese al fuego y a las hostilidades unilateral por elecciones que iría desde el 30 de mayo hasta el próximo 2 de junio.
<></>La Consejería también hizo un llamado a los grupos armados al margen de la ley y a las estructuras criminales para que respeten los acuerdos y compromisos asumidos frente al proceso democrático, permitiendo que partidos, movimientos políticos, autoridades electorales y ciudadanía desarrollen sus actividades con plenas garantías.
La primera vuelta presidencial se celebra este 31 de mayo y más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. en todo el territorio nacional.
Finalmente, la Consejería informó que mantendrá acciones de seguimiento y coordinación institucional durante la jornada presidencial para contribuir a que las elecciones se desarrollen en un ambiente de “respeto, participación y convivencia democrática en todo el territorio nacional”.
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