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Camina descalzo sobre piedra y tierra ardientes. No tiene prisa. A su alrededor hay al menos 30 hombres. Conversan en tres grupos y observan; siempre observan. No llevan uniforme, salvo unas botas pantaneras negras que algunos arrastran en el polvo. Tampoco hay fusiles a la vista. Pero en la zona de la Laguna de Chimbuza, en la costa pacífica de Nariño, nadie necesita verlas para saber quiénes son: guerrilleros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
El niño pasa al lado de ellos solo, sereno, y vuelve por el mismo camino. El calor de las cuatro de la tarde no parece rozarlo. La presencia de los armados tampoco.
Los hombres esperan a unos metros afuera de una construcción de fachada azul en esa zona del municipio de Roberto Payán. Allí, en una reunión a puerta cerrada, la delegación de su grupo armado, en cabeza de Wálter Mendoza —quien también es el jefe de la disidencia—, habla con los voceros del Gobierno de uno de los temas más sensibles en esa mesa de paz: la sustitución de 30.000 hectáreas de coca entre Nariño y Putumayo, que tiene mensaje de urgencia del mismo presidente Gustavo Petro.
Mendoza sale un momento del recinto. “Están en un receso”, dice alguien del Gobierno que también espera que la reunión termine. El jefe disidente camina hasta uno de los grupos y habla con sus hombres. Allí llega Andrés Allende, otro de los delegados del grupo armado en el tablero de negociación y quien es el jefe de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, una estructura que hace parte de la CNEB y tiene el dominio total de esa zona de Nariño. Al rato, ambos vuelven a entrar.
Unos 20 minutos después, la reunión termina y, con ella, la visita a Chimbuza para verificar la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos. No hay anuncios. No hay entrevistas de Mendoza. Dice que prefiere no hablar, que hay que esperar a que termine el séptimo ciclo, que ya se sabrá.
Lo que se conocería dos días después —el lunes de esta semana—, a través de un comunicado de la delegación del Gobierno, confirmó lo que en el territorio se anticipaba. Hay un desacuerdo de fondo sobre quién debe erradicar la coca en Nariño, cómo hacerlo y con qué recursos; una diferencia de posturas que llevó a que el séptimo ciclo de diálogos se frenara, por segunda vez, desde el resguardo de Inda Zabaleta.
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En el comunicado oficial, la delegación afirmó que —contrario a lo sucedido en la Laguna de Chimbuza y en Putumayo— hay estructuras de la CNEB “que hacen presencia en otras regiones de Nariño, no han asumido, ni asumieron durante la sesión, ningún compromiso encaminado a la erradicación de la coca”.
Tras conocerse la noticia de la nueva pausa, este diario habló con Armando Novoa, jefe de la delegación del Ejecutivo, sobre las fricciones en esa reunión en Chimbuza, pero además sobre la propuesta del papel que debe jugar —incluido el uso de recursos económicos— el grupo armado en la salida de las economías ilegales.
“Así como ellos siembran coca, que ellos mismos la arranquen. Así como ellos han contribuido a llenar de coca el país, que contribuyan a limpiar a esas regiones de coca. Para eso no le han pedido permiso a nadie. Ahora nosotros les pedimos que sabiendo que estamos en una situación compleja para el país, que contribuyan a que esos territorios se separen de las economías ilícitas”, dijo.
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Es la primera vez en el marco de una mesa de negociación que el Gobierno le pide al mismo grupo armado que financie la erradicación de la coca; una idea que rompe con la forma tradicional en la que el Estado ha liderado y financiado la transición hacia economías legales a través de acuerdos con las comunidades.
El Gobierno luego lo matizó. “La invitación que estamos haciendo es a que los integrantes de esas estructuras también puedan por su cuenta y riesgo organizar, por ejemplo, mingas comunitarias en algunos territorios para que con las comunidades contribuyan este propósito (de erradicación)”, dijo Novoa a Noticias Caracol.
La reacción de la estructura armada frente a la decisión de pausar la mesa y a esa propuesta no se hizo esperar. Colombia+20 conoció una carta que la CNEB envió al comisionado de paz, Otty Patiño, a la delegación del Gobierno y a los países garantes. El documento fija una posición de rechazo y habla de un giro inexplicado del Gobierno que implicaría asumir por cuenta del grupo la erradicación “de una cifra aún desconocida de hectáreas de matas de hoja de coca en los territorios” y cubrir su costo.
