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El proceso de destrucción del material de guerra de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), una de las estructuras disidentes de las antiguas FARC que lidera Walter Mendoza, avanza en el suroccidente del país como parte de los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Esta semana, en inmediaciones del resguardo indígena de Inda Zabaleta, Nariño, fueron destruidas 6,5 toneladas adicionales de material de guerra, lo que eleva a 10,5 toneladas el total de armamento y explosivos neutralizados hasta ahora.
Las primeras cuatro toneladas fueron destruidas hace dos semanas en el corregimiento de Piñuña, cerca a Puerto Leguízamo, en Putumayo.
Ambos operativos se han realizado bajo supervisión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ejército Nacional y representantes del grupo armado, en presencia de líderes comunitarios y autoridades locales.
Según la información oficial, esta segunda jornada de destrucción —de tres programadas— incluyó 823 minas antipersonal, 500 cápsulas de activación, granadas industriales, cilindros, morteros y diverso material explosivo, entregado por la CNEB en cumplimiento de lo pactado.
Las otras 3,5 toneladas serán eliminadas en una tercera fase prevista para finales de este mes.
“Los detractores de la Paz Total insisten en descalificar nuestros esfuerzos sin advertir que estos hechos protegen a las comunidades. Colombia tiene derecho a superar las violencias a través del diálogo y recuperar la vigencia plena del Estado Social de Derecho”, afirmó Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogo.
El operativo estuvo a cargo del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos de la Tercera División del Ejército Nacional, que destacó la magnitud del material neutralizado. El comandante Jeisson Mahecha explicó que “la cantidad de explosivos destruidos podría haber servido para fabricar más de 30.000 artefactos improvisados, una cifra que dimensiona el riesgo que enfrentaban las comunidades rurales del sur del país”.
Desde las organizaciones campesinas y multiétnicas de la región, los avances son vistos como una señal concreta de desescalamiento. Jerson David Villada, líder del movimiento Asomocampaz, señaló que en su territorio “se ha podido transitar con normalidad, se acabaron las escenas de guerra, las preocupaciones de las mamás porque su hijo no llegaba, y el atraso del territorio, porque con la guerra es difícil que las comunidades se desarrollen”.
Un proceso en construcción dentro de la Paz Total
La destrucción de las armas entregadas por la disidencia de Walter Mendoza representa uno de los pasos más visibles del proceso de diálogo que el Gobierno mantiene con esta organización.
A diferencia de otros frentes disidentes, la CNEB se ha mantenido en mesas formales de conversación con el Estado desde mediados de 2024, y ha concentrado su accionar en los departamentos de Nariño y Putumayo, zonas donde confluyen cultivos ilícitos, economías ilegales y conflictos territoriales entre grupos armados.
Durante el acto simbólico del 22 de octubre en Puerto Asís (Putumayo), el presidente Gustavo Petro celebró el inicio de la destrucción de cerca de 14 toneladas de armamento. Ese día, ambas delegaciones anunciaron que el 50% de los integrantes de la CNEB se concentrará en marzo de 2026 en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Nariño. Esa etapa buscará facilitar procesos de reincorporación, sustitución de economías ilícitas y desarrollo rural con enfoque territorial.
Para el Gobierno, este proceso constituye una prueba de viabilidad de la Paz Total en regiones donde otras estructuras armadas —como el Estado Mayor Central o el Frente Carolina Ramírez— mantienen hostilidades o han roto el cese al fuego. En contraste, la CNEB ha cumplido con los compromisos operativos acordados, entre ellos la entrega y destrucción del material bélico, el levantamiento de minas antipersonal y la participación en proyectos de seguridad humanitaria.
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