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El proyecto de ley de paz total que radicó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el pasado 20 de julio podría lanzarle un salvavidas a los tres laboratorios de paz que instaló el presidente Gustavo Petro en Quibdó, Buenaventura y Medellín, pues el documento plantea la resolución de un gran pendiente en esos diálogos urbanos: la falta de un marco jurídico.
El texto que ha sido entre todo controvertido y ha recibido críticas desde diferentes sectores políticos plantea en esencia dos componentes importantes: una ruta judicial diferenciada para las bandas criminales y otra más para grupos armados como el Clan del Golfo.
Para el caso de las estructuras armadas criminales de alto impacto, que cobija a las doce bandas de Medellín que están sentadas en el espacio de diálogo en Itagüí, así como Shottas y Espartanos en Buenaventura, y Locos Yam, Mexicanos y RPS en Quibdó, busca principalmente el desmonte o desarticulación de las bandas a cambio de beneficios.
En estos tres tableros de diálogo por casi dos años desde su instalación los jefes de cada delegación han tratado de negociar el sometimiento de las estructuras, pero los procesos están estancados porque no existe un marco jurídico que trace la ruta hasta esa finalidad. Sin embargo, el proyecto de ley que radicó el ministro Montealegre contempla una salida a ese cuello de botella a través de una estrategia de desmantelamiento judicial negociado, apoyada en la figura de la colaboración eficaz y bajo estrictos controles penales.
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Si bien este proyecto ha sido criticado por sus planteamientos para la ejecución de penas y por los beneficios que otorgaría a los grupos criminales del país, los jefes de delegación del Gobierno en estas mesas de paz urbana han recibido con buenos ánimos el documento.
“Hoy no tenemos ninguna posibilidad de sometimiento colectivo de estructuras del crimen organizado de alto impacto. No tenemos un marco jurídico que lo permita. Es necesario que se defina la propuesta del señor ministro concertada con una votación mayoritaria en el Consejo de Política Criminal con un amplio reconocimiento. Eso nos deja muy contentos”, señaló la senadora Isabel Zuleta, también coordinadora del diálogo con bandas en Medellín.
A falta de un marco jurídico con miras al sometimiento, los delegados en esas mesas urbanas estaban adelantando los procesos bajo los beneficios que mínimamente ofrece la justicia ordinaria. Sin embargo, a la hora de la verdad, era una idea poco atractiva para que las bandas criminales aceptaran un sometimiento o desmantelamiento de sus estructuras.
En ese contexto, el proyecto del Ministerio de Justicia propone un mecanismo excepcional de sometimiento colectivo o individual en el que se podrá aplicar un marco jurídico con beneficios exclusivos para quienes estén en listados verificados y enviados a la autoridad judicial por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
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Para Fabio Cardozo, jefe de la delegación de Gobierno en la mesa con las bandas criminales de Buenaventura, el proyecto es de suma importancia, aunque se dé casi al final del gobierno Petro. “Esta iniciativa puede significar un desbloqueo de los procesos, aún cuando los procesos venían tramitándose y muchos de ellos se servían de la legislación ordinaria, pero en todo caso este proceso abre unas puertas que han estado cerradas justamente por la ausencia de un soporte normativo que le dé sustento y que facilite este proceso dialógico”, señaló.
A pesar de que no se había podido resolver ese punto crucial para el diálogo con los actores urbanos, procesos como el de Medellín y Valle de Aburrá han sido catalogados como exitosos debido a los acuerdos y compromisos que se han pactado en el espacio. Y esto no es un dato menor, pues los procesos urbanos podrían ser escenarios dispuestos para concretar un propósito de la paz total que es lograr el desarme de grupos criminales.
“Hoy hay un proceso maduro en relación con estructuras y hay procesos con posibilidades de sometimiento más que todo con el primer eje del proyecto que son los grupos armados políticos. Hay muchos avances por parte de las delegaciones”, explicó Zuleta.
En eso coincide Cardozo quien reconoce que este proyecto podría impulsar el cierre de varios procesos que se vienen adelantando, pero sobre todo resalta que quedaría como una hoja de ruta para los próximos gobiernos. “Este dispositivo legal que se acaba de radicar como proyecto de ley en el Congreso, sobre todo le servirá a los gobiernos posteriores que sucedan. Nosotros desde luego aprovecharemos hasta donde nos permita el tiempo y las fuerzas, pero seguramente serán otros esfuerzos quienes tendrán una herramienta de trabajo para atender los fenómenos en las ciudades y en el campo”, agregó.
El desmonte de las gobernanzas criminales
Uno de los ejes centrales del proyecto respecto a las bandas es la celebración de acuerdos de desmantelamiento que incluyen compromisos como información corroborada sobre la organización (estructura, integrantes, bienes, redes de apoyo y modus operandi), el cese inmediato de toda actividad criminal, un cronograma para el desmonte total de la estructura, la entrega de menores de edad reclutados y un plan de reparación colectiva que satisfaga los estándares internacionales de verdad, justicia y no repetición. Los jefes también estarán obligados a pedir perdón públicamente a las víctimas y entregar información sobre redes u organizaciones externas que puedan ser objeto de investigación penal.
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Ese desmantelamiento de la banda va directamente ligado a un tema mucho mayor que es el desmonte de las gobernanzas criminales que las estructuras han instalado en los territorios a través de prácticas que se han ido “sofisticando” como la extorsión en Medellín o incluso la cartelización de los productos de la canasta básica en Medellín.
En ese sentido, si bien Cardozo y Zuleta reconocen que no será un proceso sencillo debido a los intereses definidos de cada banda y el control territorial que ya tienen, es innegable que se trata de una oportunidad única para las bandas criminales que se quieran acoger.
“Tienen que tener claro que sentarse a dialogar con el Gobierno Nacional tiene que tener como horizonte el desmonte de las estructuras. Esta oportunidad se va a reflejar en garantías judiciales, reducción de las penas, reducción del castigo. En un proceso de inclusión que les puede permitir trasegar e iniciar una nueva vida en los contextos en los que siempre han querido estar”, dijo Cardozo.
En efecto, el proyecto plantea que, a cambio del desmonte de la estructura, los jueces van a estar facultados para reducir hasta un 60% de la pena impuesta, siempre que se cumplan criterios de colaboración sustancial, aporte de verdad, reparación a víctimas y aceptación de mecanismos abreviados del sistema penal. La libertad condicional será posible para quienes hayan cumplido al menos ocho años de pena efectiva o dos quintas partes de la condena, y solo si se verifica una contribución efectiva a los derechos de las víctimas.
Para los delegados en el proceso esto podría ser una propuesta atractiva para las bandas criminales, pues hasta ahora solo se tenía como opción el sometimiento a la justicia ordinaria.
“Hay un grupo de jefes criminales y voceros que estarían interesados y que tienen un ascenso jerárquico importante sobre las estructuras que funcionan en Buenaventura como Mapaya que está por fuera y estuvo dispuesto a regresar. También está Candelo, jefe importante de los Shottas, que ahora está en una cárcel de Valledupar. Esta es una mano tendida que les ofrece el Estado para que también puedan rehacer sus vidas. Esas personas que seguramente están dando vueltas en investigaciones judiciales tendrán la oportunidad de evitar dificultades mayores”, señaló Cardozo.
Por ahora, el proyecto de sometimiento no ha sido discutido por las delegaciones con las estructuras criminales que están en los espacios de diálogo. En el caso de Medellín, la delegación está trabajando en el diseño de una estrategia para lograr la socialización.
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