24 Aug 2020 - 9:31 p. m.

San Luis, el pueblo que se juntó para salvar vidas en la guerra

En la década de los 90, en medio del conflicto entre guerrillas y paramilitares, sus habitantes crearon un consejo de conciliación para pedirle a los actores que no atentaran contra la población civil. “Un DIH a la criolla”, lo llaman. Su ejercicio de resistencia fue entregado a la Comisión de la Verdad.

Nelson Duque no puede sacarse de la cabeza que un joven fue asesinado por la guerrilla del Eln en el municipio de San Luis (Antioquia), bajo el argumento de que era un jíbaro. Los guerrilleros dejaron tirado su cuerpo ensangrentado en la mitad del pueblo y encima de su pecho le pegaron una lista de 32 nombres de otros muchachos que terminarían igual por consumir o vender drogas.

Era la década de los 90 cuando las guerrillas del Eln y Farc, los paramilitares y la décimo cuarta brigada del Ejército libraban una pelea incansable por tener el control del oriente antioqueño. Mientras los grupos subversivos estaban en la cordillera, los paramilitares se asentaron en el valle del Magdalena Medio. A diario, los sanluisanos, que estaban en la mitad entre unos y otros, tenían que lidiar injustamente con sus arbitrariedades. Asesinatos, desplazamientos, amenazas, combates y tomas se repetían como bucle infinito de dolor.

A la violencia, como suele suceder, se le sumó el hambre. En 1995, el frente del Eln Carlos Alirio Buitrago voló 23 torres que llevaban energía desde Guatapé hasta Río Claro, un hecho que desencadenó en el cierre de la fábrica de cementos Río Claro, hoy conocida como Argos. La guerrilla rumoraba que había una alianza entre la cementera y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, lo que incrementó las amenazas contra sus funcionarios. San Luis, aparte de ser un territorio campesino, dependía económicamente del funcionamiento de esta empresa que, para 1996, empleaba a 300 habitantes del pueblo.

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Como un alto a la crisis humanitaria y económica, un grupo de 30 personas del municipio, la mayoría campesinos de la región, decidió crear en 1996 el Consejo de Conciliación de San Luis. Su trabajo era dialogar con los grupos armados para que no involucraran a la población civil en su enfrentamiento. Para Nelson Duque, el consejo fue una experiencia, un movimiento ciudadano que ayudó a disminuir los coletazos de la guerra: “Hoy no existe y nunca existió como forma jurídica, pero estuvo activo hasta el 2005”.

Pedro Chica, quien en ese momento hacía parte del Consejo y era el personero municipal, lo denomina como "un organismo que hacía respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) a la criolla". Y es que su trabajo era parecido a la labor de la Cruz Roja: tocaba las puertas de los actores armados, legales e ilegales, para pedir que se respetaran las reglas internacionales sobre el conflicto y mediar en casos de amenazas, secuestros o desplazamientos.

El gran reto, según Chica, era cómo usar este escenario de conversación, entendiendo que el otro estaba armado: “Lo importante era salvar vidas y por eso siempre íbamos con el mensaje de que se aplicaran los principios de distinción y de protección. Les aclarábamos que no podían involucrarse a la población civil en la guerra y que en el despliegue de las acciones armados se apartara a la gente. Y esto se lo hacían saber funcionarios, pero también campesinos, amas de casa, maestros de la escuela, en fin, todos los miembros de la sociedad civil”.

El primer actor que se abordó, por su enérgica acción dentro de la guerra, fue al gobernador de Antioquia, en ese entonces el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se citó a una reunión a la que asistieron la cúpula militar y la Policía del departamento. Los habitantes de San Luis les explicaron que sólo estaban allí para poner en conocimiento que, dada la imposibilidad de la Fuerza Pública de proteger a la ciudadanía en ese territorio, ellos decidieron acercarse a los grupos armados a través del diálogo.

