Plan para la Paz: el proyecto productivo tras la guerra

Con la paz en camino se abren posibilidades de desarrollo en zonas antes dominadas por los grupos alzados en armas. Para hacer presencia institucional en estas regiones, el Gobierno ha implementado una serie de planes, que originalmente nacieron en Francia hace más de 30 años, y que permitirán desarrollar obras cofinanciadas por la Nación y las regiones en grandes espacios del territorio nacional en donde la presencia del Estado era nula.

Y se hará a través de los contratos Plan para la Paz, que“son mecanismos de gestión de la inversión, no tienen una apropiación presupuestal ni tienen recursos ciertos. Son dinámicas de gestión en el marco de acuerdos entre la Nación y los territorios”, dice Santos Alonso Beltrán, gerente de esta iniciativa en el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

“En apenas un lustro se han canalizado recursos por $14,3 billones, que benefician a los habitantes de los departamentos de Santander, Boyacá, Tolima, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Arauca y Nariño. Pero ha sido tal el impacto de los contratos en las regiones, que el Gobierno Nacional determinó extender los beneficios de esta herramienta a todas las zonas afectadas históricamente por el conflicto armado”, señala un documento del DNP.

El informe precisa que se han priorizado los municipios que han sido más golpeados por el conflicto interno y “en donde los índices de pobreza y desigualdad son alarmantes, se beneficiarán de inversiones por un poco más de $10 billones a través de una segunda generación de contratos Plan, ahora denominada contratos Plan para la Paz”.

Beltrán explica que el monto de las inversiones depende de los proyectos identificados en los territorios. “Tienen que ser proyectos estratégicos, de impacto regional y con financiación. Una regla obliga a que el 60 % sea financiado por la Nación y el 40 % por el territorio”, dice.

Los contratos Plan han determinado siete lugares en los que ya se están desarrollando, que comprenden la primera generación de este mecanismo de desarrollo.

La segunda generación, que son los contratos Plan para la Paz, arrancó en la región de los Montes de María, que involucra a los departamentos de Bolívar y Sucre. Estos contratos ya están en marcha y superan ampliamente los $2 billones. Este fue el primer proyecto de los nueve que se encuentran estructurados por el Departamento Nacional de Planeación para toda la iniciativa.

En los Montes de María se financió el alcantarillado de El Carmen de Bolívar, con aproximadamente $70.000 millones, se dio continuidad a la transversal de los Montes de María, con casi $30.000 millones, y se garantizaron los recursos para el acueducto de San Jacinto, con $14.000 millones.

“Los restantes ocho contratos Plan para la Paz se ejecutarán en Norte de Santander, especialmente la región del Catatumbo; en los departamentos de Meta-Caquetá-Guaviare, Putumayo, Valle del Cauca, Amazonas, Guainía, Huila y La Guajira”, destaca el informe del DNP.

“Estamos haciendo el Conpes para el contrato plan en Caquetá, Meta y Guaviare y estamos trabajando para las inversiones del contrato de Valle, Guainía, Putumayo y Amazonas”, dice Beltrán.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentado en junio por el Ministerio de Hacienda, se destaca que el costo total estimado del Acuerdo de Paz asciende a $129,5 billones. La reforma rural integral es el rubro más costoso y representa cerca del 85 % del total de los costos del Acuerdo. La solución al problema de drogas ilícitas es el segundo, con el 6,4 % del total. Estas decisiones se complementan con las obras relacionadas en los contratos Plan para la Paz.

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, manifestó que para este año el Gobierno hace un esfuerzo grande disponiendo de recursos de $1,8 billones y para 2017 se elevan a $2,4 billones. “Todo esto es desarrollo en las zonas que han sido más afectadas históricamente por el conflicto”, anotó.

Parte de los mecanismos que “nos van a permitir avanzar son los planes de desarrollo con enfoque territorial en las zonas del país que se han identificado con mayor incidencia del conflicto y para eso hay unos recursos importante en el presupuesto de este año y el del entrante”, aseguró Cárdenas.