Desde hace meses se sabía que ese, el tema de la sustitución, sería uno de los más espinosos. A la descertificación que en septiembre pasado oficializó Estados Unidos contra Colombia en materia de lucha contra las drogas –algo que no se veías desde 1997–, se sumó el ultimátum que dio en febrero pasado el presidente Petro a Geovany Rojas —conocido como Araña y jefe de los Comandos de Frontera— para cumplir con la meta de erradicar los cultivos de coca en Putumayo; una condición para frenar su extradición.
Esa presión, que baja del Gobierno a la mesa, de la mesa a los grupos armados y de estos a las comunidades, es la que hoy se siente en territorios como Chimbuza.
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Lo que queda en evidencia con esta nueva pausa en el proceso de diálogo —uno de los más avanzados en las negociaciones de Petro— no es solo un desacuerdo entre delegaciones, sino la complejidad de negociar la paz en territorios donde muchas veces el abandono estatal convirtió a los cultivos de coca en la única forma de sustento, y donde las comunidades siguen atrapadas entre la guerra y los intentos de la paz total —ya desgastada— por acabarla.
Ese reto se extiende a otras mesas como la de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente y la de Comuneros del Sur, grupos con los que también hay acuerdos sobre erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito.
El trayecto hacia Chimbuza
Hasta la Laguna de Chimbuza no hay carreteras desde Tumaco. Hay que tomar una lancha y navegar cerca de hora y media por el Pacífico.
La embarcación que nos lleva hasta esa zona sale sobre las 8:40 de la mañana. Van al menos 40 personas, mal contadas. Entre ellas, técnicos de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), representantes de los países garantes, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Defensoría del Pueblo y periodistas. La MAPP/OEA va en su propia lancha.
A medida que el bote avanza, el mar se levanta en ráfagas de agua que golpean el casco e intentan colarse dentro, pero solo unas cuantas gotas logran el objetivo de vez en cuando. El sonido de las olas cuando se topan de frente con la lancha compite con el ruido áspero del motor, aunque no lo tapan del todo.
Más adelante, el azul del mar empieza a cerrarse. El agua, como un espejo, se tiñe del verde de la selva y se vuelve más quieta. Como si los esteros la hubieran estado ocultando, aparece Chahá, la primera población que vemos en el recorrido tras salir de Tumaco.
Un par de minutos más tarde, llegamos al caserío de Las Mercedes, a las orillas del Río Chaguí. Son las 10 de la mañana. El recorrido no termina ahí. Hay que dejar la lancha y tomar carretera hacia Roberto Payán. Son unos 20 minutos más de tierra y polvo.
Chimbuza recibe a los visitantes con la banda de paz de niños. Están vestidos de un blanco que bajo el resplandor del sol y en contraste con la tierra café rojiza se hace más blanco, más intenso, más notorio. Dos niñas sostienen banderas —las mismas que están repartidas por todo el territorio— con la leyenda “Sin límites por la paz”.
Parados frente a la “Fonda Guadalupe”, representantes de la sociedad civil y de las delegaciones en la mesa de paz toman la palabra. A su turno, con micrófono en mano, Novoa da la bienvenida a quienes acompañan la visita. También afirma que el primer paso para no defraudar a quienes acompañan el esfuerzo de la mesa de paz es que las dos delegaciones ratifiquen su compromiso con el proceso y que tomen medidas que demuestren que “la paz total no ha fracasado”.
El recorrido continúa por la calle principal –y casi la única– del caserío. Los pobladores miran a todo lo que rompe la rutina de un sábado cualquiera; a los pequeños músicos, y a los visitantes que llegan, con cámaras, micrófonos y drones, intentando entender algo de lo que aquí es costumbre.
Una mujer se asoma por la ventana. “¿Eso es lo del Gobierno?”, pregunta. Un hombre dice: “Eso es”. Y nadie amplía la respuesta.
El primer tramo de la caminata termina con un desayuno. Después de una pausa, los visitantes nos dirigimos hacia uno de los proyectos de sustitución más insignes de esa mesa de negociación: “La Panela de la Paz”.
Es solo una de las iniciativas con las que en Chimbuza —según indica a este diario Gloria Arias, delegada del Ejecutivo en la mesa— se espera la sustitución de unas 4 mil hectáreas, para las que hay “unas 3.500 familias inscritas para la sustitución”.
En el camino para conocer el proyecto, se ven hectáreas de caña de azúcar donde antes había pura coca. Un cartel en el que se lee “Haciendo panela hacemos paz” también anuncia que hemos llegado.