"Nos tocaba ir porque no podíamos desconocer que la Gobernación era la primera autoridad de seguridad. Pero sólo les dijimos que estábamos informando la creación del Consejo, porque no era nada ilegal. Aunque la decisión tomó por sorpresa al gobernador, él reconoció que no estábamos actuando contra la ley ni contra la institución, así que se dio por notificado", cuenta Chica.

De allí salieron a buscar a los comandantes del Eln. Para acercarse a los guerrilleros tardaron dos semanas. "Les dijimos que eran responsables del temor, la zozobra y la parálisis económica que podrían afectar a 2.000 personas", recuerda Chica. Luego cruzaron hacia el valle y dialogaron con las autodefensas, lideradas por Ramón Isaza.

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Para el entonces personero, el Consejo funcionó por la claridad de sus acciones. A cada uno de los grupos se les informó cada paso que se dio y eso incluían las conversaciones con los otros actores armados: "Al Eln le contamos que hablamos con la Gobernación y que después nos íbamos a acercar a las autodefensas. Lo mismo sucedió con las autodefensas. Les llevábamos hasta actas firmadas para que nos creyeran. Eso permitió que existiese confianza".

La última parada fue la empresa Río Claro. Nelson Duque explica que este proceso fue complejo, pero necesario: “Eso fue una medio locura entablar comunicaciones con todos, pero es que estábamos muy angustiados porque se iba a cerrar la fábrica y eso hubiera sido una crisis económica. Una tarde hablamos todos: líderes, campesinos, organizaciones, funcionarios de Río Claro, Estado y solucionamos. No queríamos que esto quedara en manos del Ejército, porque este no ha solucionado el conflicto en la historia”.

La tensión parecía irreparable. El Eln decía que la fábrica financiaba la guerra al entregarle dinero a los grupos paramilitares. La compañía respondía que eran calumnias. “En un momento planteamos que eso se acabara, en caso de que estuviese ocurriendo y le pedimos a la fábrica que invirtiera en el territorio. Ahí se crea como primer acuerdo la Fundación Río Claro, que hasta hoy sigue existiendo”.

El Consejo funcionó durante 10 años. Así como dialogaron cuando se quiso cerrar la empresa, también entablaron negociaciones con la guerrilla después de leer la lista de los jóvenes que serían asesinados por su supuesto consumo de drogas. Primero llamaron a los muchachos y les propusieron dialogar con Eln. Después se contactaron con quienes lideraban el frente Carlos Alirio Buitrago, les pidieron que escucharan las versiones de los amenazados y que se les respetara la vida. Duque asegura que "con este ejercicio se estableció un diálogo y se logró que el Eln no los matara. Y los jóvenes, además, se comprometieron en asuntos sociales en el municipio".

En 2001, el Consejo también evitó el asesinato de los alcaldes del oriente antioqueño. El Eln amenazó a los mandatarios y declaró, según Duque, a las alcaldías como objetivos militares por supuestos vínculos con los grupos paramilitares. En ese momento se plantea una tregua humanitaria de seis meses y la guerrilla decide no atacarlos.

Los miembros del Consejo creen que sin el acompañamiento de la Iglesia en el oriente antioqueño no hubiera sido posible el acercamiento con los guerrilleros y los paramilitares. Los párrocos eran figuras respetadas y fueron grandes mediadores en los momentos de crisis. También los organismos internacionales humanitarios, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que jamás los abandonó.

Hubo momentos en los que al Consejo se les salía de las manos intervenir. En 1999, hubo una toma guerrillera que acabó con San Luis. Varios frentes de las Farc se tomaron el casco urbano, asesinaron a ocho miembros de la Policía y dos civiles, entre ellos, el personero Mauricio León. También secuestraron a otros cinco uniformados. La gente, durante esa década, poco se asomaba a su río, uno de los puntos más biodiversos de Antioquia. San Luis es conocido como sus piscinas naturales y cascadas que se unen en el río Dormilón. Dicen los sanluisanos que una vez salían de su casa no podían responder si volverían.