Con la paz en camino se abren posibilidades de desarrollo en zonas antes dominadas por los grupos alzados en armas. Para hacer presencia institucional en estas regiones, el Gobierno ha implementado una serie de planes, que originalmente nacieron en Francia hace más de 30 años, y que permitirán desarrollar obras cofinanciadas por la Nación y las regiones en grandes espacios del territorio nacional en donde la presencia del Estado era nula.

Y se hará a través de los contratos Plan para la Paz, que“son mecanismos de gestión de la inversión, no tienen una apropiación presupuestal ni tienen recursos ciertos. Son dinámicas de gestión en el marco de acuerdos entre la Nación y los territorios”, dice Santos Alonso Beltrán, gerente de esta iniciativa en el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

“En apenas un lustro se han canalizado recursos por $14,3 billones, que benefician a los habitantes de los departamentos de Santander, Boyacá, Tolima, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Arauca y Nariño. Pero ha sido tal el impacto de los contratos en las regiones, que el Gobierno Nacional determinó extender los beneficios de esta herramienta a todas las zonas afectadas históricamente por el conflicto armado”, señala un documento del DNP.

El informe precisa que se han priorizado los municipios que han sido más golpeados por el conflicto interno y “en donde los índices de pobreza y desigualdad son alarmantes, se beneficiarán de inversiones por un poco más de $10 billones a través de una segunda generación de contratos Plan, ahora denominada contratos Plan para la Paz”.

Beltrán explica que el monto de las inversiones depende de los proyectos identificados en los territorios. “Tienen que ser proyectos estratégicos, de impacto regional y con financiación. Una regla obliga a que el 60 % sea financiado por la Nación y el 40 % por el territorio”, dice.

Los contratos Plan han determinado siete lugares en los que ya se están desarrollando, que comprenden la primera generación de este mecanismo de desarrollo.

La segunda generación, que son los contratos Plan para la Paz, arrancó en la región de los Montes de María, que involucra a los departamentos de Bolívar y Sucre. Estos contratos ya están en marcha y superan ampliamente los $2 billones. Este fue el primer proyecto de los nueve que se encuentran estructurados por el Departamento Nacional de Planeación para toda la iniciativa.

En los Montes de María se financió el alcantarillado de El Carmen de Bolívar, con aproximadamente $70.000 millones, se dio continuidad a la transversal de los Montes de María, con casi $30.000 millones, y se garantizaron los recursos para el acueducto de San Jacinto, con $14.000 millones.

“Los restantes ocho contratos Plan para la Paz se ejecutarán en Norte de Santander, especialmente la región del Catatumbo; en los departamentos de Meta-Caquetá-Guaviare, Putumayo, Valle del Cauca, Amazonas, Guainía, Huila y La Guajira”, destaca el informe del DNP.

“Estamos haciendo el Conpes para el contrato plan en Caquetá, Meta y Guaviare y estamos trabajando para las inversiones del contrato de Valle, Guainía, Putumayo y Amazonas”, dice Beltrán.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentado en junio por el Ministerio de Hacienda, se destaca que el costo total estimado del Acuerdo de Paz asciende a $129,5 billones. La reforma rural integral es el rubro más costoso y representa cerca del 85 % del total de los costos del Acuerdo. La solución al problema de drogas ilícitas es el segundo, con el 6,4 % del total. Estas decisiones se complementan con las obras relacionadas en los contratos Plan para la Paz.

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, manifestó que para este año el Gobierno hace un esfuerzo grande disponiendo de recursos de $1,8 billones y para 2017 se elevan a $2,4 billones. “Todo esto es desarrollo en las zonas que han sido más afectadas históricamente por el conflicto”, anotó.

Parte de los mecanismos que “nos van a permitir avanzar son los planes de desarrollo con enfoque territorial en las zonas del país que se han identificado con mayor incidencia del conflicto y para eso hay unos recursos importante en el presupuesto de este año y el del entrante”, aseguró Cárdenas.