El evento del presidente Gustavo Petro el pasado sábado en La Alpujarra, el centro del poder antioqueño, ha sido señalado como una plataforma más política que de paz urbana. Con la plaza llena, desde la tarima el mandatario envió varios mensajes al alcalde Federico Gutiérrez y al gobernador Andrés Julián Rendón, quienes han sido abiertamente opositores del Gobierno.
Pero más allá de esa pelea política, la polémica estalló justo cuando a la tarima llegaron los voceros representantes de las bandas criminales que conforman el espacio de diálogo sociojurídico que lleva dos años instalado en la ciudad.
Varias figuras políticas han señalado que la plataforma se usó para “revelar” el verdadero poder criminal de la ciudad. Para muchos fue un acto revictimizante, y “blanqueó” la figura de estas figuras que son responsables de graves crímenes como homicidios, desplazamientos forzados y desapariciones entre otras.
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En entrevista con Colombia+20, la senadora Isabel Zuleta, quien además es la coordinadora del Gobierno en ese espacio de diálogo con las principales bandas criminales habló sobre la decisión de trasladar a los voceros desde la cárcel de Itagüí, donde permanece recluidos y condenados, hasta la plazoleta de La Alpujarra. Además entregó detalles sobre el marco jurídico de sometimiento, que sigue siendo el gran pendiente de la paz urbana.
La polémica ha estado centrada sobre la presencia de los voceros representantes de las bandas criminales durante el evento del presidente Gustavo Petro en La Alpujarra. ¿Llevar a los voceros a la tarima junto al gobierno y las víctimas fue una decisión premeditada? ¿Se pensó desde el principio?
Claro, porque un proceso de paz se hace con todas las partes. Cuando le hice la propuesta al señor presidente y a la oficina del consejero comisionado era para estar todas las partes. Somos sociedad civil organizada, el comité de impulso, las mesas de paz, las víctimas, ellos eligieron sus propios representantes para el espacio, sus propios delegados, su discurso.
La delegación de los voceros de las estructuras eligieron nueve personas. La señora Claudia Carrasquilla, que suele tener mucha información del INPEC, filtró una información y no salieron los que ella dijo. Ese fue un listado inicial que ellos habían decidido, pero luego cambiaron y salieron otras personas. Eligieron a un vocero por todas las estructuras con un discurso escrito, junto con las comunidades, una personas por la delegación del Gobierno, y por supuesto nuestro presidente Gustavo Petro.
Ese fue el evento de paz. Así se pensó, se programó y toda la logística fue pensada para que estuviéramos todas las personas y actores relacionados con el proceso de paz urbana.
Algunas personas señalaron sentirse revictimizadas por la presencia de los voceros en la tarima porque también fueron actores del conflicto. ¿Qué tiene usted para decirle a las víctimas?
El Comité de Impulso para la paz urbana en Medellín está conformado por distintas organizaciones de la sociedad civil y está conformado por víctimas, mujeres, jóvenes, organizaciones de víctimas que eligieron a sus delegados y delegadas para ese comité que estuvo en tarima.
Hay una hoja de ruta firmada con la sociedad civil para el proceso de paz urbana firmada desde el año pasado para escuchar a las comunidades. Hemos hecho audiencias, hemos tenido varios espacios para escuchar a las víctimas en donde también han estado los voceros de las estructuras. Lo que me parece extraño es que se sientan revictimizadas en este evento público masivo cuando hemos tenido varios eventos públicos masivos. En el paraninfo de la Universidad de Antioquia tuvimos una audiencia senatorial y también fueron voceros de las estructuras y escucharon a las víctimas durante varias sesiones.
Nosotros nunca hemos ocultado a los voceros con los que estamos hablando. Esto se ha hecho en público y antes no había causado este escándalo.
Durante el discurso en la plaza La Alpujarra, el presidente Gustavo Petro envió varios mensajes políticos al alcalde Federico Gutiérrez y también al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pero se habló poco sobre paz. ¿Usted cree que el espacio de diálogo se convirtió en un escenario de pelea política por el bastión electoral que representa Medellín y el Valle de Aburrá?
Cualquier actor político en Antioquia sabe que si no habla de seguridad y si no habla de paz no tiene ninguna oportunidad. Eso lo sabemos todos. Yo construí mi liderazgo político y mi liderazgo social alrededor de la lucha ambiental y siempre hablé de paz.
Todos los actores políticos tienen que hablar de seguridad o de paz. El problema es que no es una dicotomía. Nosotros creemos en las soluciones pacíficas, que las soluciones a través del diálogo, además por la constatación de que otras soluciones no han funcionado. Es que si hubiese funcionado la cárcel como solución, no estaríamos en un proceso de diálogo.
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La lucha por la paz histórica en Antioquia vamos a seguir haciéndolo. Entonces es una disputa política, claro. Me dijeron que habíamos llegado a hacer política con los procesos de paz. Por supuesto, es que lo que queremos es que aparezca cada vez más en la política la paz como un objetivo primordial de nuestra nación.
