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El Gobierno de Gustavo Petro dio un nuevo paso en la búsqueda de cerrar definitivamente el capítulo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A través de la Resolución Ejecutiva 327 del 21 de septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro designó nuevamente a 16 antiguos jefes paramilitares como gestores de paz y puso en marcha la Mesa Técnica de Diálogo Social, un espacio de coordinación que tiene como propósito realizar un balance integral del proceso de Justicia y Paz y definir su cierre definitivo.
Se trata de un mecanismo inédito en la política de Paz Total: una instancia que no busca abrir un nuevo proceso de negociación con las AUC —desmovilizadas formalmente desde mediados de los años 2000—, sino evaluar qué tan efectivos han sido los compromisos asumidos bajo la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz y cuáles tareas quedan pendientes en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
¿Qué es la Mesa Técnica de Diálogo Social?
La Mesa Técnica es un espacio de coordinación en el que participan tanto el Gobierno como los exparas acreditados como gestores de paz. Su función principal será elaborar un balance documentado de todo lo que se ha avanzado (y lo que falta) desde la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.
Ese balance debe incluir:
- El grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por los exparas en materia de reparación a las víctimas y entrega de bienes.
- La calidad y alcance de los aportes a la verdad hechos en procesos judiciales y extrajudiciales.
- Las medidas de seguridad y no repetición, es decir, qué tanto se ha evitado que resurjan dinámicas de violencia asociadas al paramilitarismo.
- La Mesa no será indefinida. Tiene un carácter transitorio y está pensada como una instancia de cierre, cuyo informe final será presentado al presidente de la República para que decida los pasos a seguir en la clausura formal del proceso con los exparas.
¿Cómo estará compuesta?
La Mesa funcionará a través de un Comité Técnico que contará con una fuerte presencia institucional. Estará presidido por el Ministerio del Interior e incluirá:
- El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
- La Oficina del Comisionado para la Paz.
- Los exjefes paramilitares designados como gestores de paz.
Además, tendrá invitados permanentes de la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, con funciones de acompañamiento y veeduría. También podrán asistir organismos internacionales acreditados, según los temas tratados.
El quórum mínimo para sesionar será de dos delegados del Gobierno y al menos siete gestores de paz, lo que garantiza que ninguna decisión pueda adoptarse sin presencia equilibrada de las dos partes.
¿Qué funciones cumplirá el Comité Técnico?
La resolución establece cinco grandes tareas para este Comité:
Garantizar la operatividad de la Mesa Técnica, asegurando que las sesiones y el trabajo interinstitucional fluyan de manera organizada.
Elaborar un balance integral de la Ley 975 de 2005, revisando en detalle compromisos de verdad, reparación y garantías de no repetición.
Formular recomendaciones institucionales para el cierre definitivo, con responsables, cronogramas e indicadores claros.
Definir una ruta para difundir públicamente los aportes de verdad hechos por los exparas, con el fin de garantizar el derecho a la memoria histórica.
Entregar un informe consolidado al presidente, que será el insumo clave para tomar decisiones sobre el cierre del proceso.
¿Qué papel jugarán los exparas?
Los 16 exjefes designados como gestores de paz —entre ellos Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”), Diego Fernando Murillo (“Don Berna”) y Carlos Mario Jiménez (“Macaco”)— tendrán un rol activo en la Mesa, pero bajo reglas estrictas:
Cada uno deberá suscribir un plan de trabajo individual, donde se especifiquen compromisos concretos con víctimas y comunidades, indicadores de cumplimiento y acciones verificables.
Estos planes no implican ningún beneficio judicial ni modificación de su situación jurídica: quienes tienen condenas siguen cumpliéndolas, incluso si participan virtualmente desde cárceles en Colombia o el extranjero.
Los gestores deberán asistir a las diligencias judiciales cuando sean requeridos, participar en las sesiones del Comité Técnico y rendir informes periódicos de sus actividades.
La inasistencia injustificada puede llevar a la pérdida inmediata de la designación.
En otras palabras, su papel no es el de negociar, sino el de aportar conocimiento, información y compromisos verificables que permitan dar un cierre al proceso.
Seguridad y temporalidad
La designación de los gestores de paz será válida hasta el 6 de agosto de 2026. Durante ese periodo, el Gobierno les garantizará medidas de seguridad personal, pero estas se mantendrán únicamente mientras dure la designación y no otorgarán derechos permanentes.
El Ministerio del Interior será el responsable de coordinar estas medidas, en articulación con el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
¿Qué busca Petro con este proceso?
El reto de esta Mesa Técnica es mayúsculo. Más de 20 años después de la desmovilización formal de las AUC, persisten múltiples deudas: bienes que no han sido entregados, víctimas que aún esperan reparación, verdades parciales y la sombra de estructuras sucesoras del paramilitarismo que siguen presentes en varias regiones del país.
El Gobierno busca que este ejercicio sirva para cerrar definitivamente un proceso que ha estado inconcluso desde el Acuerdo de Ralito en 2003, pero también para enviar un mensaje político: la Paz Total no se limita a nuevos actores armados, sino que también implica resolver de manera ordenada los procesos anteriores.
En síntesis, la Mesa Técnica de Diálogo Social con los exparas funcionará como una instancia de cierre histórico. No abre beneficios judiciales, ni es una negociación, sino un espacio de balance, verdad y responsabilidades, cuyo resultado deberá darle al país una respuesta clara sobre qué dejó el proceso con las AUC y cómo se garantiza que no se repita.
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