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Las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que el Gobierno de Gustavo Petro impulsa con al menos cuatro mesas de negociación —Clan del Golfo, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), Comuneros del Sur y Frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente— avanzan cuando el mandato entra en su tramo final.
Sin embargo, su diseño operativo, sus tiempos de implementación y la forma como se están involucrando gobernadores y autoridades locales sugieren que el Gobierno busca que estos procesos trasciendan el 7 agosto de 2026, cuando Petro deje la Casa de Nariño, apoyados en el poder territorial.
La participación de mandatarios locales y autoridades étnicas, sumada a cronogramas que ya muestran una extensión más allá del cambio presidencial, perfila una apuesta similar a otras iniciativas impulsadas por Petro, donde los procesos se sostienen por la “voluntad del pueblo”, como ha dicho incontables veces el jefe de Estado.
Así lo reconocieron a Colombia+20 Armando Novoa, jefe delegado del Gobierno con la CNEB, y Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno con el Clan del Golfo (EGC); los dos procesos de paz que hace apenas unos días anunciaron la creación de nuevas ZUT.
Ambos no solo vinculan la viabilidad de estas ZUT —concebidas como una suerte de espacio delimitado donde miembros de esas estructuras armadas harán la transición a la vida civil— a la participación de autoridades regionales, a la percepción de “irreversibilidad” que estas puedan generar, sino que reconocen que las próximas elecciones serán decisivas.
Novoa lo dice sin rodeos: “La paz total o la construcción de la paz total debe tener en cuenta el ciclo político. Ningún proceso de paz se construye a espaldas del ciclo político, ninguno”. Jiménez lo plantea desde otro ángulo. Dice que la continuidad dependerá de “la decisión de la sociedad colombiana”; es decir, que los avances territoriales generan suficiente respaldo comunitario como para que desmontarlos resulte costoso para quien gane la Presidencia.
No obstante, asegura que debe respetarse sea cual sea la decisión de la siguiente administración. “Estamos tratando de dejar un proceso de paz andando para que sea irreversible, pero esto al final es muy sencillo. Si en las elecciones quien gane toma una decisión que destruye los procesos, pues esa persona asumirá esa decisión y no quedará más que respetarla”, concluye.
Armando Wouriyu Valbuena, secretario general de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos y hoy miembro de la delegación del Gobierno con el Clan del Golfo, explica que al menos desde las poblaciones que habitan estas zonas —la mayoría en puntos apartados del país— no se conciben como ejercicios técnico-militares, sino como mecanismos para construir Estado donde nunca lo ha habido. Él lo plantea desde una mirada histórica: “Lo que hemos vivido los pueblos negros, campesinos e indígenas en los territorios es que nunca ha habido presencia del Estado (…). Este tipo de diálogo se desarrolla para construir Estado en el territorio, con el territorio y la gente del territorio”.
En la práctica, la apuesta es que la garantía de los procesos sea, sobre todo, territorial. Con esa premisa, las ZUT empiezan a funcionar como una herramienta que le sirve a la mesa de negociación, pero también a la arena electoral.
El riesgo para comunidades y la contraparte
Pero la posibilidad —muy latente, dado lo que han dicho los candidatos presidenciales— de que el próximo Gobierno acabe de un tajo con las ZUT abre un riesgo tanto para las comunidades que estén cerca de esos espacios como para los integrantes de los grupos armados que ingresen a las zonas. Novoa explicó que por ello se está pactando un protocolo de salida anticipada que permitiría retirarse “ante un incumplimiento grave”, dando aviso previo y bajo verificación.
“Pueden pasar dos escenarios: si ellos consideran que no tienen garantías, que no hay continuidad, pueden denunciar el acuerdo, se acaba la zona y habría un tiempo prudencial para que ellos se retiren. El otro es que el Gobierno siguiente termine el proceso. Para eso hay un período que hemos denominado de amortiguamiento. De tal manera que si el nuevo presidente decide acabar la ZUT, en un plazo prudencial debe dársele oportunidad al grupo para que se retire de la zona”, dice Novoa.
En la mesa con el Clan del Golfo, la lógica temporal es distinta (parte del grupo armado entraría el 1.° de marzo), pero el efecto político es similar. Jiménez dice que “es probable” que la transición pueda ir más allá del 7 de agosto, pero insiste en que esa mezcla de instituciones y autoridades regionales es precisamente lo que le da “irreversibilidad” territorial al proceso. De hecho, en la sesión celebrada en Catar, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, participó virtualmente, y el exministro de Justicia Néstor Osuna asistió como el delegado de la Procuraduría.
A la par de estas dos negociaciones, el Gobierno tiene dos ZUT más en preparación: la de Comuneros del Sur y la del Frente 33 en Catatumbo, ambas anunciadas en mayo de 2025, pero aún sin concretarse por problemas de titulación de tierras y seguridad, entre otros. Para Novoa, esas demoras elevan el riesgo de retraso en su mesa, aunque espera que no tenga consecuencias.
La discusión sobre las ZUT está cruzada por el destino del proyecto de ley de sometimiento, que el Gobierno evalúa si mantener en el Congreso, tal como lo reveló esta semana Colombia+20.
Sin un blindaje jurídico, el Gobierno puede estar apostando a que la paz total le dé frutos electorales. No sería la primera vez que un proyecto de paz llega a las urnas: ya ocurrió con el Acuerdo de 2016 y podría volver a pasar ahora, cuando la discusión entre seguridad, agenda territorial y continuidad, otra vez, esté en manos de los votantes.
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