¿Quiénes dieron la orden?

Pese a que existe un Acuerdo de Paz con peso constitucional en el que el Estado debe responder por su posición de garante y por el incumplimiento en sus obligaciones de respeto a los derechos humanos y el DIH, estamos ante un capítulo más de una larga tradición de incumplimientos, sumado a un dramático recrudecimiento de la violencia y a un negacionismo estatal que busca encubrir responsabilidades para perpetuar la impunidad estructural.

Los ejemplos de ese negacionismo son varios. Solo por nombrar dos: los nuevos rumbos del CNMH, y la relativización y negación de realidades ya comprobadas, como las ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas de la violencia estatal, en cambio, llevan años apostándole de manera decidida a la construcción de paz. Han puesto por encima de cualquier interés individual ese bien supremo. Al mismo tiempo, creen que no habrá paz sin que se esclarezca la verdad sobre lo sucedido. Por eso es vital saber cómo se constituyó la violencia estatal; qué motivaciones llevaron a los procesos de eliminación y exterminio de las víctimas, y los procesos sociales y organizativos a los que pertenecían; quiénes dieron las órdenes (actores políticos, funcionarios, militares, terceros, sectores empresariales) y por qué; qué beneficios individuales y colectivos emergieron de esas violencias; y cómo y quiénes han contribuido a mantener la violencia en la impunidad.

Enfrentar el negacionismo desde el Estado mismo supone entonces poner en el centro las voces de las víctimas y respetar su dignidad; sancionar cualquier tipo de revictimización; establecer las condiciones para que se esclarezca la verdad integral que implica el acceso a archivos clasificados y el cumplimiento de las condiciones del SIVJRNR por parte de los agentes del Estado en su aporte a la verdad integral. Para que la verdad sume a la no repetición, son urgentes reformas a la fuerza pública, el desmonte del ESMAD, políticas públicas que contribuyan a las transformaciones profundas del aparato estatal, la superación de la impunidad y el cese de las violaciones de derechos humanos de la fuerza pública contra la población civil tal como está ocurriendo en medio de las movilizaciones actuales.

Luego del enorme esfuerzo que implicó la firma del Acuerdo de Paz, el negacionismo no contribuye a construir una paz transformadora. Al contrario, profundiza heridas, agrede la voluntad de las víctimas reavivando dolores, instala una narrativa que distorsiona lo que ha ocurrido y fractura por anticipado la construcción de un futuro en el que el Estado sea garante y no violador de derechos. Cuando una violencia que ha producido tanto dolor y desconfianza sigue siendo respaldada por sectores del Estado y el gobierno nacional, es imposible avanzar hacia una coexistencia democrática. Dado que el aparato estatal ha perdido legitimidad, un buen número de ciudadanos exige verdad y cambios estructurales. No hacer esto restringe el derecho de las víctimas a la verdad, y el de la ciudadanía a disfrutar de una sociedad que éticamente se afiance en la No Violencia y el Nunca Más.

*Gómez Correal pertenece al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, que forma parte de la Mesa por la Verdad, una alianza entre organizaciones nacionales y regionales creada durante los diálogos de La Habana para dinamizar y poner en la agenda temas de verdad, memoria y la no repetición.

**Este texto es producto de una alianza con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Pese a que existe un Acuerdo de Paz con peso constitucional en el que el Estado debe responder por su posición de garante y por el incumplimiento en sus obligaciones de respeto a los derechos humanos y el DIH, estamos ante un capítulo más de una larga tradición de incumplimientos, sumado a un dramático recrudecimiento de la violencia y a un negacionismo estatal que busca encubrir responsabilidades para perpetuar la impunidad estructural.

Los ejemplos de ese negacionismo son varios. Solo por nombrar dos: los nuevos rumbos del CNMH, y la relativización y negación de realidades ya comprobadas, como las ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas de la violencia estatal, en cambio, llevan años apostándole de manera decidida a la construcción de paz. Han puesto por encima de cualquier interés individual ese bien supremo. Al mismo tiempo, creen que no habrá paz sin que se esclarezca la verdad sobre lo sucedido. Por eso es vital saber cómo se constituyó la violencia estatal; qué motivaciones llevaron a los procesos de eliminación y exterminio de las víctimas, y los procesos sociales y organizativos a los que pertenecían; quiénes dieron las órdenes (actores políticos, funcionarios, militares, terceros, sectores empresariales) y por qué; qué beneficios individuales y colectivos emergieron de esas violencias; y cómo y quiénes han contribuido a mantener la violencia en la impunidad.

Enfrentar el negacionismo desde el Estado mismo supone entonces poner en el centro las voces de las víctimas y respetar su dignidad; sancionar cualquier tipo de revictimización; establecer las condiciones para que se esclarezca la verdad integral que implica el acceso a archivos clasificados y el cumplimiento de las condiciones del SIVJRNR por parte de los agentes del Estado en su aporte a la verdad integral. Para que la verdad sume a la no repetición, son urgentes reformas a la fuerza pública, el desmonte del ESMAD, políticas públicas que contribuyan a las transformaciones profundas del aparato estatal, la superación de la impunidad y el cese de las violaciones de derechos humanos de la fuerza pública contra la población civil tal como está ocurriendo en medio de las movilizaciones actuales.

Luego del enorme esfuerzo que implicó la firma del Acuerdo de Paz, el negacionismo no contribuye a construir una paz transformadora. Al contrario, profundiza heridas, agrede la voluntad de las víctimas reavivando dolores, instala una narrativa que distorsiona lo que ha ocurrido y fractura por anticipado la construcción de un futuro en el que el Estado sea garante y no violador de derechos. Cuando una violencia que ha producido tanto dolor y desconfianza sigue siendo respaldada por sectores del Estado y el gobierno nacional, es imposible avanzar hacia una coexistencia democrática. Dado que el aparato estatal ha perdido legitimidad, un buen número de ciudadanos exige verdad y cambios estructurales. No hacer esto restringe el derecho de las víctimas a la verdad, y el de la ciudadanía a disfrutar de una sociedad que éticamente se afiance en la No Violencia y el Nunca Más.

*Gómez Correal pertenece al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, que forma parte de la Mesa por la Verdad, una alianza entre organizaciones nacionales y regionales creada durante los diálogos de La Habana para dinamizar y poner en la agenda temas de verdad, memoria y la no repetición.

**Este texto es producto de una alianza con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.