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Una decena de personas se congrega desde la noche del martes 14 de abril y hasta este miércoles en las afueras de la cárcel La Paz, en Itagüí, en un plantón pacífico convocado por organizaciones sociales y comunitarias del Valle de Aburrá.
La movilización pide la reanudación de la mesa de diálogos de paz urbana que lleva el Gobierno con las bandas criminales de Medellín y que está suspendida tras la fiesta en la cárcel de Itagüí.
De acuerdo con lo que se ha conocido, la jornada reunió a varios líderes sociales y habitantes de barrios como Robledo, Aranjuez y San Javier, entre otros sectores de Medellín.
En las fotografías se ve a los asistentes realizando una olla comunitaria y con carteles en los que insisten en la urgencia de retomar ese proceso de diálogo.
En uno de los videos compartidos se escucha a uno de los asistentes decir que hay “dos personas” obstaculizando el proceso.
“Eso no lo vamos a permitir, estaremos hoy, mañana y de acá no nos vamos a mover”, dice.
En contexto: Petro ordena traslado a Bogotá de jefes de bandas criminales tras fiesta en cárcel de Itagüí
En la grabación también se escucha la voz de una mujer que no se identifica. “Muchos jóvenes y líderes se piensan la paz en el territorio y en hacer esa construcción y transformar esas realidades cotidianas”, dice.
Y más adelante agrega: “Muchas organizaciones sociales que nos unimos en una juntanza y una gobernanza social por la paz urbana, queremos hacer hoy ese llamado al Gobierno Nacional, pero también la exigencia para que se respete ese proceso. Si bien se cometió un acto disciplinario no puede juzgarse y señalarse y acabar un proceso que ha salvado tantas vidas en los territorios, que llevamos una convivencia pacífica, que hay hombres y mujeres que le apuestan hoy a una transformación, a un proyecto de vida”.
La mujer le pidió en el video al presidente Petro y a la delegación que vuelvan a la mesa de paz.
“Por eso encendimos esas luces también por tantas víctimas que quieren la verdad, que quieren reparación y garantías de no repetición y eso solo lo dará estando activos en la mesa, con todos los voceros, con la sociedad civil participando también y por eso le decimos al presidente y a la delegación: la sociedad civil tiene que estar presentes en cada una de las decisiones, no solamente puede darse bilateralmente”, señaló.
En otro video, se ve a una mujer decir que “no van a permitir que se lleven a los voceros porque son el proceso de paz (...) si se los llevan, el proceso lo van a dilatar”. Lo dice en referencia al traslado a Bogotá de los jefes de bandas que pidió el presidente Petro.
Los manifestantes destacan que los avances alcanzados en el proceso han tenido efectos concretos en la vida cotidiana, como la reducción de homicidios, la disminución de la extorsión y el debilitamiento de las llamadas “fronteras invisibles” entre barrios. Según señalan, estos cambios han contribuido a un ambiente de mayor tranquilidad en zonas históricamente afectadas por la violencia.
Durante el plantón, los participantes también subrayan que el conflicto urbano en Medellín tiene raíces en la desigualdad social y económica persistente en el área metropolitana. Por ello, insisten en que cualquier salida sostenible debe contemplar transformaciones estructurales.
Los asistentes anunciaron la elaboración de un pliego de solicitudes dirigido a las delegaciones de la mesa, la comunidad internacional y la sociedad en general, a quienes piden respaldo para esta iniciativa ciudadana.
¿Qué está pasando en la mesa?
Aún no se conoce el estado real de este diálogo con bandas criminales. Tras la polémica por la fiesta que realizó en la cárcel La Paz de Itagüí y en la que participaron varios de los jefes de esas estructuras que están en la mesa de paz, la delegación del Gobierno anunció una suspensión temporal del proceso.
Sin embargo, el lunes pasado el presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de estos jefes a Bogotá.
“Los señores que hicieron la fiestica, salen de la cárcel, entran a otra, trasladados, y es en Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, afirmó el mandatario. En sus palabras, no obstante, no especificó si se trataba del fin de esos diálogos con las estructuras armadas que operan en la capital antioqueña y el Valle de Aburrá y que lleva poco más de dos años.
De hecho, el traslado aún no sea hecho. Según explicó el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, tras la directriz del presidente, “sigue que la Oficina del Alto Comisionado elabora una petición formal. En Inpec informa sobre los pabellones y centros carcelarios disponibles y se toma la decisión de traslado que será coordinado por el mismo Inpec y la Policía”, indicó.
Los videos que han circulado sobre la fiesta muestran no solo el ingreso del cantante Nelson Velásquez, quien fue contratado para ese evento, sino de carros de alta gama, mujeres. Incluso se ve a civiles controlando el ingreso.
En un operativo sorpresa realizado por autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se hallaron teléfonos celulares, un computador, una consola de videojuegos, así como licor, drogas.
A eso se sumó que 11 funcionarios del Inpec fueron apartados de sus cargos, dado que estaban prestando servicio al momento en el que ocurrió la fiesta vallenata.
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