Avanza a toda máquina la destrucción del material de guerra de la disidencia conocida como Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), estructura derivada de las antiguas disidencias y al mando de Walter Mendoza.
Al decreto sobre la suspensión de operaciones militares que empezó a regir este jueves a la medianoche en Nariño y Putumayo, se sumó otro en el que se fijaron las responsabilidades institucionales para esa destrucción de 14 toneladas de material de guerra de ese grupo armado, que se haría la próxima semana en Putumayo.
El documento, que fija los trabajos que se harán para el alistamiento, recepción, registro, verificación, custodia y destrucción del material de guerra, será remitido al Ministerio de Defensa. Todo el proceso será liderado por la Fuerza Pública y contará con el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA)
El decreto fija un plazo máximo de tres meses para culminar el proceso, contados a partir de su expedición. La suspensión microfocalizada de operaciones militares y policiales en áreas específicas de hasta 25 kilómetros cuadrados, en torno a los puntos de entrega y destrucción será hasta el próximo 3 de noviembre, pero se hará de forma gradual.
En contexto: Gobierno suspenderá operaciones militares para destruir armamento de disidencia de Mendoza
Así serán las tareas:
La Oficina del Comisionado para la Paz: coordinación y trazabilidad del proceso
El decreto ubica a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OCCP) como la responsable de organizar, supervisar y consolidar los informes sobre el material de guerra recibido de la CNEB.
Según el artículo 1, la OCCP deberá elaborar un registro detallado que incluya la cantidad, la ubicación y el estado de las armas entregadas, documento que será remitido al Ministerio de Defensa. También deberá coordinar con las autoridades locales y los organismos internacionales, y garantizar que las labores de traslado y verificación cumplan con las normas de seguridad establecidas.
Además, la OCCP actúa como interlocutor directo entre el Gobierno y la CNEB, lo que le da un papel político y operativo: conducir el proceso de desarme sin que se rompa la confianza entre las partes, pero bajo una vigilancia estatal y civil que asegure que el armamento no vuelva a ser utilizado.
Ministerio de Defensa: custodia, seguridad y control militar
El Ministerio de Defensa Nacional es el segundo pilar del decreto. De acuerdo con los artículos 4 y 5, su función será dirigir los operativos de seguridad, la custodia temporal del material y la coordinación con las Fuerzas Militares para garantizar la ejecución técnica del procedimiento.
El Ministerio deberá emitir instrucciones específicas a la Fuerza Pública, incluyendo lineamientos diferenciales de actuación en los territorios donde se ubicarán los depósitos y puntos de destrucción. Estas instrucciones deberán considerar las condiciones ambientales, la densidad poblacional y los riesgos humanitarios de cada zona.
Una vez concluida cada fase de destrucción, el Ministerio tendrá 15 días para consolidar un informe oficial sobre los resultados, las contingencias y las acciones adelantadas. Dicho informe será presentado por el ministro de Defensa al presidente de la República.
El decreto también aclara que la Fuerza Pública deberá adaptar su actuación a las condiciones territoriales y abstenerse de realizar operaciones ofensivas en los lugares donde se desarrollen las actividades de destrucción, salvo por razones de seguridad o emergencia.
Procuraduría General de la Nación: control y acompañamiento disciplinario
El texto establece que la Procuraduría General de la Nación deberá ser invitada formalmente por el Ministerio de Defensa para acompañar el proceso, en cumplimiento del numeral 14 del artículo 7 del Decreto Ley 262 de 2000.
El rol de la Procuraduría será vigilar la legalidad, la transparencia y la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos que participen en el procedimiento. Su presencia busca asegurar que la manipulación, el transporte y la destrucción del material bélico se realicen dentro de los márgenes institucionales y sin extralimitaciones.
Este acompañamiento se extiende a todos los escenarios donde se desarrollen las acciones, incluidos los puntos de concentración en Nariño y Putumayo, y se enmarca en el control preventivo del Ministerio Público sobre los actos de la administración en contextos de paz.
MAPP-OEA: verificación internacional del proceso
El acompañamiento internacional recae en la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), entidad que ya ha verificado otros procesos de desarme y reincorporación en Colombia.
Según el decreto, la MAPP-OEA actuará como observadora técnica, con funciones limitadas a la recepción, verificación y certificación del material de guerra. Esto implica revisar que las armas entregadas correspondan a lo acordado, certificar su cantidad y estado, y dar fe del proceso de destrucción.
El documento enfatiza que la MAPP-OEA no intervendrá en la manipulación física de las armas, sino que garantizará la transparencia del proceso mediante su presencia verificadora y la entrega de reportes al Gobierno y a la comunidad internacional.
Financiación: Fondopaz y recursos del Ministerio de Defensa
En su artículo 6, el decreto determina que los costos operativos del procedimiento serán asumidos por el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondopaz) y por el Ministerio de Defensa Nacional, con cargo a sus recursos y bajo las normas presupuestales vigentes.
Esto incluye el transporte del material, la logística de seguridad, la contratación de personal técnico, el acompañamiento institucional y las medidas de mitigación ambiental en los lugares de destrucción.
La entrega y destrucción de las 14 toneladas de armas será un termómetro de la capacidad del Estado para ejecutar procesos de desarme con acompañamiento civil e internacional, y para demostrar que estos compromisos pueden cumplirse bajo reglas claras, verificables y con supervisión institucional.
En territorios como Tumaco, Barbacoas y Puerto Asís, donde la CNEB mantiene influencia, la implementación del decreto pondrá a prueba la coordinación entre las instituciones civiles, la Fuerza Pública y los organismos de control, en un escenario donde aún coexisten otras estructuras armadas.
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