Necesitamos que todos los actores políticos, no solamente el gobernador, el presidente, los alcaldes, sino los futuros en las próximas elecciones hablen del derecho que tenemos los colombianos y las colombianas a la paz, que hablen de la posibilidad de que se establezcan diálogos urbanos también con los grupos no rebeldes. Eso ha generado incomodidad.
Algunos políticos han señalado que se contrataron buses para el evento y se repartieron refrigerios como una forma de asegurar o condicionar la presencia de la gente en la plaza La Alpujarra ¿Qué tiene para decir sobre esos señalamientos?
Por su puesto que se transportaron personas de los barrios que quisieron participar en el evento. Algunos conductores de empresa privada nos decían que si transportaban personas de los barrios para el evento de la oficina del consejero comisionado, la alcaldía de Medellín y la gobernación no los volvían a contratar.
Eso es absurdo. Que había refrigerios, claro, es un evento del Estado. ¿Cómo no íbamos a promover que desde la misma Consejería Presidencial se dieran unos refrigerios, las mínimas condiciones? Pero como se confunde con un evento político y como el ladrón juzga por su condición, entonces lo están equiparando. Nos dijeron que estábamos llevando gente a la fuerza y no, la gente quiso ir.
A mí me encantan los eventos públicos, masivos, las protestas, las movilizaciones, las expresiones ciudadanas, cuando todo el mundo puede hablar, incluidos los privados de la libertad porque en su condena no está el silencio.
Durante el evento se hicieron dos anuncios importantes que pasaron casi desapercibidos debido precisamente a ese tinte político que tomó el evento. Uno de ellos fue la subcomisión de niñez y adolescencia y también los centros de desintoxicación ¿Cómo le van a hacer seguimiento a esos niños y cuáles esperan que sean los resultados tangibles del proceso?
Se entiende en nuestro país que todo lo que es plaza pública es campaña y no necesariamente. La política pública también debe llegar a la plaza pública. Nosotros no estamos en campaña, estamos haciendo política de paz y también debe ser en la plaza. En la noche anterior al evento nos reunimos con los voceros de las estructuras, la viceministra de justicia y la directora del ICBF en la cárcel de Itagüí para estructurar un programa que priorice 2000 niños de las comunas de Medellín y el Valle de Aburrá.
Los recursos salen del ICBF para atención prioritaria de niños entre los 6 y los 17 años. Recordemos que el programa Jóvenes en Paz ha tenido muchísimas dificultades. Hemos tenido muchos problemas, todos lo reconocemos.
Queremos evitar que los niños lleguen a esos ciclos de violencia. Los voceros nos decían que muchos niños que están en riesgo acuden a las estructuras a pedir comida. Son huérfanos. Tienen una mayor vulnerabilidad, un mayor nivel de exposición y entonces empiezan a hacer vueltas y no hacen parte directa, pero se vinculan a ese círculo de criminalidad y necesitamos evitar eso. Nos vamos a centrar en los barrios de mayor vulnerabilidad.
No queremos hacer acción con daño, tenemos que firmar unos protocolos con el mayor cuidado. Para eso necesitamos la institucionalidad local y regional. Lamentablemente no hemos podido contar con ella. Lo hemos hecho a modo de petición respetuosa durante todo este tiempo, pero no vamos a hacer más peticiones respetuosas porque el señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tiene una obligación con la paz.
La delegación de gobierno parecemos rogándole todo el tiempo. Esto es una disputa ideológica, por supuesto, tenemos visiones distintas, pero los niños son una prioridad.
Senadora, estos compromisos parecen más una tarea del gobierno, pero entonces ¿cuáles van a ser los compromisos de las estructuras en esta mesa de diálogo en relación con la paz?
El año pasado hicieron un compromiso de no reclutamiento y eso se mantiene. Los voceros de las estructuras tienen incidencia sobre los miembros activos. Tenemos que empezar a dialogar con quienes están activos y por eso necesitamos dar este salto. Tenemos toda la autorización del señor presidente para hablar con miembros activos de las estructuras.
Los voceros han firmado compromisos en nombre de las estructuras y nos han cumplido. En el tema de la reducción de homicidios han cumplido, no hay confrontación entre las estructuras y eso es más que evidente en Medellín. Al reclutamiento le hacemos seguimiento preguntando en las comunidades y de la mano de la sociedad civil organizada.
Hay otros compromisos a los que es más difícil hacerle seguimiento. El principal problema del piloto de barrios libres de extorsión es la naturalización del delito. ¿Qué hacemos con una ciudadanía que siente miedo cuando no paga la extorsión? ¿Cómo le decimos que confié en la policía o en la institucionalidad?
En las comunas me decían que si no pagaban la extorsión entonces quién los iba a cuidar y eso es tremendamente doloroso. Nos toca hacer un proceso muy largo.