El trapiche huele antes de verse. Adentro, el aire es espeso. Nubes de vapor se levantan furiosas hasta que el viento que entra a las instalaciones las dispersa. Mientras tanto, hombres remueven con palas largas la melaza en canoas metálicas —manchadas por caramelo seco—, en un movimiento constante que no parece ceder al calor. Todo se siente húmedo, denso, pegajoso.
“Llevarse una tonelada de panela es difícil”
Juan Manuel, uno de los responsables de la panela, araña en su memoria para encontrar el recuerdo de la primera vez que sembró coca, pero no lo encuentra con precisión. Dice que lo hizo desde pequeño, que eso es una cultura en ese territorio, que la están intentando cambiar. Pero que es difícil. Muy difícil.
“Uno siempre mira cómo cambiar. Pero hay que mirar por qué la gente cultiva la coca. Porque no es lo mismo usted llevarse 1 kg, 2 kg, 3 kg para el pueblo de coca. Pero ya usted llevarse la panela es difícil y acá que no hay vías de acceso o no hay inversión del Estado”, cuenta mientras con un pedazo de tela que cuelga sobre sus hombros se seca las gotas del sudor espeso e inevitable.
El proyecto arrancó antes de que existiera la mesa. No pensaban en nada grande, pero con el tema de la sustitución que plantea la mesa vieron que era más viable que la gente sustituyera la coca por caña. “Mucha gente se ha inscrito para la sustitución, pero las ayudas todavía no han llegado. Algunos han recibido dinero como para iniciar, pero muy poco todavía”, dice con la mirada anclada en lo que hacen sus compañeros.
Con 300 hectáreas de caña sembradas y otras 400 disponibles, la preocupación por la financiación y la comercialización persiste, incluso cuando el programa de la Dirección de Sustitución llamado RenHacemos —que llegó en reemplazo del PNIS— se comprometió a apoyar con recursos a las comunidades en el proceso de sustitución voluntaria.
Según la DSCI, RenHacemos ha apoyado a las comunidades de Chimbuza con bienes complementarios como el mejoramiento de tramos viales, establecimiento de centros de acopio, y la vinculación de los campesinos a cooperativas para mejorar la comercialización. Sin embargo, la entidad no niega los desafíos estructurales de los territorios que derivan del abandono estatal, “por lo que cualquier esfuerzo presupuestal siempre resultará exigente frente a la magnitud de las transformaciones requeridas”, añadieron desde la DSCI.
Mientras Juan Manuel regresa a sus labores, la delegada Gloria Arias observa el que, quizá, es el proyecto de transformación territorial más avanzado en el marco de la mesa con la disidencia de Walter Mendoza. El vapor del trapiche le empaña el rostro. Mira en silencio, como si contrastara lo que ve con lo que se ha discutido durante meses en la mesa de diálogo. Dice que aquí se materializa lo que antes solo se había mencionado en los ciclos.
“Lo que estamos viendo es cómo ellos, por su propia iniciativa y a raíz del trabajo realizado en la mesa de diálogo con la paz, están sustituyendo hectáreas de coca por caña de azúcar y elaborando esta panela, que es la panela de la paz. Entonces, estamos viendo aquí que esto es verdad, esto no es un cuento. Son los campesinos que están queriendo dejar los cultivos ilícitos para pasarse a la vida lícita, para reincorporarse en la vida civil”, expresa la negociadora.
Sobre la comercialización, la delegada Arias señala que el reto ahora es garantizar la compra y circulación del producto, en un trabajo conjunto entre el sector público y el privado. “Es comenzar por el sector público y vincular al privado para que en todos los comercios, esta panela tenga una entrada, porque si usted comprando está panela no solamente compra un producto de excelente calidad, sino que está contribuyendo a la paz”, dice.
Allende lo repite. Parado frente a los micrófonos de un par de periodistas, con el ceño fruncido que lo caracteriza, es enfático: “Se nos va a subir la glucosa de comer dulce aquí porque realmente a quién se le vende. Lo que pedimos es tanto al Gobierno Nacional como a los países garantes, que nos ayuden a que el producto sea comercializado y llegue lo más lejos que pueda”.
El pedido de la disidencia a la Dirección de Sustitución
Mientras recorremos en Chimbuza otro de los proyectos productivos desde la parte trasera de una camioneta de estacas, uno de los miembros del grupo —gorra con una cruz bordada, botas negras, camiseta gris, una bandolera cruzada al pecho— nos hace una parada en un terreno de coca removida; tierra abierta que todavía no parece ser nada.
Dice que la Dirección de Sustitución no les ha dado un peso. Que todo lo que vemos “son proyectos empoderados por la misma comunidad y la Coordinadora como muestra de voluntad, de que sí se puede. Hasta el momento no ha habido ningún tipo de inversión por parte del Programa de Sustitución”.
