Uno de los puntos que se ha marcado en el debate alrededor del proyecto de sometimiento que radicó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, tiene que ver con el tratamiento que recibirían los grupos armados organizados al margen de la ley, como el Clan del Golfo, en el marco de la paz total. El documento señala que podrán acceder a enfoque transicional y restaurativo, por tener unidad de mando, control territorial y operar en zonas de conflicto armado.
Ese trato diferencial sería a pesar de no ser considerados grupos políticos. Precisamente, ese ha sido uno de los temas polémicos porque el Clan del Golfo ha señalado varias veces la condición de reconocer un carácter político para sentarse en una mesa de diálogo. Sin embargo, desde varios sectores han rechazado esa premisa y ahora también la idea de un trato especial bajo el marco del proyecto de sometimiento presentado por Montealegre.
Frente al tema de considerarlos un grupo político o no, el delegado del gobierno en ese espacio, Álvaro Jiménez, señaló en entrevista con Colombia+20 que ese debería ser el punto menos importante del debate.
“Creo que la discusión sobre si las organizaciones (armadas) son políticas o no, hoy es irrelevante. En la mayoría de los fenómenos que observamos encontramos que independiente de la bandera que utilicen o del nombre que se pongan o de los supuestos elementos doctrinarios que reivindican, el eje fundamental de todas las violencias que hoy vive Colombia en los distintos departamentos del país es la economía ilegal, ese es el sustento fundamental de esas violencias”, explicó Jiménez.
El tratamiento penal diferenciado contempla, en primer lugar, penas alternativas privativas de libertad o con restricciones de la misma. “Para la aplicación de los procedimientos contemplados en esta ley se dará aplicación preferente de una justicia restaurativa que busque la restauración del daño causado y la reparación colectiva de las víctimas afectadas. La justicia restaurativa atiende prioritariamente las necesidades y la dignidad de las víctimas y se aplica con un enfoque que garantiza la justicia, la verdad y la no repetición de lo ocurrido”, dice el documento.
Sobre ese asunto, las críticas han continuado. En una reciente entrevista con este diario, el expresidente Juan Manuel Santos rechazó la propuesta del proyecto para aplicar justicia transicional a un grupo armado como el Clan del Golfo.
“No es que yo opine o lo vea viable o no, sino que la comunidad internacional no acepta que se aplique una justicia transicional como la que se aplicó, por ejemplo, con las FARC, a un grupo delincuencial como es el Clan del Golfo. Eso requiere un marco jurídico de sometimiento a la justicia, no de negociación, como si fuera un grupo político. Lo que muchos no han entendido es que el conflicto armado en Colombia -y así lo ve la comunidad internacional-, terminó con la negociación que se hizo con las FARC. Los grupos que quedaron son considerados grupos criminales, a los que no se les puede atribuir intención política, y por eso el régimen que se les aplica es un régimen de justicia final y sometimiento a la justicia”, dijo el exmandatario.
Jimenez, por su parte, prefiere no opinar sobre los pronunciamientos del expresidente Santos, sin embargo resaltó que es necesario mirar hacia adelante en la discusión.
“Para nadie es un secreto que los instrumentos judiciales que tenemos en el país tienen unas ventajas desarrolladas a partir de lo que fue el sistema de Justicia y Paz. Colombia ha avanzado en temas de justicia restaurativa, justicia transicional, pero las nuevas violencias que hoy estamos enfrentando como sociedad exigen que tengamos una observación detenida y encontremos mecanismos de solución, vías jurídicas que permitan incorporar a estas personas que están en los grupos armados en la vida de la sociedad pasando previamente por los elementos de justicia, verdad, reparación y no repetición”, dijo.
El proyecto de Montealegre también contempla la reducción de penas. Aquellos que sean considerados máximos responsables de crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos recibirán sanciones de entre 5 y 8 años de reclusión en espacios especialmente acondicionados para la construcción de paz y transformación territorial.
Ese punto precisamente fue criticado durante la presentación del proyecto al Consejo de Política Criminal, que si bien acogieron el documento por mayorías, tuvo algunos reparos por el monto de las penas. Al respecto, Jiménez señaló que no puede haber impunidad.
“Siempre hemos insistido en que hay que asumir las responsabilidades y tener un periodo de responsabilidad que tiene que ser pagado en los espacios que corresponden, de acuerdo con la ley que se establezca. No puede haber una transacción en donde la sociedad simplemente diga que quedan impunes esas responsabilidades. Eso se ha discutido, se ha conversado y creo que hay una conciencia en los grupos armados”, dijo.
Otro de los puntos que generaron polémica fue el poco tiempo para debatir y analizar el proyecto de Montealegre. El Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño criticó en una reciente entrevista la forma en cómo se presentó y se radicó el Congreso.
“Empezar desde acá no es bueno. Hay que comenzar desde lo mínimo y ver cómo se amplían los elementos que sean más incluyentes, como qué sucederá con los militares que hace ya rato pagan prisión y con otra gente que ya cumplió su pena y todavía no le dan su libertad. Pero a quién se deja o no en libertad tiene más que ver con la Rama Judicial”, dijo Patiño.
Y agregó: “Me parece que eso es un error. No presentar una cosa como esta a través de una comisión interparlamentaria y que cuente ya de entrada con un alto grado de aceptación política y social puede convertirse en una gran dificultad para adelantar un marco jurídico basado en este tipo de gabelas. Por supuesto, el proyecto generará una gran polémica del orden político y con organizaciones sociales, que podrían ver en esto una gran apertura hacia la impunidad”.
Para Jiménez también es importante haber alcanzado un mayor nivel de socialización. “Todos los jefes de las distintas delegaciones hemos tenido una coincidencia y es que se hace necesario que existan los mayores niveles de confluencia de sectores interpartidistas alrededor de una iniciativa que pretenda construir salidas a esta dinámica de orden jurídico. Lo expresamos en conversaciones internas. Era importante pensar en un concierto de voces de origen multipartidista para poder garantizar ese propósito de la paz. Hay que socializar cada vez más un debate alrededor de cualquier norma jurídica que tenga que ver con la paz. Nos parece que un proyecto de estos tiene que tener mucho debate, mucho consenso”, explicó.
Con esta radicación, el Gobierno busca que el Congreso tramite la iniciativa durante el último periodo de sesiones ordinarias, en medio de crecientes cuestionamientos sobre los resultados y el alcance de la política de Paz Total. Sin embargo, el reto será mayúsculo debido al clima preelectoral y por la fragmentación del Congreso.
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