¿Sigue el pie el compromiso de la erradicación de venta de estupefacientes cerca a los colegios o lo que también se llama plaza de vicio?
Ese compromiso sigue en pie. Estamos haciendo reuniones con los rectores, la comunidad educativa y hacemos seguimiento con los padres de familia en verificación del cumplimiento de ese compromiso.
Tenemos una dificultad muy grande con el tema del Tusi porque es una droga que es fácil de que se realice en cualquier cocina de cualquier casa. Es muy difícil controlar porque no tiene la misma estructura de otras drogas que tienen una jerarquía en su distribución. Con algunas de las drogas estamos haciendo seguimiento a esos expendios en los centros educativos y sus alrededores.
Hubo señalamientos por parte del alcalde Federico Gutiérrez en los que decía que hubo una interferencia desde la mesa de diálogo para frenar el proceso contra Yordi, uno de los cabecillas de La Terraza. Los voceros de las estructuras por su parte han insinuado que el alcalde y otras figuras políticas han instrumentalizado la paz y la justicia para un show mediático. ¿Cuál es su posición sobre estos señalamientos?
Nosotros como delegación de paz le solicitamos a Federico Gutiérrez que realice las denuncias pertinentes. Cualquier situación de amenaza debe denunciarla ante las autoridades. Él tiene la obligación de denunciar. Es sumamente grave que él simplemente esté acusándome a mí en un medio masivo de comunicación de una supuesta interferencia sin haber realizado la denuncia. Yo estoy esperando la denuncia para poder responder, porque por supuesto yo no he hecho eso de ninguna manera, pero tampoco vi en el escrito de los voceros una amenaza, encontramos un reclamo de que en realidad el alcalde no ha participado en el proceso de paz. Entonces ¿Cómo así que se siente amenazado por un reclamo?
Estoy verdaderamente sorprendida por lo que han dicho los voceros. Sabíamos que esto podía pasar en algún momento. Nosotros sabemos que es muy difícil controlar las ciudades sin hablar con las estructuras. Es muy difícil. Y sabíamos que el 2019, en el periodo pasado de Federico Gutiérrez, pues él había tenido una situación de confrontación entre bandas muy dura, porque le tocó vivir una guerra y él hizo que se trasladara eran 23 privados de la libertad de todas las cárceles del país para la cárcel La Picota para lo mismo que estamos haciendo ahora para que no haya enfrentamientos, para que intenten incidir y se reduzcan los homicidios en Medellín.
Cuando acusan al presidente Gustavo Petro y acusan al progresismo del pacto de la Picota, lo que encontramos es que el verdadero pacto de la Picota fue el que hizo Federico Gutiérrez en su primera administración. Y de eso son testigos ellos por porque ellos mismos fueron trasladados. Ellos hablan a muto propio. Están diciendo, “A mí me trasladaron para tratar de ayudarle a Federico Gutiérrez en su pasada administración”.
Gustavo Villegas fue la cuota política de las estructuras porque confiaban en él porque había hecho un buen papel en los acercamientos de paz, pero Gustavo Villegas fue condenado. Gustavo Villegas no tenía la autorización para hacer esos acercamientos.
Hoy lo que estamos diciendo es, “Hagamos todo eso.” Yo ni siquiera lo estoy criticando, es que hay que conversar porque la prioridad es la vida. Él hizo lo correcto, pero tenía que tener autorización. Lo que no es correcto es que en el pasado lo haya hecho sin autorización y por eso la condena de Gustavo Villegas y que hoy que lo hacemos con todo en regla, con todo sobre la mesa.
Esa es la hipocresía de la política en Antioquia. De esas acusaciones tendrá que la justicia manifestarse, pero lo que yo quiero hacer referencia es la hipocresía. En el pasado les gustaba la paz.
Uno de los anuncios del presidente durante su evento fue visitar la cárcel junto con la fiscal general Luz Adriana Camargo para mirar hasta dónde se puede avanzar en el sometimiento de las bandas. ¿Cuáles han sido las iniciativas del gobierno a nivel legislativo para hablar de este tema y en qué han avanzado?
Casi siempre se habla de sometimiento al final de los procesos. Y yo he insistido en que la ciudadanía, los medios de comunicación revisen los procesos de paz anteriores. A nosotros se nos exige un marco jurídico previo cuando todos los procesos de paz el marco jurídico ha sido posterior.
Eso tiene dos patas muy importantes. La primera pata es la construcción de un programa de reintegración social o de tránsito al estado social de derecho. Con la ARN en Medellín tenemos talleres en las cárceles, talleres con la sociedad civil, talleres en los barrios para crear el programa que se incorpore a la ley de sometimiento.
Con el doctor Osuna, el anterior ministro Justicia, habíamos erradicado un proyecto de ley para el sometimiento pero la Comisión Primera del Senado nunca lo sometió a consideración y se hundió por tiempos. Hoy vamos a intentarlo de nuevo, estamos trabajando en ello. Ya hay varios borradores.
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