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Gobierno dice que por labores de desminado está retrasada Zona de Ubicación con Frente 33

A través de un comunicado firmado por la delegada Gloria Quiceno, quien además lidera el proceso de diálogo, y Andrey Avendaño, jefe disidente de ese frente, se expusieron las razones por las que no hay mayores avances en cuanto a la llegada de los disidentes a la zona de ubicación. El desminado es la tarea más urgente.

Redacción Colombia +20

14 de julio de 2025 - 12:52 p. m.
Delegados del Gobierno y representantes del Frente 33 tuvieron una reunión extraordinaria en Cúcuta para firmar el documento sobre Zona de Ubicación.
Foto: Archivo Particular

Una semana después de que finalizara el plazo establecido por resolución del Gobierno para que los miembros del Estado Mayor de Bloques y Frente, específicamente del frente 33 en Catatumbo, se trasladaran hacia la Zona de Ubicación Temporal en Tibú, Norte de Santander, la delegación de gobierno se pronunció sobre las razones por las que no han podido ubicarse.

En un comunicado firmado por Gloria Quiceno, delegada en el proceso y quien ahora lidera la mesa de diálogo tras la salida de Camilo González Posso, y por Andrey Avendaño, delegado y jefe del frente 33 en Catatumbo, explicaron que el desminado es una las tareas más urgentes para asegurar el traslado de los combatientes.

“En la fase de alistamiento hemos encontrado la necesidad de incrementar las labores de desminado en el área acordada para la ZUT y lugares aledaños a fin de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para la movilidad” se lee en el documento.

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Según las delegaciones, una vez se termine el desminado y se garanticen las condiciones de seguridad en el territorio entonces se cumplirá con lo acordado en la resolución sobre traslado. “Con las condiciones de seguridad para la ZUT, se iniciará de inmediato con las actividades contempladas”, agregan las delegaciones.

La ZUT, que tendrá una duración de siete meses, fue creada por la resolución 161 del 23 de mayo pasado con el objetivo de establecer un espacio temporal para el tránsito del Frente 33 hacia la legalidad y avanzar en su desvinculación de las economías ilegales.

En ese documento se estableció un plazo límite de 45 días calendario para que se cumpliera con el traslado de los combatientes. Sin embargo, ese día llegó sin terreno establecido, presencia institucionalidad y sin garantías de seguridad.

En ese contexto, las delegaciones señalaron que en ese periodo de tiempo han logrado adelantar reuniones con las comunidades y organizaciones sociales para socializar lo que será la Zona de Ubicación Temporal (ZUT). Pero autoridades del departamento afirmaron a Colombia+20 que no han tenido ninguna comunicación con la delegación y menos intercambio de información. “Nunca hemos sido convocados como ente departamental a estos temas de la ZUT”, dijo a este diario un funcionario de la Gobernación de Norte de Santander.

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¿Por qué no avanza la ZUT?

Además del tema del desminado mencionado por las delegaciones, la ejecución de la ZUT no ha estado acompañada de la articulación logística, jurídica ni interinstitucional necesaria. Asimismo, uno de los cuellos de botella que han identificado algunas fuentes cercanas al proceso tiene que ver con la falta de un plan integral coordinado entre las instituciones estatales.

Actualmente, la mesa de negociación con la disidencia de Calará se encuentra en pausa. En contraste, en las regiones donde opera el EMBF, lo que se impone es la continuidad de la guerra: presencia armada, extorsiones, amenazas, reclutamiento de menores y ausencia estatal, como en Guaviare.

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Por su parte, la delegación de Gobierno y del frente 33 expresaron en el reciente comunicado total voluntad para continuar con los diálogos de paz y la ZUT.

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“Reafirmamos nuestro compromiso de avanzar en la paz con justicia social en el Catatumbo, en las transformaciones territoriales que permitan la superación de las causas generadoras del conflicto, la terminación de la guerra, el retorno digno de las familias desplazadas, por la libertad de las personas secuestradas o retenidas, la protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el derecho de las comunidades al territorio, el reconocimiento y respeto al pueblo Barí, la protección de la naturaleza y de los ecosistemas estratégicos y el fortalecimiento de la democracia”, concluyen.

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