El guerrillero señala enseguida que al fondo hay sembrado plátano y yuca, y que la otra parte de esas hectáreas es de coco. “Primero lo que necesitamos es que los de la Dirección de Sustitución digan ‘Vamos a invertir en esto’, para ahí sí decir, vamos a sustituir 50 o 100 hectáreas de puro coco. La comunidad sola, la Coordinadora sola no puede empezar un proyecto sin asistencia del gobierno. Uno no dice que vengan a verter miles de millones, pero al menos que por ahora venga un agrónomo y le haga un estudio a la tierra a ver qué tipo de cosas se pueden sembrar”, añade el disidente.
Es una queja que coincide con uno de los puntos de la misiva que el grupo armado envió al Gobierno tras la pausa de ciclo. Para los actores armados, la erradicación de los cultivos es una responsabilidad que corresponde al Estado, a través del Programa RenHacemos.
Para el Ejecutivo no se trata de una cuestión de plata. En el comunicado, la delegación también aseguró que no es cierto que ese programa —liderado por la DSCI— “no cuente con los recursos necesarios para avanzar en los compromisos adquiridos con la comunidad”.
De hecho, la Dirección de Sustitución respondió a este diario que está priorizando la sustitución y, aunque no dio la cifra puntual sobre cuánto se ha dispuesto para Nariño en materia de sustitición, sí indicó que para todo el país “se ha contado con 1.8 billones de pesos, recursos que permiten que las más de 35.000 hectáreas vinculadas al programa a nivel nacional avancen en su tránsito hacia economías lícitas”. Las cifras entregadas por la Dirección evidencian un desbalance en cuanto a las hectáreas en tránsito hacia economías lícitas en los dos territorios donde opera la CNEB. Mientras en Putumayo son 13.427 hectáreas, en Nariño apenas son 8.672 hectáreas.
A lo largo de la jornada, en cada recorrido por los proyectos productivos, la respuesta es siempre la misma: nadie sabe cómo se va a resolver el problema de la financiación. Es una dificultad que el mismo gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, reconoce durante la visita.
“Ha habido dificultades que se han presentado, pero hemos ido resolviendo. Aquí lo importante es que hay una decisión del Gobierno Nacional de apoyar la sustitución de 5.000 hectáreas. La complejidad que tenemos es que los tiempos del Gobierno ya están casi llegando al límite”, afirma Colombia+20.
¿Y si no siguen los diálogos de paz?
Una mujer se para al frente de su casa de madera y abre una botella de gaseosa, mientras las delegaciones siguen discutiendo. La bebe a sorbos cortos, como si no quisiera que se acabara. Para entonces, el pueblo parece detenido. Entre un sorbo y otro, asegura que últimamente han vivido días tranquilos, sin el estruendo de los disparos. Pero que hay temor. Que empezó una carrera contra el reloj y que, si el siguiente Gobierno no continúa los diálogos, la guerra podría volver a estallar.
Es el mismo miedo contenido del que habla Juan Manuel. “Toca pensar que el gobierno aquí está ya si termina. Entonces, es la preocupación más grande que si el gobierno que llega vaya a seguir con el proceso o lo vaya a terminar”.
Las cifras del gobernador Escobar explican parte de esa calma. Dice que hoy hay “16 asesinatos por cada 100 mil habitantes”, una de las tasas más bajas del país, y que eso responde al espacio que han abierto los acuerdos de paz para avanzar en la sustitución.
Allende insiste en que, sin importar quién llegue al poder, la Coordinadora mantendrá su postura. Señala que para que haya guerra se necesitan dos actores y que ellos no están pensando en enfrentar a los militares. “Si llega alguien a querer acabarnos, pero realmente sería algo a la mansalva porque nosotros no estamos pensando en enfrentar las fuerzas militares”. Lo dice convencido. Pero en la guerra nada se sabe.
Cuando las delegaciones terminan la reunión, no queda mucho tiempo más en el territorio. Hay que salir antes de que caiga el sol. Volvemos a tomar la carretera de Roberto Payán.
Una vez en la lancha, parecemos menos. Tal vez porque por el temor de que el mar bravo de Nariño sacuda la embarcación, la mayoría de pasajeros se hace en la parte de atrás.
En la Laguna de Chimbuza se quedan en casa Juan Manuel y todas las familias inscritas en la sustitución, sin tener certezas sobre qué pasará con los cultivos ni con la mesa, ni con la tranquilidad del territorio.
* Con invitación de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