“El Consejo nunca tuvo el objetivo de acabar con la guerra, no podía. Pero sí era una manera de generar espacios de convivencia en medio del conflicto armado. Y humanizar una guerra que estaba acabando con los civiles, que no tenían nada que ver con ella”, agrega Nelson Duque.

San Luis, un municipio de apenas 403 kilómetros cuadrados, vivió 12 masacres, 420 asesinatos selectivos, 256 desaparecidos y 284 secuestros, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Como consecuencia de los ataques, la gente se desplazó masivamente. De acuerdo con la alcaldía, en 1999, antes del recrudecimiento de la violencia, había cerca de 16.000 habitantes; en 2005, este municipio contaba con 11.000; ahora hay 12.900, indicó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Una experiencia replicable

El Consejo de Conciliación y Desarrollo Social hizo todo lo que pudo para salvaguardar a quienes no tenían relación con la guerra. Aunque, para Duque, esta experiencia también sirvió para humanizar a los guerreros. Antes los veían como monstruos, pero después de tanto dialogar comprendieron que son personas con historias de dolor, pobreza y rabia. Aclara que no está justificando sus actos de barbarie, sin embargo, insiste en que las tensiones y las crisis pueden resolverse cuando la población humaniza a los guerreros y estos, a su vez, entienden el impacto de sus acciones bélicas en la gente.

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Por estos argumentos, Conciudadanía y el Grupo de Estudios en desarrollo local y gestión territorial de la Facultad de Ciencias Sociales del Colegio Mayor decidieron reunir las voces protagonistas de esta experiencia y crear el informe Un pueblo que se juntó para salvar vidas en la guerra: Consejo de Conciliación y Desarrollo Social de San Luis, Antioquia, que se entregó a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Gloria Amparo Alzáte, directora de Conciudadanía, considera que si bien los documentos sobre las victimizaciones son cruciales para entender los grandes porqués de la guerra, también es necesario volcar la mirada hacia los ejercicios de resistencia: “Nuestro foco desde el comienzo era buscar una experiencia desde la resistencia porque si bien hubo mucho dolor, también destacamos la fuerza de quienes sobrevivieron. Cuando nos preguntamos por ejemplos de este tipo, pensamos inmediatamente en San Luis. Recuerdo que en esa época quienes estábamos en el oriente antioqueño veíamos a sus miembros como héroes. Nos preguntábamos cómo hacían para encontrarse y ponerse de acuerdo para detener, a través de la palabra, tanto conflicto”.

Alzáte no está tan segura de que hoy este ejercicio pueda funcionar de la misma manera en las zonas de conflicto, pues los contextos, los actores y sus intereses han cambiado. Pero destaca que la acción de la juntanza para el bienestar es un aprendizaje que se debe adquirir y promover en los territorios. De hecho, así sucedió tiempo después en Antioquia. Gracias al Consejo de San Luis se creó la Asamblea Provincial de Paz, un hito que ayudó a la pacificación del oriente de este departamento.

"No es lo mismo hablar con una guerrilla, que en ese momento tenía unas ideas políticas, a una banda criminal cuyo interés es la producción y comercialización de la coca. Lo que destacamos es que la gente pueda tener propuestas colectivas y, desde ahí, dialogar con otros intereses en el territorio, porque no sólo hay problemas con los grupos armados ilegales. En las regiones hay intereses económicos y políticos que vienen con propuestas fuertes que generan conflictividad y por esto es tan importante resaltar la labor del Consejo", explica la directora.

Pedro Chica agrega que, en un escenario donde el horizonte es la reconciliación y el interés principal es la implementación de los acuerdos de paz, “estas experiencias que fueron capaces de mostrar resultados en términos de humanización, son necesarias en estos momentos”. Los protectorados humanitarios, como llama a este tipo de movimientos cívicos, serían de buen uso en la actual oleada de violencia: “Mirar el retrovisor estos ejercicios de resistencia en el posconflicto es muy útil. En las zonas del Cauca, Chocó o Antioquia, donde es marcada la violencia por los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos, podrían encontrar en el Consejo de Conciliación una salida posible”.

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